Costa Rica enfrenta en el 2026 una nueva discusión sobre la necesidad de impulsar una reforma fiscal ante un panorama adverso para las finanzas públicas, marcado por mayores niveles de endeudamiento y menores ingresos tributarios.
Este debate sobre impulsar nuevas iniciativas para mejorar la Hacienda Pública retoma fuerza ocho años después de que, en el 2018, se aprobara la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que incluyó cambios profundos a nivel tributario y de gasto estatal.
Sin embargo, el escenario que enfrenta el gobierno actual difiere de la realidad que vivía Costa Rica en aquel momento, cuando el Ejecutivo liderado por Carlos Alvarado impulsó el plan fiscal, aprobado en diciembre del 2018.
La liquidez del Gobierno Central, el nivel de endeudamiento y el perfil de vencimiento de títulos valores están a otros niveles este 2026, en comparación con hace ocho años, según las estadísticas del Ministerio de Hacienda.
¿Cuál es el panorama?
Dos especialistas consultados por La Nación coincidieron en que el panorama actual es más favorable que el del 2018 y uno consideró que el escenario es más retador. Pero concordaron en que es necesario tomar decisiones para evitar una situación más crítica en las finanzas públicas.
Elian Villegas, exministro de Hacienda, señaló que una de las principales diferencias es que en el 2018 había una crisis fiscal profunda, acumulada por décadas. Añadió que también existía espacio para realizar cambios relevantes en el empleo público.
“Había una profunda crisis fiscal, acumulada a lo largo de 30 años, cuyo mejor reflejo fue la necesidad de aprobar el financiamiento del Banco Central mediante las letras del Tesoro. La presión era grandísima”, aseguró Villegas.
El exviceministro de Hacienda Fernando Rodríguez manifestó que la presión actual sobre las finanzas públicas es menor que en el 2018 debido a que el país enfrenta un menor déficit que en ese entonces.
“Ahorita la presión es menor, aunque tenemos más deuda que en ese momento, porque tenemos un déficit más bajo. Entonces, la necesidad de encontrar financiamiento para cubrir ese déficit todos los años se ha venido aliviando”, comentó Rodríguez.
A mayo pasado, el déficit financiero ascendió a ¢689.309 millones. Este resultado se explica por la diferencia entre los ingresos totales, que ascendieron a ¢3.056.747 millones, y el gasto total, que llegó a ¢3.746.056 millones.
El déficit financiero alcanzó el 1,3% del PIB, lo que representó un deterioro de 0,2 puntos porcentuales (p. p.) en comparación con el mismo periodo del 2025, y se prevé que cierre el año en un 4,4%. En el 2018, el indicador rondaba el 6% y se arrastraban varios años en los que superaba el 5%.
Además, en ese momento, en el país había un déficit primario; es decir, que los gastos sin el pago de intereses superaban a los ingresos. Actualmente se mantiene un superávit primario, aunque en las últimas revisiones ha venido a la baja.
Sin embargo, Marco Otoya, director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA), consideró que la presión fiscal actual es similar o incluso mayor a la del 2018.
“¿Por qué digo que la situación es más apremiante hoy? Básicamente porque hemos reducido significativamente el gasto y la inversión pública social (...). En ese sentido, la situación es más complicada, en un contexto en el que se nos comienza a presentar una fuerte caída en los ingresos", afirmó Otoya.
Mayor liquidez, pero más endeudamiento
Otra de las grandes diferencias con respecto al escenario del 2018 es que el Ministerio de Hacienda cuenta actualmente con mayor liquidez para hacer frente al pago de sus obligaciones.
Según datos de los depósitos del Gobierno en el Banco Central de Costa Rica (BCCR), con corte al 30 de junio, la Administración contaba con ¢1,65 billones, $931 millones y 1.209 millones de euros.
Este saldo corresponde a los recursos que el Gobierno Central mantiene disponibles para atender sus pagos. Estos fondos permiten pagar rubros como salarios o pensiones, vencimientos e intereses de deuda, reducir los riesgos de financiamiento y administrar la liquidez.
En noviembre del 2018, en cambio, el Gobierno enfrentó la falta de liquidez más severa de los últimos años. Dos meses antes, el Banco Central activó las letras del Tesoro, un crédito de salvamento otorgado por la entidad a la Administración en setiembre de ese año para que pudiera pagar sus gastos del tercer trimestre.
El préstamo fue de ¢498.000 millones y dio una inyección momentánea de liquidez al Gobierno, pero en octubre siguiente el saldo volvió a caer en picada y, en noviembre, llegó a uno de sus niveles más bajos.
El escenario más crítico –una suspensión de pagos ante la insolvencia sostenida– se logró evitar con la aprobación de la reforma fiscal, en diciembre del 2018. La ratificación de la normativa en el Congreso se produjo luego de dos intentos fallidos de dos gobiernos en diferentes décadas y de varias semanas de huelga de empleados públicos.
