La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de inconsistencias en el registro del endeudamiento del sector público costarricense.
En una auditoría especial, con datos al cierre del 31 de diciembre del 2018, se encontró que el Ministerio de Hacienda no tiene incorporados ¢440.603 millones de deuda, entre los que destacan fideicomisos de tres instituciones públicas (cuentan con respaldo estatal) y con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), correspondientes a los aportes estatales al seguro de salud y el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
“Las cifras de las estadísticas de endeudamiento al 31 de diciembre de 2018, no incorporan la totalidad del endeudamiento interno y externo o bien, la información presenta inconsistencias que afectan la confiabilidad de los datos”, concluyó la CGR, en su informe difundido este martes 24 de setiembre.
El ente contralor le ordenó a Hacienda efectuar el adecuado registro del endeudamiento del Gobierno e instituciones públicas, tanto interno como externo, para lo cual deberá entregar informes de cumplimiento en junio del 2020 y del 2021.
También deberá crear los procedimientos para recopilar, registrar y validar la información de la deuda pública correcta.
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Julissa Sáenz, gerenta del Área de Administración Financiera de la CGR, explicó que es necesaria una gestión confiable de los pasivos públicos.
“En la auditoría se determinó incertidumbre sobre la razonabilidad del saldo del endeudamiento público con diferencias determinadas del 1,27% del PIB (producto interno bruto)”, resaltó Sáenz.
Sobre los canjes de deuda, añadió que se deben reflejar presupuestariamente las amortizaciones de títulos en el momento de hacerse el canje, dado el incremento de esta figura.
El sector público, excluye a las entidades financieras, terminó el año pasado con un endeudamiento de ¢21,8 billones. De dicho monto, ¢18,8 billones corresponden al Gobierno Central y ¢3 billones a empresas públicas.
Alerta especial
Asimismo, el informe de la Contraloría alertó de la “incertidumbre" que hay con la deuda por ¢965.790 millones del Poder Ejecutivo con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Fodesaf efectuó, en julio del 2018, el cobro por contribuciones estatales no efectuadas, entre 1986 y el 2012, de la recaudación del impuesto sobre las ventas.
Sin embargo, Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, respondió, en el oficio DM-1902-2018, de agosto del año pasado, que se cumple con el traslado de recursos desde la reforma al Fondo en el 2009.
"En cuanto a los eventuales montos que en su opinión debieron girarse al Fodesaf en ejercicios presupuestarios anteriores, es preciso aclarar que en virtud de que tales sumas corresponden a ejercicios económicos ya fenecidos, no es posible desde un punto de vista jurídico presupuestario proceder con lo requerido", argumentó Aguilar en su misiva.
En este caso, la Contraloría le ordenó a la Aguilar efectuar una conciliación con Fodesaf del registro del monto adeudado por contribución estatal.
En agosto del próximo año, Hacienda deberá informar sobre la acción efectuada e incorporarlo en los estados financieros del Gobierno.
