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Las autoridades comerciales de Estados Unidos consideran que los procesos de licitación pública en los que participan empresas estatales en Costa Rica constituyen una barrera en las relaciones económicas bilaterales.
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) identificó ocho barreras comerciales, entre ellas la contratación pública, en el Informe de Estimación del Comercio Nacional sobre Barreras al Comercio Exterior 2026 (NTE, por sus siglas en inglés), publicado el pasado 31 de marzo.
En el documento, la USTR señala que empresas estadounidenses han indicado que, en ocasiones, el sector privado se encuentra en desventaja en las licitaciones públicas cuando compite con empresas estatales costarricenses, tanto en el sector de seguros como en el de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Además, menciona que la Ley de Contratación Pública permite la adjudicación no competitiva de contratos a entidades públicas, siempre que se certifique que esta opción constituye un uso eficiente de los fondos públicos.
El NTE indica que Costa Rica tiene obligaciones vinculantes en materia de contratación pública bajo el DR-Cafta y que solicitó su adhesión al Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en setiembre del 2023.
De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República (CGR), durante el 2025 las adjudicaciones otorgadas a la empresa Radiográfica Costarricense (Racsa) sumaron ¢85,2 millones; el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) totalizó ¢2.596,4 millones; y el Instituto Nacional de Seguros (INS), ¢1.851,8 millones.
Mario Hidalgo, socio líder de Impuestos de Grant Thornton, señaló que este tema cobró relevancia, especialmente a partir del informe de la USTR que identifica las licitaciones públicas como una de las “barreras” que afectan a las empresas estadounidenses en el país.
“En materia de contratación, el Ejecutivo ha subrayado que la Ley General de Contratación Pública buscó unificar los regímenes y mejorar la transparencia, la eficiencia y el alineamiento con las buenas prácticas de la OCDE”, apuntó.
Asimismo, el país mantiene un diálogo con Estados Unidos para atender las preocupaciones, sin renunciar a la potestad de priorizar el interés público y la eficiencia del gasto, explicó el especialista.
Hidalgo añadió que, en la discusión interna, se ha planteado la posibilidad de realizar una revisión del uso del artículo 2 de la ley, referente a la contratación interinstitucional.
Esto permitiría equilibrar la colaboración entre entidades públicas −cuando realmente sea más eficiente− y evitar que se utilice de forma expansiva como un mecanismo para excluir al sector privado de procesos donde sí existiría competencia efectiva, consideró.
Por otro lado, explicó que Costa Rica no forma parte del ACP de la OMC, pero es observadora del Comité de Contratación Pública de la OMC desde junio del 2015.
Hidalgo recordó que el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) comunicó oficialmente que Costa Rica solicitó, el 28 de setiembre del 2023, iniciar negociaciones para adherirse al ACP.