“En el 2018 teníamos alrededor de 30 años sin que se realizara ninguna reforma fiscal, a pesar de varios intentos. Eso generó que existiera un convencimiento mucho más acentuado en que era necesaria una reforma”, comentó Villegas.
Endeudamiento y servicio de la deuda
En cuanto al endeudamiento, el Gobierno cerró el año pasado con una deuda equivalente al 60,4% del PIB y prevé que la tendencia siga al alza, pues estima terminar el 2026 en un 62,2% y que los niveles continúen creciendo si no se implementan medidas fiscales.
En cambio, en el 2018, la deuda del Gobierno Central como proporción del PIB fue del 53,7%. En los años siguientes, el endeudamiento siguió escalando y se mantuvo por encima del 60% desde 2020 hasta el 2024, cuando cerró por debajo de ese umbral.
“No hay que perder de vista que en el 2018 la deuda del gobierno central era del 53%, casi un 54% del PIB, mientras que el año pasado cerramos en alrededor del 60% y la carga de intereses se ha incrementado”, señaló Otoya.
Sin embargo, en aquel momento, Costa Rica tenía un déficit primario –es decir, los gastos sin intereses superaban los ingresos–, lo cual impactaba en la deuda. En la actualidad, en cambio, hay un superávit primario que se ha venido reduciendo, pero se mantiene.
“Teníamos un resultado primario negativo, lo cual hacía que la deuda creciera muy rápido. Se observaba un riesgo inminente mucho mayor. Ahorita, a pesar de que se ha venido achicando el superávit primario, sigue siendo positivo y hay un déficit más pequeño”, recalcó Rodríguez.
Pese a este escenario, Rodríguez advirtió de que esto puede revertirse si no se atienden con rapidez las señales de deterioro de las finanzas públicas que se observan en la actualidad. Agregó que las proyecciones de Hacienda ya muestran un escenario más crítico en el mediano plazo.
En tanto, Villegas consideró que actualmente el país no tiene la necesidad de aplicar una nueva reforma fiscal, sino que es necesario administrar mejor las herramientas que tiene la Administración e identificar y corregir espacios de evasión fiscal, como en Sinpe Móvil.
La composición de la deuda y el perfil de vencimientos también difieren hoy con respecto a hace ocho años. En el 2018, el 53% de la deuda (interna y externa) emitida por Hacienda vencía en menos de cinco años, lo cual imponía una fuerte presión de financiamiento al gobierno. Ahora la proporción bajó al 37,6%, según muestran los datos de Hacienda a mayo pasado.
Sin embargo, la presión actual para el Poder Ejecutivo es enfrentar los vencimientos de la próxima década. Entre el 2027 y 2036, Hacienda deberá pagar el 72% de los ¢32,4 billones del dinero pedido prestado; es decir, ¢23,4 billones.
Además, el 34% del financimiento de Hacienda depende de la evolución del tipo de cambio. Ese porcentaje equivale a $23.968 millones, unos ¢10,9 billones al tipo de cambio actual. Pero un incremento en el valor de la divisa puede hacer que el monto colonizado crezca y presione las finanzas públicas.
Cambios son menos fuertes
Otra diferencia en comparación con el 2018 es que las reformas propuestas hasta el momento por el Poder Ejecutivo representan cambios menos fuertes que los implementados con la reforma fiscal de hace ocho años.
El 23 de julio, Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa los tres primeros proyectos de ley con los que el gobierno busca fortalecer el combate contra el contrabando y la evasión fiscal.
Víctor Julio Carvajal, viceministro de Hacienda, confirmó que las iniciativas plantean eliminar la base mínima impositiva de los cigarrillos, combatir el uso de facturas electrónicas falsas y modificar el esquema de cobro judicial que contiene el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
En total, el gobierno anunció el 22 de julio un plan fiscal que incluye más de 15 proyectos de ley que serán presentados ante la Asamblea Legislativa de forma progresiva en los próximos meses.
Además de los proyectos, Hacienda informó de que perseguirá la evasión de impuestos de los comerciantes y profesionales que utilizan el Sinpe Móvil como método de cobro pero sin reportar las transacciones mediante la factura electrónica.
La institución también anunció recientemente que exigirá una declaración más detallada para las importaciones de bienes que ingresen a Costa Rica por las distintas aduanas, como parte de una reforma a los mecanismos de fiscalización y control de mercancías.
En 2018, la reforma fiscal introdujo, entre sus cambios más importantes, la transformación del impuesto general sobre las ventas en el impuesto al valor agregado (IVA), con una tarifa del 13%, y amplió la cantidad de servicios gravados que antes estaban exentos.
Igualmente, se hicieron varias reformas en el impuesto sobre la renta, se aplicaron cambios en la Ley de Salarios de la Administración Pública y se establecieron una serie de normas de responsabilidad fiscal para las autoridades gubernamentales.
Otoya dijo que la reforma ha tenido efectos, principalmente, sobre la inversión pública social, con una reducción en los recursos destinados a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de la población.