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Hay propuestas que se venden solas, y eso debería ser suficiente para desconfiar de ellas. “Le devolvemos su plata” es, sin duda, una de ellas. Nadie saldrá a la calle a protestar porque el Estado quiera devolverle sus ahorros.
El problema, como suele ocurrir en economía y en política pública, no está en el titular sino en las letras pequeñas y, sobre todo, en las consecuencias que nadie tiene el interés, ni el incentivo, de mencionar en el discurso de presentación.
El expediente 25.003, presentado por el diputado Óscar Izquierdo, propone reformar el Transitorio XIX de la Ley de Protección al Trabajador para que los pensionados entre el 1.º de enero de 2021 y el 18 de febrero de 2030 puedan retirar la totalidad de su cuenta individual del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) en cuatro tractos trimestrales del 25% cada uno. Tres años, cuenta a cero.
La exposición de motivos cita los artículos 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio 102 de la OIT y el artículo 73 de la Constitución Política todos los cuales consagran la pensión como un ingreso sostenido en la vejez, y luego propone, sin ruborizarse, un mecanismo para que ese ingreso sostenido se convierta en un pago fraccionado en tres años. La coherencia no es el fuerte del texto.
No fue diseñado para vaciarse
Conviene recordar, antes de aplaudir la iniciativa, para qué existe el ROP. La Ley de Protección al Trabajador no creó una cuenta de ahorros de libre disposición; creó un mecanismo de capitalización individual cuyo propósito explícito es complementar la pensión del IVM durante la vejez, es decir, garantizar un flujo de ingresos mensual a lo largo de los años de retiro.
La diferencia entre un fondo de ahorro y un fondo de pensión no es semántica: es la diferencia entre un monto que se consume y una renta que protege.
El ROP acumula hoy ¢12,54 billones, cerca del 25% del PIB, de los cuales, importa subrayarlo, el 70% no corresponde a aportes directos del trabajador sino a rendimientos de inversión generados durante décadas. Dicho de otra forma: quien tiene ¢10 millones en su cuenta individual, ¢7 millones los puso el mercado de capitales, no su planilla.
Lo que la economía conductual viene advirtiendo
La economía del comportamiento, desde los trabajos pioneros de Kahneman hasta los de Thaler, que le valieron el Nobel, ha documentado con robustez lo que el sentido común también sugiere: cuando las personas reciben sumas significativas dedinero de manera anticipada, tienden a subestimar su valor futuro, a consumirlas más rápido de lo previsto y a sobreestimar su capacidad de sustituir ese ingreso en la vejez.
En Costa Rica, donde el saldo de crédito directo pasó de ¢15,8 billones en 2014 a ¢25,2 billones en 2023, triplicando el ritmo de los salarios según la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la probabilidad de que una parte sustancial de los fondos liberados vaya a cancelar deudas de consumo es elevada. No es reprochable; es humano. Pero no resuelve el problema de la vejez, lo pospone.
Una persona que a los 65 años utiliza su ROP para saldar una tarjeta de crédito y llega a los 75 dependiendo únicamente del IVM, no está en mejor situación que antes de recibir el dinero; está en peor posición, porque el modesto complemento mensual que habría recibido durante diez años ya no existe.
Efectos macroeconómicos
Pero más allá del drama individual del pensionado que vacía su alcancía demasiado pronto, hay efectos sistémicos que el proyecto ignora con una serenidad que resulta desconcertante para cualquiera que entienda cómo funciona el mercado de capitales costarricense.
Primero, el efecto sobre el ahorro nacional y la inversión productiva. El ROP es, de lejos, el mayor inversionista institucional del país, con una cartera que financia infraestructura, bonos del Estado y proyectos de largo plazo.
Una salida masiva de fondos —y el proyecto de ley no modela cuánto sería esa salida si la modalidad de retiro acelerado se populariza como sucedió en 2021, cuando el 27% de los nuevos pensionados la eligió— comprime la disponibilidad de capital de largo plazo en la economía.
Menos ahorro institucional significa menos financiamiento disponible, y menos financiamiento disponible significa, en el plazo medio, mayor costo del crédito para todos: hogares, empresas y el propio gobierno.
Segundo, el efecto sobre la deuda pública. El Estado costarricense financia una porción importante de sus déficits a través de los mercados domésticos de deuda, donde el ROP es un comprador natural y estable de bonos soberanos.
Si el fondo se reduce o se obliga a liquidar posiciones para atender retiros masivos, los rendimientos de la deuda pública en el mercado secundario subirán, aumentando el costo de financiamiento del gobierno y afectando los precios de los activos financieros, ¡incluidos los que están en los portafolios de las personas que aún no se jubila!
