Un grupo de 38 acreedores, de un total de 112, presentaron una propuesta alternativa para evitar la quiebra de Casa Blanca.

El plan B de los inversionistas privados establece que sus $8 millones se capitalicen y, de esa manera, obtener acciones de Land Business, según la iniciativa entregada al Juzgado Concursal, el pasado 15 de abril, y de la cual tiene copia La Nación.

La medida implicaría que se reduzca el pasivo de la empresa. Pero, si más acreedores se unen a la iniciativa, podrían obtener la mayoría de las acciones y tomar el control de la compañía.

Por esa razón, plantearon a las entidades financieras locales transformar los créditos dados a la compañía en acciones.

“Si los bancos y financieras nacionales también participan convirtiendo deuda en acciones, se reduce la carga financiera de la empresa, lo cual permite mejorar su rentabilidad”, se detalla en el documento en poder de este diario.

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Carlos Fernández, vocero de los inversionistas privados, destacó que el objetivo de ese grupo es que Casa Blanca siga adelante, evitar la quiebra y se honren todas las deudas.

Sí enfatizó que del plan se excluye a la banca estatal, que por ley no puede participar en este tipo de arreglos.

“Si logramos que dos terceras partes de la deuda actual con acreedores se capitalice, se consigue que $18 millones pasen de deuda a capital. Eso quiere decir que quedarían $14 millones de pasivos bancarios y con terceros”, recalcó Fernández.

Agregó que la empresa quedaría con una nueva asamblea de socios interesados en participar en el negocio, en vez de ser acreedores, y poder inyectar capital adicional.

“Por mi experiencia en banca, por lo ocurrido en la empresa, no vemos a los bancos colocando dinero en el tanto el socio actual (Eduardo Chavarría) tenga la mayoría; pero sí vemos a las entidades colocando plata con otra junta directiva”, resaltó el exgerente del Banco de Costa Rica.

Land Business presentó, en marzo del 2020, un plan de salvamento que implica capitalizar $4,2 millones de dinero adeudado a inversionistas privados, con lo cual obtendrían el 40% de las acciones de la empresa y, los actuales propietarios, mantendrían la mayoría del 60%.

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Además, planteó cancelar el resto de la deuda, es decir $45,7 millones en un plazo máximo de 15 años.

A las entidades financieras se les debe la mayoría de los recursos por $29,2 millones, a inversionistas privados $13,2 millones y a proveedores $7,5 millones.

La junta de acreedores, conformada por las 112 partes involucradas en el proceso concursal, es el órgano que deberá determinar cuál de los dos planes de salvamento aprueba para la empresa minoristas.

Casa Blanca acudió al Juzgado Concursal en enero del 2017, para afrontar un problema de liquidez y renegociar sus deudas financieras.

La génesis de las dificultades de la compañía ocurrió en el 2012, cuando se ideó una estrategia de fuerte crecimiento de tiendas y de ventas mediante el financiamiento a sus clientes.

Para lograr dicho objetivo, Land Business S. A., sociedad propietaria de Casa Blanca, estableció créditos de corto plazo (seis meses), conocidos también como revolutivos, con bancos estatales y privados, así como entidades financieras supervisadas.

Sin embargo, a sus clientes les otorgó financiamiento de mayor plazo, con lo cual la firma enfrentó un descalce.

Cuando se presentó el proceso judicial, el pasivo de la empresa ascendía a $61,5 millones, pero la compañía logró arreglos de pagos para reducirlo, previo a la apertura del proceso concursal.

La firma opera 38 tiendas y tienen una planilla de 292 trabajadores.

Propuesta inviable

La Nación solicitó una posición a Casa Blanca sobre la contrapropuesta entregada por el grupo de acreedores. Pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Sin embargo, Eduardo Chavarría, presidente de Land Business, y su abogado, Francisco Luis Vargas, rechazaron por escrito la iniciativa, según un documento presentado el pasado 11 de mayo.

En dicho oficio, en poder de este diario, se afirma que algunas de las propuestas hechas por el grupo minoritario de inversionistas son ilegales y otras imposibles. Por ejemplo, se señala la participación de la banca estatal en el arreglo planteado.

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“La empresa ha asumido en su patrimonio el golpe de las pérdidas por reestructuración y el embate de la pandemia de la covid-19 y decir que no tiene valor, para luego asumir que las acreencias (...) puedan tomarse a valor facial, no solo es desproporcionado e irreal, sino también carecen del principio de buena fe”, se destaca el documento entregado por el propietario actual al Juzgado Concursal.

Adicionalmente, se menciona que los proveedores no apoyan el plan alternativo, y lo mejor es mantener la actual relación comercial intacta.

“De acuerdo con conversaciones sostenidas con los proveedores actuales, no es de buen recibo la propuesta de convertirse en accionistas, ya que para ellos representa un conflicto de interés participar societariamente en la empresa”, se afirma en el documento firmado por Chavarría.

Investigación financiera

Por otra parte, los acreedores que presentaron el plan alternativo solicitaron al Juzgado Concursal una auditoría financiera contable, realizada por una auditor externo, para conocer de forma clara el estado de Land Business.

Dicho grupo pidió una revisión de salarios, bonificaciones y pago de dietas a los miembros de la administración y la Junta Directiva.

Así como el valor contable otorgado a la marca Casa Blanca, las estimaciones de todas las cuentas por cobrar a clientes y el valor real de una finca, ubicada en Guanacaste, dada como garantía.

Según la contrapropuesta de los acreedores, el 42% de la cartera de crédito de Casa Blanca, es decir ¢3.423 millones, tiene un atraso en el pago de más de 360 días y la estimación es de ¢1.894 millones.

El presidente de Land Business rechazó, en el oficio presentado en el vía judicial, que pueda existir un mal manejo y uso inadecuado de los recursos de la empresa.

Además, aseguró que la compañía tiene 11 años continuos de someter sus estados financieros a la auditoría externa realizada por la firma Deloitte.