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La Contraloría General de la República (CGR) emitió una opinión adversa tras analizar los estados financieros del Gobierno Central con corte a diciembre del 2025 y advirtió que la información presentada no es confiable.
El órgano contralor también señaló que, durante el primer semestre del 2026, se registró un estancamiento de los ingresos corrientes, una reducción del gasto social y un aumento de la deuda del Gobierno, asociado a las necesidades de financiamiento y a los elevados saldos de liquidez.
Así consta en el Dictamen sobre los Estados Financieros Consolidados del Gobierno de la República al 31 de diciembre de 2025 (DFOE-FIP-IAA-00005-2026) y en el Informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria al 30 de junio de 2026 (DFOE-FIP-MTR- 00003-2026), publicados y divulgados este martes.
En estos documentos, la Contraloría señala que las deficiencias abarcan desde una consolidación incompleta de la información financiera hasta errores en el registro y depuración de operaciones entre instituciones públicas.
Entre otros aspectos, se identificaron operaciones entre entidades estatales por ¢6,9 billones que fueron eliminadas de manera incompleta, incorrecta u omitidas. El órgano contralor también encontró diferencias y omisiones en cuentas por cobrar, obligaciones y bienes públicos.
Por ejemplo, detectó una diferencia de ¢1,28 billones entre lo que Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) reportó como cuentas por cobrar a Hacienda y lo reconocido por el Poder Ejecutivo como deuda, así como una discrepancia de ¢3,23 billones en las cuentas que la CCSS atribuye al Estado.
A esto se suman miles de inmuebles y carreteras que no estaban registrados o actualizados, además de activos concesionados e infraestructura contabilizados de forma incorrecta.
Las deficiencias alcanzan también el reconocimiento de ingresos, pasivos e inversiones. La Contraloría cuestionó el registro de ingresos tributarios, la ausencia de una estimación del pasivo por beneficios posempleo y la falta de respaldo técnico para inversiones patrimoniales y revaluaciones de bienes.
Por otra parte, en dos certificaciones distintas (DFOE-FIP-0296 -2026 y DFOE-FIP-0310-2026), la CGR destaca una reducción en la recaudación de impuestos prevista por Hacienda para 2026, así como una reducción en los ingresos.
Incumplimiento de normas
Como fundamento de su opinión, la Contraloría señala que los estados financieros incumplen las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y la normativa emitida por la Dirección General de la Contabilidad Nacional (DGCN).
De las cuatro entidades principales —Poder Ejecutivo, Fodesaf, Poder Judicial y Conavi— solo el Poder Judicial y el Conavi declararon cumplir con las NICSP. Además, la DGCN no realizó ni documentó de forma integral el análisis de control requerido para determinar qué entidades debían incorporarse al consolidado.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), la Casa de Cultura de Puntarenas, el Museo de Arte Costarricense y el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría quedaron fuera del consolidado debido a incumplimientos en la entrega de información, así como a errores e inconsistencias en sus estados financieros individuales.
Diferencias en cuentas por cobrar
La Contraloría también identificó diferencias, omisiones y registros incorrectos que afectan cuentas por cobrar, bienes concesionados y no concesionados, inversiones patrimoniales, endeudamiento público y obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Las deficiencias alcanzan, además, los fondos de terceros y depósitos en garantía, los beneficios a empleados y el reconocimiento de ingresos.
En las cuentas por cobrar, por ejemplo, la CGR encontró diferencias sin explicar entre los registros contables y la información de Tributación.
Hacienda reportó ¢521.669 millones por cobrar a contribuyentes, mientras Tributación registró una cartera morosa de ¢659.344 millones. Además, durante el 2026 aparecieron ¢19.023 millones en deudas tributarias que no habían sido incluidos al cierre de 2025. La Contraloría también cuestionó la falta de un análisis técnico sobre los saldos a favor de contribuyentes, que pueden generar devoluciones o compensaciones.
El informe identificó, además, diferencias entre Fodesaf y el Ministerio de Hacienda. El fondo registró ¢2,2 billones por cobrar, frente a ¢965.790 millones reconocidos por el Poder Ejecutivo como cuenta por pagar, una brecha de ¢1,2 billones.
En cuanto a la deuda con la CCSS, la Contraloría detectó una diferencia no conciliada de ¢3,2 billones, ya que la Caja reportó cuentas por cobrar al Estado por ¢4,6 billones, con corte a mayo del 2025, mientras que al cierre de diciembre el Poder Ejecutivo registró ¢186.147 millones y Fodesaf ¢1,2 billones como obligaciones.
Proyección de ingresos enfrenta riesgos
Aunque la Contraloría consideró razonables las estimaciones de ingresos del Gobierno para el 2027, advirtió que podrían variar por la incertidumbre en variables como crecimiento económico, inflación, tipo de cambio, tasas de interés, importaciones y condiciones internacionales.
El órgano contralor también señaló limitaciones para analizar el comportamiento tributario tras la entrada en operación de TRIBU-CR. Hacienda aún no cuenta con suficiente detalle sobre algunos componentes del impuesto sobre la renta y el IVA, lo que dificulta medir el efecto de cambios económicos y operativos en las proyecciones.
Además, la CGR constató una reducción de ¢373.391 millones (0,7% del PIB) en la estimación de ingresos tributarios para 2026, lo que disminuye la carga tributaria proyectada de 13,3% a 12,6% del PIB.
Asimismo, para el 2027, Hacienda estima ingresos por ¢7,7 billones, de los cuales ¢6,8 billones corresponden a impuestos. Con ello, la carga tributaria bajaría nuevamente hasta llegar a 12,3% del PIB.
