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Un consorcio integrado por Racsa y dos empresas brasileñas, que brinda el servicio de tobilleras electrónicas con las que se monitorea a cientos de sentenciados en Costa Rica, reclamó al Ministerio de Justicia un pago de más de $1,3 millones por lo que considera un desequilibrio económico en el contrato y por la pérdida de dispositivos.
El grupo solicitó modificar las condiciones del contrato que dio inicio en noviembre del 2024, así como elevar el costo de la tarifa por cada artefacto activado en hasta un 72,2%.
Así consta en un oficio firmado por Igor Oliveira Roquim, representante del Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica, y enviado a Franklin Arguedas Chaves, director de la Unidad de Monitoreo Electrónico de Justicia y Paz, el 23 de diciembre del 2025.
El grupo lo integran Radiográfica Costarricense (Racsa) y las compañías brasileñas Servicios de Gestión en Seguridad Vial SA (SGSV) y Synergye.
Por un lado, el consorcio solicitó a Justicia $1.040.865 por ingresos que dejó de percibir entre noviembre del 2024 y octubre del 2025 debido a una supuesta menor demanda de dispositivos de la que estaba prevista. Además, exigió más de $270.000 por la pérdida de dispositivos.
Las empresas alegan que, en el contrato inicial y con base en datos estadísticos de años anteriores, Justicia estimó que el consorcio debía encargarse de proveer y mantener 1.900 dispositivos diarios, y que calculó sus costos de operación y rentabilidad tomando como referencia esa proyección.
Según el grupo, el Ministerio no requirió la cantidad de dispositivos proyectada, sino que, en promedio, solamente necesitó 1.427 por día, un 25% menos.
Los contratistas sostienen que la proyección se originó de “un dato erróneo brindado por el Ministerio respecto a una previsión de consumo”, y eso los habría inducido a error.
Añadieron que, entre noviembre del 2024 y octubre del 2025, facturaron $3,3 millones, a pesar de que estimaban $4,3 millones, además de que la utilidad proyectada del 24,5% se redujo a menos del 1%, lo que les impide cubrir los costos y cumplir con los estándares de mantenimiento, soporte y reinversión tecnológica.
De mantenerse esta situación, advirtió Oliveira en diciembre, la sostenibilidad económica del servicio y la ejecución futura del contrato se comprometerían. La adjudicación vence en noviembre del 2028.
Ante consultas de este diario, el departamento de prensa de Racsa manifestó que toda la información relacionada con el caso está disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y que cualquier requerimiento adicional debía tramitarse a través de la empresa SGSV.
La Nación envió una serie de preguntas al representante legal de SGSV, Igor Oliveira Roquim. Su encargado de comunicación respondió, a nombre de la empresa, que el reclamo continúa en trámite, sin respuesta.
También confirmó que abrieron espacios de comunicación y seguimiento para resolver de acuerdo con las condiciones del contrato y de la ley vigente, pero hasta ahora no se ha alcanzado ningún acuerdo.
Ministerio de Justicia: proyecciones eran referenciales
El Ministerio de Justicia informó de que celebró una audiencia junto al consorcio el 29 de junio, en la que requirió información financiera adicional a la firma.
A juicio del ministerio, la documentación aportada hasta ahora es insuficiente para acreditar un desequilibrio económico, además de que el contrato no garantizó un ingreso mínimo ni un consumo fijo.
La institución sostiene que las proyecciones eran referenciales y no comprometían al Ministerio a solicitar una cantidad determinada de servicios.
“La procedencia de un eventual restablecimiento del equilibrio económico requiere un análisis específico y no se deriva automáticamente de esas proyecciones”, alegó Justicia.
Agregó que no se ha planteado prescindir de los servicios del consorcio y que, al concluir la vigencia del contrato en el 2028, corresponde abrir un nuevo concurso para la contratación del servicio de monitoreo electrónico.
Cobro por pérdida de dispositivos
El consorcio sostiene que, además de una demanda menor a la esperada, la pérdida de dispositivos y accesorios también causa un “impacto económico”.
