La expresidenta ejecutiva del INS, Mónica Araya Esquivel, denunció que a inicios del 2024, estando ella en el cargo, sufrió amenazas y presiones del entonces mandatario, Rodrigo Chaves Robles, para contratar a un consorcio donde figuraba la empresa brasileña que recientemente obtuvo un contrato a dedo para venderle ambulancias al Cuerpo de Bomberos y que desde hace dos años le suministra al Ministerio de Justicia tobilleras electrónicas para sentenciados.
Chaves pretendía, según relató Araya a la Fiscalía, que el Instituto Nacional de Seguros (INS) adjudicara la licitación del marchamo digital, por $7,3 millones, al consorcio E- PASS, integrado por las tres siguientes compañías:
—SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A., de origen brasileño.
—Sistema Integrados de Control S. A., constituida en Argentina.
—Star Systems International Limited, constituida en Hong Kong.
La primera de esas empresas también aparece en el consorcio al que el Cuerpo de Bomberos le adjudicó a dedo una compra de 40 ambulancias básicas por $13,8 millones (casi ¢6.500 millones), a pesar de que nunca ha vendido ese tipo de equipos a instituciones de Costa Rica.
Y es la misma firma que en otro consorcio, conformado con Radiográfica Costarricense (Racsa) y otra empresa brasileña, le acaba de hacer un reclamo de $1,3 millones al Ministerio de Justicia y Paz por un contrato de tobilleras electrónicas para reos.
Adjudica o entrega el puesto
Según declaró Araya a la Fiscalía, la amenaza del entonces mandatario fue clara: adjudica el contrato o entrega el puesto.
Al final, ella y el resto de miembros de la Junta Directiva del INS declararon desierto el concurso. No le adjudicaron el contrato a nadie y se tuvo que sacar una nueva licitación para el marchamo digital.
Eso ocurrió el 8 de mayo del 2024 y, horas después de que se tomó la decisión, Chaves destituyó a Mónica Araya. Antes, ella había presentado la renuncia, pero el entonces presidente no se la aceptó.
La exjerarca, quien presidió el INS entre mayo del 2022 y mayo del 2024, denunció las amenazas y presiones para adjudicar dicho contrato en dos momentos.
Primero lo hizo a principios del 2025 ante la Fiscalía General de la República, donde brindó una declaración sobre varias presiones, supuestamente indebidas, que recibió de parte de Chaves. Después, lo hizo ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, en diciembre de ese año.
Ante los congresistas, Araya relató que la licitación para adquirir 1,9 millones de stickers y los servicios para la implementación del marchamo digital fue adjudicada originalmente al Consorcio PC Central Neology, por $5,53 millones. Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) anuló esta decisión tras analizar una apelación, justo del consorcio E-Pass.
De acuerdo con el relato de la exjerarca, Rodrigo Chaves entonces pretendía que se le adjudicara el contrato a la segunda oferta, la del consorcio E-Pass. Incluso, ella salió diciendo públicamente que así se iba a hacer y que en una semana el tema iba a estar resuelto.
Alerta a lo interno del INS
No obstante, la expresidenta del INS aseguró que para ese momento el Instituto no había hecho los estudios de cumplimiento y, cuando estos se hicieron, las alertas se encendieron y surgió una recomendación de no adjudicar.
En la comparecencia legislativa, Mónica Araya dijo que no podía dar más detalles sobre lo encontrado. Alegó que el caso estaba en investigación en el Ministerio Público.
También dijo que el argumento público fue que se detectó un precio $1,8 millones mayor en comparación con la oferta del consorcio que había quedado en el primer lugar pero que fue descartada tras la resolución de la Contraloría.
Pese a esas advertencias y a la sugerencia de declarar desierta la licitación, Mónica Araya sostuvo que Chaves insistió en readjudicar a ese consorcio.
“La recomendación (del presidente) es que se adjudicara a la segunda empresa, ante lo cual mi respuesta, en su momento, fue que sí, que se adjudicaría. Necesitaba ganar tiempo. Yo sabía que ya iba para afuera, iba a poner mi renuncia, pero antes iba a dejar ese contrato sin adjudicar”, declaró Araya el 11 de diciembre del 2025.
Ese día, también contó que el representante legal de la firma brasileña SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A., Igor de Oliveira, le envió un correo electrónico solicitándole una reunión para hablar sobre el contrato.
“Sí tuvimos presiones. Yo tengo el documento, porque obviamente mi abogado me dice que si no tengo el documento no puedo decir nada. Pero hubo presiones del mismo representante legal de la empresa, escribiéndome a mi correo personal, que quería reunirse conmigo para hablar del caso”, expresó Araya.
Declaración en la Fiscalía
Ante el Ministerio Público, dio más detalles. En esa instancia, contó que la Oficialía de Cumplimiento alertó sobre supuestos casos de corrupción de la empresa en otros países de Suramérica.
Narró, además, que un abogado del consorcio llamó a varios directivos del INS para presionarlos a fin de que adjudicaran el contrato.
Araya brindó esas declaraciones a la Fiscalía General a principios del 2025, cuando compareció en calidad de testigo en una pesquisa por un presunto delito de peculado, relacionado con otro pedido que le hizo Rodrigo Chaves.
Según su relato, Chaves le solicitó que el INS le concediera una garantía de cumplimiento a la empresa mexicana Tradeco —que arrastra cuestionamientos y sanciones en su país— para que pudiera asumir la ampliación de un tramo de 48 kilómetros (km) de la Interamericana Norte (ruta 1), entre Barranca de Puntarenas y Limonal de Abangares.
La Nación buscó a Mónica Araya para ampliar los detalles de ambas declaraciones. Sin embargo, manifestó que no se podía referir porque el caso ya está judicializado y que ya dijo lo que públicamente podía decir.
Este diario también envió consultas a Rodrigo Chaves mediante el departamento de Comunicación de Casa Presidencial, sin que se obtuviera una respuesta a la hora de publicar este artículo.
De igual forma, se intentó obtener una versión del encargado de la empresa brasileña, Igor de Oliveira, quien mediante su periodista respondió: “Ese tema ya se escapa de mis manos. Todo el tiempo que he estado ahí nunca he escuchado ese tema y no es el perfil de Igor exponerse así de esa forma. Cuando regrese de Brasil le preguntamos”.
Controvertida contratación en Bomberos
SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A. junto con otra firma brasileña, Bem Estar, obtuvo el 28 de setiembre anterior el millonario contrato en Bomberos, sin necesidad de participar en un concurso. Ganó el contrato como único invitado.
Bajo el argumento de que se trataba de una contratación de urgencia instruida por la presidenta de la República, Laura Fernández, Bomberos aplicó un procedimiento especial de contratación que dejó fuera a empresas costarricenses que sí tienen experiencia en esa área y que, en un estudio de mercado, cobraban hasta $2,3 millones menos (¢1.058 millones).
La institución adscrita al INS solo invitó al consorcio brasileño, pese a que este aparecía con la propuesta más costosa en el estudio técnico de solo cinco páginas elaborado por la propia entidad.
Colaboró con esta información la periodista Arianna Villalobos.