La Corte Suprema de Panamá declaró “inconstitucional” en enero el contrato que desde 1997 permite a Hutchison operar bajo concesión los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, un fallo que genera incertidumbre sobre el funcionamiento de estas terminales situadas estratégicamente en las entradas del canal.
Tras la sentencia, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien enfrenta presiones de Estados Unidos por la presencia china en la vía interoceánica, anunció que la firma danesa Maersk se haría cargo temporalmente de esos puertos hasta una nueva concesión.
Pero Hutchison Holdings anunció este jueves en un comunicado que “cualquier acción” para asumir la administración u operación de los puertos sin su consentimiento “dará lugar a acciones legales” contra Maersk o cualquiera de sus filiales.
La firma hongkonesa acusó además al Estado panameño de no darle “garantías ni claridad respecto a sus operaciones”, y advirtió que si se ejecuta el fallo “el resultado inmediato sería la imposibilidad de operar” las dos terminales.
Por los puertos panameños pasaron casi 10 millones de contenedores en 2025, de los cuales 38% por los que opera Hutchison. El resto lo gestionaron principalmente otros tres puertos con capital privado de Estados Unidos, Taiwán y Singapur.
Maersk se desmarca
Por su parte, Maersk es el principal usuario del puerto de Balboa, según la compañía. Una fuente de esta empresa consultada por la AFP manifestó que no habrá declaraciones sobre las amenazas de Hutchison.
Esa fuente remitió a un comunicado anterior en el que APM Terminals, subsidiaria independiente de A.P Moller-Maersk, afirma que “no es parte de los procesos legales en curso ni participa en decisiones sobre la estructura y administración futura —a corto o largo plazo— de los puertos de Balboa y Cristóbal”.
“APM Terminals ha expresado su disposición en asumir temporalmente la operación de ambas terminales para mitigar los riesgos que pueda afectar los servicios esenciales para el comercio regional y global”, agrega la declaración.
Según la Corte de Justicia, la concesión, renovada por otros 25 años en 2021, era “inconstitucional” y tenía “una inclinación desproporcionada a favor de la empresa” que perjudicaba al Estado.
Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de Hutchison que opera los puertos, anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle “graves daños”.
‘Alto precio’
El fallo fue celebrado por Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, había amenazado con retomar el canal bajo el argumento de que China lo controla a través de los puertos de Hutchison, pese a que la ruta marítima es administrada por una autoridad panameña autónoma del gobierno.
China, a través de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, advirtió el pasado martes que Panamá pagaría “un alto precio” por cancelar la concesión.
“Panamá es un país digno y tampoco se va a dejar amenazar por ningún país sobre la Tierra”, respondió poco después Mulino.
El fallo llegó en medio de un demorado proceso de venta de los puertos que Hutchison anunció en marzo de 2025 para ceder su participación a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por $22.800 millones. Los puertos panameños están incluidos en ese paquete de venta.
Estados Unidos, que inauguró el canal en 1914, y China son los principales usuarios de la ruta por la que transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial. La vía pasó a manos panameñas en 1999 en virtud de tratados bilaterales con Washington.
