Economía

Columna Clave Fiscal: Ley de Condonación de Cargas Sociales

La CCSS debe ajustar sus sistemas informáticos y reglamentar la implementación de la ley

Acaba de publicarse la Ley 10.232 denominada Autorización de Condonación para la Formalización y Recaudación de las Cargas Sociales. El objetivo de la nueva normativa es autorizar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que realice una condonación por adeudos de patronos y trabajadores independientes por el Seguro de Enfermedad y Maternidad y por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.

Además, para el caso de los patronos, se busca autorizar a las entidades públicas para que tramiten y otorguen una condonación que comprenderá el principal y las multas, sanciones e intereses de los montos adeudados antes de la vigencia de esta ley, en cuanto a las cargas sociales generadas por la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares; la Ley Orgánica del Instituto Nacional y Aprendizaje (INA), la Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), y la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Es relevante notar que se autoriza a la CCSS a condonar, tanto a los trabajadores independientes como también a los patronos, los adeudos por multas, recargos e intereses; pero no se autoriza la condonación del principal, pues dicho aspecto fue objeto de pronunciamiento negativo por parte de la Sala Constitucional. En cambio, en el caso de las cargas sociales derivadas de las leyes de las otras instituciones, sí resulta posible condonar el monto principal de la deuda.

La misma ley enuncia algunas reglas comunes para el trámite de la condonación de adeudos de los patronos y trabajadores independientes ante la CCSS: deberá existir solicitud expresa del patrono o trabajador independiente para acogerse a la condonación y el plazo para acogerse a este beneficio de condonación es de doce meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley, sea a través del pago en un solo tracto, o bien, a través de un acuerdo de pago con la institución.

El detalle importante es que la CCSS debe ajustar sus sistemas informáticos y reglamentar la implementación de la ley; y será hasta que estas dos cosas sucedan que empezará a contar el plazo de vigencia de la nueva normativa.

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