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La empresa Ríos Tropicales convocó a una jornada de puertas abiertas en las primeras semanas de diciembre, para mostrar sus equipos y protocolos de seguridad y operación. Y también para hacer un llamado a las autoridades por más fiscalización en materia de operativos y de precios.
El accidente en el que fallecieron cinco personas –cuatro turistas y un guía– el 20 de octubre en río Naranjo, Quepos, revolvió las aguas del rafting nacional. En conversaciones con La Nación, sus promotores defendieron este deporte como una actividad históricamente segura y señalaron que los efectos económicos de la tragedia se conocerán al final de la temporada alta.
Johana Argüello, de la Asociación de Operadores de Aventura (AOA), explicó que hasta la fecha no existen datos confirmados de cancelaciones o afectaciones directas.
“Hay que tomar en cuenta que el accidente fue durante la temporada baja y en una época del año en que la zona ya estaba siendo afectada por lluvias intensas y por las consecuencias de los bloqueos en carretera, por motivo de las huelgas, así que es muy difícil precisar un dato específico de afectación por el accidente en el Río Naranjo u otros factores. En este momento se inicia la temporada alta (diciembre a abril) y hasta que concluya, podríamos eventualmente ver reflejada la afectación de las empresas operadoras de rafting”, aseguró Arguello.
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Rafael Gallo, propietario de Ríos Tropicales y representante de Costa Rica ante la Federación Internacional de Rafting (IRF por sus siglas en inglés) comentó que los controles están divididos entre dos instituciones: el Ministerio de Salud, encargado de permisos, fiscalización y cierre de empresas que incumplan las normas, y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que brinda certificaciones. Pero las empresas sugieren una organización diferente.
“Nosotros consideramos necesario que el Ministerio de Economía regule los precios en el sector para que no existan promociones desleales. En el caso de Salud y el ICT, la empresa privada está apoyando que se logren tener inspectores bien capacitados para que puedan hacer de la mejor forma su trabajo, con la supervisión de la AOA. También, deseamos que a través del Instituto Nacional de Seguros, INS, se revisen los equipos de cada compañía”, afirmó Gallo.
Alberto López, gerente general del ICT reveló que están trabajando en proyectos paralelos para resolver las deficiencias en la supervisión actual, a cargo del Ministerio de Salud.
“Estamos claros que el Ministerio de Salud no tiene la capacidad técnica, ni humana para esta fiscalización”, puntualizó López.
La Nación envió consultas al Ministerio de Salud sobre este tema, pero el vocero de la institución se limitó a responder sobre los requisitos para operar tours de rafting.
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Aunque la legislación existente es clara en materia de requisitos, equipos y capacitación de operadores, el accidente de Quepos dejó en evidencia que algunas empresas incumplen, por ejemplo, en materia de inscripción y certificación de guías.
El Ministerio de Salud extiende permisos de funcionamiento específicos para rafting y el ICT certifica a los operadores de aventura, pero los consumidores carecen de una lista o guía que facilite la identificación de las empresas que sí cumplen todos los requisitos.
La AOA recomienda hacer la consulta directa a cada empresa y pedirle que muestre: el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, las pólizas de responsabilidad civil y una certificación o en caso contrario, la copia de las licencias vigentes de la Federación Internacional de Rafting que todos los guías deben de tener.
