EscucharTres de las cuatro superintendencias financieras de Costa Rica expusieron los siete pecados capitales del proyecto de ley del gobierno que daría poderes ilimitados al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para regular bancos, operadoras de pensiones, aseguradoras y sociedades administradoras de fondos de inversión.
Tomás Soley, jerarca de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y de la Superintendencia General de Seguros (Sugese), enumeró los yerros de la iniciativa ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso.
1. Falta de independencia
Soley recalcó que el proyecto convertiría al MEIC en una entidad supervisora, pese a formar parte del Poder Ejecutivo.
2. Conflictos de interés
El MEIC regularía entidades financieras, aunque el Poder Ejecutivo es propietario de algunas que están en competencia y el jerarca de Economía puede participar en la designación de las juntas directivas, subrayó el superintendente.
3. Sanciones desproporcionadas
La propuesta legal permite al Ministerio de Economía suspender la actividad a una entidad financiera y ordenar el cierre de sus operaciones.
4. Entrega de datos confidenciales al Poder Ejecutivo
Tomás Soley advirtió que el plan da acceso al gobierno al Centro de Información Crediticia (CIC) administrado por la Sugef.
5. Pago de nuevo canon
Se incurriría en mayores costos de regulación y supervisión, pues se impone una tarifa de supervisión del 1% del patrimonio de cada entidad en favor del MEIC.
6. Duplicidad en funciones y conflicto de competencias
Soley recalcó que el proyecto de ley no toca las legislaciones actuales, con lo cual deja en un limbo las competencias de las superintendencias que ya regulan a las entidades financieras.
7. Responsabilidad solidaria
Según el proyecto, los miembros de juntas directivas y gerencias serían responsables del daño sufrido por un consumidor al obtener un servicio financiero, aunque el daño fuese provocado sin dolo o culpa, sino por razones de mercado.
A Soley le acompañaron Hermes Alvarado, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén); y Reyner Brenes, intendente de Valores.
Hazel Valverde, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), no compareció ante los diputados.
En octubre del 2024, el Poder Ejecutivo presentó la iniciativa Ley de Servicios o Productos Financieros suscrito por Rodrigo Chaves, presidente de la República, y el entonces ministro del MEIC, Francisco Gamboa.
Gamboa es el actual secretario general del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) y aspirante a la primera vicepresidencia de esta agrupación política
Amenazas detectadas
Durante la comparecencia, los supervisores alertaron de que la iniciativa supondrá un desmantelamiento del sistema de supervisión financiera de Costa Rica, creado desde 1995, debido al involucramiento del Poder Ejecutivo.
Además, dijeron que provocaría un debilitamiento en la seguridad jurídica de los proveedores de servicios financieros y brindaría excesivos poderes de supervisión y discrecionalidad al MEIC.
“La propuesta legislativa escoge el camino más complicado, confuso, costoso e ineficiente para ello, a la vez que constituye una solapada derogación tácita de competencias legales esenciales“, recalcó Soley.
La diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, dijo que el proyecto da acceso al MEIC a la base de deudores de entidades financieras. “¿Qué tan explícita fue la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en que el MEIC debe acceder a esa información?“, consultó la diputada.
El intendente de Sugeval explicó que el organismo internacional establece una protección de los datos personales y confidenciales.
“En el proyecto, existe el acceso de información muy delicada de los deudores. La iniciativa establece que la Sugef debe dar acceso al Centro de Información Crediticia, al MEIC”, afirmó Brenes.
El funcionario añadió que el texto sustitutivo es incluso más delicado porque establece que todas las bases de datos de consumidores deben suministrar los datos al Ministerio, según lo ordene la entidad gubernamental.
Por su parte, la liberacionista Dinorah Barquero subrayó que la iniciativa permite al gobierno regular la actividad de sus empresas financieras y las del sector privado.
“Podría prestarse para tratar de colapsar a una empresa o ser muy tolerantes con otras”, dijo Barquero.
El intendente de Sugeval añadió que al jerarca del MEIC se le permitiría primero nombrar; y luego supervisar y hasta sancionar a las juntas directivas nombradas.
