EscucharEn la Sala Constitucional se analiza si las solicitudes de información masiva que realizó Tributación a las empresas de telecomunicaciones trasgreden los derechos fundamentales a la intimidad y autodeterminación informativa. En este caso, se cuestiona que en dichos requerimientos se solicitó información que podría ser sensible, como el domicilio de los contribuyentes.
Para analizar las actuaciones de la Administración Tributaria, no solo se debe considerar las disposiciones constitucionales, sino también las “mejores prácticas internacionales” que se diseñaron para mejorar el control fiscal y detectar perfiles de riesgo; eso sí, sin que se perjudiquen los derechos de los contribuyentes o se cuestione la legalidad y legitimación de las acciones del fisco.
En este contexto, es pertinente examinar los principios y normativas internacionales, especialmente los promovidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que abordan el equilibrio entre la autoridad fiscal del Estado y la protección de los derechos fundamentales de los contribuyentes. La OCDE ha emitido las Directrices de Privacidad que pueden servir como marco de referencia para las administraciones fiscales a nivel mundial.
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Estas directrices destacan que “la recopilación de datos personales debe limitarse a lo necesario respecto a los fines específicos y legítimos para los cuales serán utilizados”. Este principio de minimización de datos es crucial para asegurar que las autoridades fiscales sólo accedan a la información estrictamente necesaria para cumplir con sus objetivos, evitando así prácticas invasivas o desproporcionadas.
La transparencia es otro pilar fundamental, pues garantiza que a los contribuyentes se les informe de manera clara sobre qué datos se recopilan, para qué fines y cómo se utilizarán. Este enfoque no sólo fortalece la confianza de los contribuyentes en las instituciones fiscales, sino que también promueve un entorno de colaboración y cumplimiento voluntario.
En conclusión, al adoptar los principios de gobernanza tributaria de la OCDE, los países pueden lograr un equilibrio efectivo entre la recaudación fiscal eficiente y la protección de los derechos individuales. Esto es esencial para evitar prácticas invasivas y asegurar que las administraciones tributarias actúen dentro de un marco normativo claro y respetuoso con los derechos fundamentales, alineado con los estándares internacionales y los principios del Estado de derecho.