Tercero, el riesgo inflacionario. Un retiro masivo y acelerado de fondos de pensiones —estimado en el propio texto en ¢25.000 millones anuales, aunque esa cifra luce optimista dado el tamaño de la cohorte que se jubilará en la próxima década—representa un impulso de demanda interna sobre una economía que no necesariamente tiene la capacidad productiva para absorberlo sin consecuencias sobre precios.
El Banco Central de Costa Rica, comprometido con un esquema de metas de inflación, no podría ignorar ese impulso y podría verse obligado a mantener tasas de interés más altas por más tiempo del deseable, afectando, de nuevo, el crédito, la inversión y el crecimiento.
Cuarto, y quizás el más silencioso, el costo fiscal diferido. El IVM enfrenta presiones actuariales estructurales derivadas del envejecimiento de la población y una relación contribuyente-pensionado que se deteriora año a año.
La pensión complementaria fue diseñada, en parte, para aliviar esa presión: mientras más robusto sea el segundo pilar, menor será la dependencia respecto del sistema básico y del Régimen No Contributivo. Si se vacían las cuentas individuales antes o inmediatamente después del momento de retiro, el colchón desaparece y la red de seguridad pública deberá absorber el costo diez o quince años después.
El gasto que hoy se ahorra en transferencias privadas se convierte, inevitablemente, en gasto público futuro. La propuesta no hace ningún análisis de ese impacto fiscal diferido. Ninguno.
La aritmética tranquilizadora del proyecto
El texto sostiene que los retiros anticipados representarían apenas el 1,6% del fondo total por año. El cálculo pretende ser reconfortante. Pero el ROP tiene 3,2 millones de afiliados y apenas 82.000 pensionados activo. La cohorte que se jubilará en los próximos años es numéricamente muy superior y, si la modalidad de retiro acelerado se convierte en la opción preferida, el volumen de salidas podría superar con holgura esas proyecciones.
El proyecto no modela esos escenarios. Tampoco considera que el 70% del fondo acumulado responde a rendimientos que se generaron porque el dinero estuvo invertido productivamente; si ese capital se retira en masa y en plazos cortos, la capacidad del fondo para mantener su rentabilidad disminuye, afectando a todos los afiliados, incluyendo, es importante decirlo, a los que no se acojan al retiro acelerado.
El precedente que nadie quiere mencionar
Chile ofrece una lección reciente y costosa. Los retiros del 10% de las AFP durante la pandemia —justificados por la emergencia, aplaudidos en las encuestas, aprobados por presión política— terminaron inyectando un estímulo de demanda que alimentó la inflación chilena durante meses, deprimieron el ahorro previsional de millones de trabajadores y debilitaron estructuralmente un mercado de capitales que tardará años en recuperar esa masa de inversión.
La presión para retiros adicionales no cesó; se institucionalizó. Costa Rica no tiene ninguna razón especial para pensar que el experimento tendrá aquí un desenlace distinto. Pero sí tiene, en cambio, una ventana estrecha para no repetirlo.
Lo que la propuesta no dice.. y lo que debería decir
El proyecto es puntualmente silencioso sobre al menos tres asuntos centrales:
Primero, no ofrece ninguna estimación del impacto sobre la tasa de pobreza en adultos mayores en el mediano y largo plazo.
Segundo, no evalúa el costo fiscal potencial de una mayor demanda sobre el Régimen No Contributivo.
Tercero, y quizás lo más revelador, no ofrece ningún mecanismo para asegurar que los fondos retirados se destinen a fines que genuinamente mejoren el bienestar futuro del pensionado y no simplemente alivien presiones de deuda presentes.
Hay problemas reales detrás de esta propuesta: el endeudamiento de los hogares es real, el costo de vida es real, la insuficiencia de las pensiones del IVM para muchos trabajadores es real y, sobre todo, la angustia de quienes se jubilan con una pensión básica magra y ven sus ahorros complementarios inmovilizados en un mecanismo que no comprenden del todo es también real y legítima.
Pero la respuesta a esos problemas no puede ser vaciar el único mecanismo de ahorro obligatorio de largo plazo que tiene el trabajador costarricense en el preciso momento en que más lo necesitará.
Si las ciudadanías no exigen que tanto el Legislativo como el Ejecutivo estén a la altura de las circunstancias — y no sólo procuren aprovechar la indignación o llevar agua a sus molinos — el esfuerzo de construir un segundo pilar de pensiones robusto, invertido a lo largo de 25 años y valorado en una cuarta parte del PIB, podría desperdiciarse en un ciclo de retiros sucesivos que, como el castigo de Sísifo, siempre comenzarán de nuevo porque el problema de fondo jamás habrá sido resuelto.
Eso no es devolverle su plata al trabajador. Es adelantarle la pobreza.
