La Dirección de General de Tributación (DGT) exigió a Claro, Liberty y Kölbi (marca comercial del ICE) entregar sus bases de datos con toda la información de quienes utilizan servicios de telefonía, Internet o televisión digital, que en conjunto suman cerca de 14,6 millones de contratos.
Según consta en un oficio del 12 de marzo, firmado por Julieta Abarca Robles, subdirectora de Inteligencia Tributaria del Ministerio de Hacienda, se solicitó “información masiva y no por consulta individualizada” de los usuarios de todas las empresas de telecomunicaciones a nivel nacional, tanto públicas como privadas.
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Los datos solicitados por el fisco incluyen: cédula, pasaporte, nombre completo, número de teléfono fijo y celular, número de contrato, tipo de servicio contratado, dirección física, georreferencias de latitud y longitud, así como las coordenadas del lugar donde se adquirió el servicio.
Mario Ramos, director de Tributación, manifestó a La Nación que la solicitud tiene como propósito facilitar la identificación de posibles infractores de las obligaciones tributarias. Además, el documento remitido a las operadoras señala que se pretende garantizar una “correcta gestión recaudatoria” y prevenir la eventual evasión de impuestos.
“Los ciudadanos están obligados no solo a contribuir con los gastos públicos, sino a aplicar las leyes, por lo que debe brindarse a la Administración Tributaria toda la información que requiera para la correcta fiscalización y recaudación de dichos tributos”, indica el oficio al que este diario tuvo acceso.
El documento otorgó un plazo de diez días hábiles para entregar la información, con la opción de solicitar una prórroga. También advirtió que el incumplimiento conllevaría sanciones administrativas en forma de multa. Además, se estableció que la remisión de datos debía realizarse de manera mensual.
Según la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), a junio del 2024, se contabilizaban 14.596.689 servicios contratados distribuidos entre telefonía móvil y fija, Internet móvil y fijo, líneas dedicadas y televisión por suscripción. En el caso específico de la telefonía móvil, se registraron 6.849.809 clientes.
Tributación dice que solicita datos desde hace más de 10 años
Ramos explicó que Tributación ha solicitado información sobre domicilios y otros datos de los clientes a las empresas proveedoras de servicios de electricidad y telecomunicaciones desde hace más de una década. Ante una consulta adicional de este diario, aseguró que siempre han recibido los datos requeridos.
El jerarca sostuvo que obtienen la información dentro de un “marco legal robusto”, que habilita a la dirección para tal efecto. Entre las normativas mencionó la Constitución Política, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, así como la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de datos y su reglamento.
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“Estos datos se utilizan exclusivamente para investigar posibles infractores, asegurando siempre un uso responsable y específico de la misma, al amparo de la confidencialidad de la información”, aseguró Ramos.
El director del fisco agregó que, desde el 2012, las inconsistencias o inexactitudes en la información que algunos contribuyentes reportan sobre su domicilio fiscal han entorpecido el cobro de obligaciones tributarias. Por ello, la Administración solicitó estos datos como herramienta complementaria.
“Entre los años 2020 y 2024, información proveniente de estas fuentes ha contribuido a la ejecución de más de 1.409.000 actuaciones tributarias, que permitieron determinar inconsistencias por ¢328.072 millones en actuaciones de control y adicionalmente, han coadyuvado a recuperar ¢256.278 millones en gestiones de cobro"
— Mario Ramos, director general de Tributación.
Ramos confirmó que, al viernes 2 de mayo, la Dirección General de Tributación ya había recibido información por parte de algunas empresas, pero afirmó que, por el principio de confidencialidad, no se darían a conocer cuáles.
La Nación consultó directamente al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Claro y Liberty para confirmar si recibieron la solicitud y si entregaron los datos.
Liberty indicó que rechazó proporcionar la información, al considerar que la petición carecía de fundamentos que la respaldaran.
En el caso de Claro, la compañía indicó que solicitó un plazo adicional para analizar si procederá con la entrega, ya que realiza un estudio legal sobre el tema.
La Nación envió, el martes 29 de abril, un mensaje a la Oficina de Prensa del ICE, a través de WhatsApp, consultando si habían recibido la petición de Tributación de dar los datos de los usuarios y si los habían entregado, pero no obtuvo respuesta.
El 30 de abril, se contactó a otra vocería institucional, que pidió remitir la consulta por correo electrónico, debido a una incapacidad. El mismo día, se envió el mensaje, pero no se recibió acuse de recibo ni respuesta. El viernes 2 de mayo, el diario envió un nuevo correo de seguimiento, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta nota.
Para dar una idea general del alcance de la petición, las estadísticas más recientes de la Sutel, desglosadas por operadora, muestran que, al cierre del 2023, el ICE contabilizaba 2,53 millones de contratos de telefonía móvil, frente a 1,54 millones en Claro y 3,37 millones en Liberty.
‘Es la primera vez que se piden estos datos a empresas privadas’
Fabio Salas, socio de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte Costa Rica, recalcó que es la primera vez que se realiza un requerimiento de esta naturaleza, en esos términos, a las empresas privadas del sector de telecomunicaciones.
Salas dijo que Tributación, de forma excepcional, tiene facultades para requerir información considerada sensible desde el punto de vista de la protección de datos personales, pero debe cumplir con una serie de requisitos esenciales, como el propósito de la solicitud.
Manifestó que la Dirección de Inteligencia Tributaria está autorizada para requerir datos con el fin de desarrollar labores de análisis que le permitan identificar patrones relacionados con prácticas de riesgo fiscal, mejorar la recaudación y combatir la evasión y el fraude tributario.
Sin embargo, advirtió que esto no le otorga potestad para solicitar datos individuales de contribuyentes con fines de cobro específico, ya que esas funciones corresponden exclusivamente a la Dirección General de Tributación, a través de los mecanismos establecidos legalmente para ello.
El socio de la firma subrayó la relevancia de la ciberseguridad en torno al manejo de los datos, más allá de si estos son solicitados o entregados. Enfatizó la responsabilidad de la Administración Tributaria de resguardar dicha información de forma sólida, para evitar filtraciones o usos indebidos.
‘Vulnera el derecho de autodeterminación informativa’
Natalia Ramírez, gerente legal de la firma Grant Thornton, afirmó a este diario que la solicitud masiva de datos personales representa una vulneración del derecho fundamental a la autodeterminación informativa, establecido en el artículo 24 de la Constitución Política.
Dicha norma garantiza a las personas el poder de decidir quién, cuándo y bajo qué circunstancias pueden los particulares y las entidades públicas acceder a su información personal.
A criterio de Ramírez, los datos requeridos por Tributación son “evidentemente de carácter personal” y, en conjunto con lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley de Telecomunicaciones, deben estar resguardados.
Esto implica garantizar que las comunicaciones y los datos asociados a ellas no sean escuchados, grabados, almacenados, intervenidos ni vigilados por terceros sin consentimiento, salvo que exista una autorización judicial expresa.
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN TRIBUTACIÓN.pdf