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La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) “lamentó profundamente” la decisión de renuncia a la gremial hecha efectiva por el Banco Nacional (BN), Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular (BP), por la opinión favorable que hizo la organización sobre el proyecto de ley sobre estafas informáticas contra clientes bancarios.
“Estas instituciones han representado históricamente una parte sustantiva de Sistema Bancario Nacional y han sido actores clave en la construcción de posiciones técnicas conjuntas orientadas a resguardar la estabilidad financiera del país y la confianza en el sistema bancario costarricense”, indicó la ABC por medio de un comunicado de prensa.
La gremial señaló que las inquietudes son compartidas con los bancos públicos. “Resulta vital seguir dando la lucha juntos en representación del gremio”, indicó la ABC.
El proyecto de ley sobre estafas informáticas contra clientes bancarios fue aprobado en primer debate por la Comisión Plena III del Congreso el pasado miércoles 25 de febrero.
Este jueves, inicialmente la ABC consideró que la iniciativa constituye un paso relevante hacia un marco normativo más equilibrado en Costa Rica. Posteriormente, la gremial bancaria aseguró que el proyecto de ley está lejos de solucionar el crimen organizado alrededor de estos delitos.
Por medio de un comunicado conjunto, con fecha del 26 de febrero, los tres bancos públicos señalan que la decisión de la renuncia responde a un “quiebre de confianza” generado por las declaraciones públicas emitidas por la vocería de la ABC en relación con el proyecto de ley.
En la carta de renuncia remitida este jueves a la gremial, los gerentes generales de los tres bancos públicos criticaron de manera conjunta el proyecto de ley.
La ABC se constituyó en diciembre de 1983, y está integrada por el Banco BCT, Banco Improsa, Banco BAC San José, Banco Promerica, Scotiabank de Costa Rica, Banco Davivienda (Costa Rica), Banco CMB (Costa Rica), Banco Lafise y Banco Cathay de Costa Rica.
Rechazo a la iniciativa
La ABC aclaró en el comunicado que mantiene una posición de rechazo al proyecto de ley y considera que el texto, que se tramita bajo el expediente 23.908, es desbalanceado, genera inseguridad jurídica y no responde al combate estructural del crimen organizado detrás de las estafas electrónicas.
La asociación bancaria reiteró la necesidad de crear un marco legal para enfrentar este fenómeno delictivo, que afecta tanto a las personas usuarias como a las entidades financieras, ambas víctimas de las estructuras de crimen organizado.
“Cualquier legislación debe construirse sobre bases técnicas sólidas, garantizar un equilibrio adecuado de responsabilidades y concentrar sus esfuerzos en perseguir y sancionar a los verdaderos responsables del delito”, planteó la ABC.
La gremial aseguró que continuará participando activamente en el debate técnico legislativo, en vista que el país requiere una regulación bien estructurada, basada en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, que proteja efectivamente a las personas, preserve la confianza en el sistema financiero y permita enfrentar con mayor contundencia las redes de fraude.