Por este motivo, pidió a Justicia el pago de $270.363 por el extravío o daño de 1.252 unidades entre noviembre del 2024 y setiembre del 2025. El monto contempla el costo de cada uno de los aparatos perdidos.
Entre los equipos dañados se encontraban cargadores, baterías, beacons y 46 smart tags; estos últimos son los dispositivos centrales para el funcionamiento del sistema.
Solicitud de aumento de tarifas y de plazo de contrato
Además de los pagos, el consorcio solicitó una modificación del contrato y aumentar la tarifa que hasta ahora cobra por cada dispositivo, que es de $7,20. Para ello, planteó dos alternativas: un incremento del 32,2% o uno del 72,2% por cada artefacto.
La primera propuesta extendería la ejecución del contrato por 58 meses e implicaría que la tarifa diaria por equipo se eleve a $9,52.
La segunda opción contempla una ejecución contractual de 34 meses y elevaría la tarifa a $12,40.
Objeciones técnicas en el Ministerio de Justicia
El conglomerado alegó que, además de que nunca se alcanzó la demanda esperada, la cantidad de equipos requeridos cayó tras la reforma al artículo 57 bis del Código Penal, vigente desde el 29 de agosto del 2025, que habría reducido los casos en que se aplica el monitoreo electrónico.
Según sostuvo, este habría sido otro de los factores que llevó a un desequilibrio económico en el contrato y, conforme a la Ley General de la Administración Pública, puede corregirse cuando las circunstancias no se pueden atribuir al contratista o responden a causas de fuerza mayor.
Los técnicos del Ministerio de Justicia no están de acuerdo
El 6 de enero del 2026, Franklin Arguedas Chaves, director de la Unidad de Monitoreo Electrónico, trasladó el requerimiento al director general de Adaptación Social, Alexander Bolaños Córdoba, al considerar que excedía la capacidad de análisis de esa unidad.
Tres días después, remitió otro escrito a Bolaños en el que expuso las razones por las cuales, en su criterio, la petición del consorcio debía rechazarse.
El funcionario señaló que una modificación contractual solo se puede autorizar cuando media el interés público, no altere la naturaleza del contrato ni implique una ventaja indebida para el contratista. En este caso, consideró que el aumento solicitado no respondía a una necesidad pública, sino a la rentabilidad del proveedor.
Como respaldo, Arguedas citó el voto N.° 998-98 de la Sala Constitucional, según el cual el principio de equilibrio económico del contrato no garantiza la obtención de utilidades ni protege las expectativas de ganancias del contratista.
Asimismo, hizo referencia al voto N.° 1540-F-S-2013 de la Sala Primera, que señaló que la utilidad esperada no es indemnizable cuando su pérdida deriva de riesgos normales del negocio.
Sobre el extravío o daño de dispositivos, Arguedas consideró que constituía un riesgo contractual del adjudicatario y rechazó ad portas las pretensiones del consorcio.
No resulta viable
El 19 de febrero del 2026, el director de Adaptación Social concluyó que el reajuste de precios busca compensar variaciones económicas externas, como la inflación y mantener el valor real del contrato, pero no garantiza la rentabilidad del contratista ni compensa utilidades que no se obtuvieron por una demanda menor a la proyectada.
Bolaños consideró que la disminución en el uso de los equipos se debe a una menor demanda y no a un factor que pueda llevar al reajuste de precios. El funcionario agregó que el mecanismo de pago propuesto por el consorcio tampoco resultaba viable desde el punto de vista presupuestario.
La firma, no obstante, insistió en su reclamo y el 3 de marzo de este año Oliveira manifestó que las dependencias del Ministerio de Justicia analizaron el caso como un reajuste tarifario y no como una modificación del contrato.
El representante pidió revocar y declarar nulos los actos administrativos mediante los cuales se rechazó el reclamo y solicitó una audiencia para exponer sus alegatos, la cual ya fue atendida. Asimismo, insistió en que se procediera con la modificación para restablecer el equilibrio económico.
Dicho reclamo todavía no ha sido resuelto.
