Óscar Rodríguez. 16 mayo
El fondo de pensiones del Pode Judicial cuenta con 13.348 trabajadores y 4.103 jubilados que cotizan en el régimen. En la imagen, empleados judiciales en una concentración durante el proceso de discusión de reformas al sistema de retiro. Foto Adrián Soto.
El fondo de pensiones del Pode Judicial cuenta con 13.348 trabajadores y 4.103 jubilados que cotizan en el régimen. En la imagen, empleados judiciales en una concentración durante el proceso de discusión de reformas al sistema de retiro. Foto Adrián Soto.

El Poder Judicial iniciará un riguroso proceso de ajuste en su régimen de jubilaciones para adaptarse a las reglas de Supén sobre el manejo de riesgo de las inversiones.

El Consejo Superior, administrador del fondo de retiro, acordó el “alineamiento” a las reglas sobre el manejo del riesgo dictadas por la Superintendencia de Pensiones (Supén) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif)

La decisión significará una modificación en la estrategia de cómo invierte la institución el dinero de las pensiones de sus funcionarios.

El principal cambio que debe adoptarse es la diversificación de las inversiones, pues hay una alta concentración en instrumentos emitidos por el sector público, según consta en el acta Nº. 26-2019, del pasado 21 de marzo, del Consejo Superior.

Hasta abril anterior, el 91,3% de los recursos administrados estaban en instrumentos emitidos por el sector público, según datos de la institución. El límite dictado por Conassif es del 80%.

La Supén confirmó que el Poder Judicial tiene un plazo de 24 meses para cumplir con los topes a las inversiones.

Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, recalcó que esperan cumplir con el tope de inversiones en el sector público a finales de este año; pero aún no han entregado un cronograma de trabajo a Supén.

Romero explicó que con los títulos de inversión regulados solo por la norma del Conassif, el exceso sobre el límite es menor.

Pero hay otros instrumentos negociados directamente que elevan el porcentaje de concentración, tal como lo señaló el Departamento Financiero Contable de la Corte, en el oficio 0112-FC-2019.

“Existe un exceso en instrumentos de ventanilla física, que la nueva normativa no contempla, por lo que se espera sean negociados bilateralmente con sus emisores antes de su vencimiento, en el 2030”, manifestó Romero.

Inversiones del Poder Judicial

FUENTE: PODER JUDICIAL    

La decisión de modificar la estructura de las inversiones del régimen de jubilaciones se tomó luego de que la Dirección Jurídica del Poder Judicial concluyera que están obligados a cumplir con las reglas dictadas por las entidades supervisoras del sistema financiero.

“Para esta unidad asesora es evidente que la Ley 9544 (reforma a pensiones de la Corte) eliminó de manera tácita la competencia de la Corte para aprobar políticas de inversión del respectivo fondo”, se enfatiza en el informe DJ-480-2019, del 15 de febrero pasado.

El portafolio de inversiones de la reserva del régimen de jubilaciones reportó un saldo de ¢535.616 millones hasta abril pasado.

Este sistema de pensiones se creó en junio de 1939. Actualmente cuenta con 13.348 trabajadores activos que cotizan y 4.103 jubilados.

Cambios en estructura

Nelly Vargas, superintendenta de Pensiones a. í., explicó que el Poder Judicial cuenta con un plazo de dos años para cumplir con los límites de inversión establecidos en el Reglamento de Gestión de Activos. Dicha norma comenzó a regir en noviembre del año pasado.

“El Poder Judicial gestionó ante el Conassif una prórroga para la aplicación del Reglamento (...) para efectos de cumplir con dicha normativa han estado valorando un plan de alineamiento de la cartera”, expresó Vargas.

La funcionaria detalló que la propuesta de ajuste en las inversiones del régimen aún no está en firme, por lo tanto la Superintendencia no la conoce.

El Departamento Financiero Contable de la Corte advirtió al Consejo Superior que cumplir con las reglas de supervisión implicarán “un posible detrimento en los niveles de rendimiento” de las inversiones de la institución.

“Se reduce la gama de opciones de inversión por los límites considerados en la citada normativa (principalmente en concentración por sector), al restringir la adquisición de nuevos instrumentos vinculados al sector público en general”, se detalla en dicho informe.

Romero enfatizó que al estar obligados a diversificar deben acudir a emisores del sector financiero cuyo volumen de captación es menor.

“Existe un importante riesgo de colocación, en especial en momentos en los cuales el mercado financiero presenta estancamiento en sus niveles de crecimiento, provocando que los recursos no puedan ser invertidos con la prontitud deseada”, dijo la funcionaria.

El informe del Departamento Financiero señaló que el cambio en la estructura de las inversiones podría implicar importantes pérdidas al someterlas a valoración a precios de mercado.

Sobre las posibilidades de diversificación, Vargas destacó que la Corte está sujeta, ahora, a los parámetros de política de inversiones dictadas en la Ley de Protección al Trabajador y la normativa del Conassif.

“Esto implica que podría realizar inversiones en el extranjero”, destacó la funcionaria.

La Directora Ejecutiva del Poder Judicial confirmó que trabajan en una propuesta para comenzar a invertir fuera del país.

“La opción de invertir en mercados internacionales pasa a ser una necesidad conforme el crecimiento de la reserva del Fondo. En los próximos años dicha salida se considera una prioridad”, recalcó Romero.

Hasta abril pasado, el 44,8% de las inversiones de la reserva del fondo de jubilaciones estaba en instrumentos cuyos vencimiento era a un plazo de cinco años, el 21,3% se encontraba a 360 días y el 20,7%, en instrumentos a un plazo de siete años.