El pasado 28 de enero, la Sala Constitucional emitió el Voto 1241-2015, referente al Impuesto a las Personas Jurídicas, del cual solo conocemos su parte dispositiva o “Por Tanto”, que indica en forma resumida lo siguiente: “Por mayoría, se declara parcialmente con lugar la acción planteada y en consecuencia se anulan los artículos 1, 3 y 5 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas número 9024 del 23 de diciembre de 2011. Esta sentencia tiene efectos declarativos, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan los efectos de este pronunciamiento para que inicien a partir del período fiscal correspondiente al año 2016”.
Como es lógico, tanto abogados como contribuyentes de este tributo se preguntan sobre los alcances de esta sentencia y la obligatoriedad de pagar las sumas pendientes. Lo importante aquí es no olvidar que la única respuesta válida a estas interrogantes es la que brinda la propia Sala Constitucional. Y es que se han generado opiniones en contra de lo resuelto y más aún, voces que llaman a no realizar los pagos que puedan adeudarse desde el año 2012 hasta el 2015. La doctrina jurídica conoce el instituto de la nulidad parcial, que no es retroactiva y que no tiene la virtud de desaparecer el acto ni tampoco sus efectos durante un plazo determinado.
Es precisamente lo que ha dicho la Sala en este caso: la inconstitucionalidad que se declara no es retroactiva y las normas que se anulan desplegarán su eficacia el resto del presente año.
La potestad de dimensionar los efectos de una inconstitucionalidad corresponde exclusivamente a la Sala. Aunque pudiésemos no estar de acuerdo en todo con lo resuelto, lo cierto es que ni la administración tributaria ni tampoco los contribuyentes son los llamados a determinar cómo o en qué forma opera esa inconstitucionalidad.
Y la sentencia en comentario es diáfana: los artículos 1, 3 y 5 de la Ley siguen vigentes el resto del año, lo cual abarca obligaciones de pago, multas y sanciones por incumplimiento. Así de claro es el punto.
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