Economía

Columna Clave Fiscal: Dos leyes para revivir sociedades

En los días finales de su gestión, las diputadas y diputados de la legislatura anterior aprobaron no una, sino dos leyes para resolver el problemas de las sociedades disueltas por morosidad

Difícilmente encontraremos una normativa que haya tenido un camino tan accidentado y tortuoso como el de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, sus reformas y derivaciones.

Cabe recordar que hubo una primera legislación (ley No. 9024 de diciembre 2011) que fue anulada en varios de sus artículos (Voto 1241- 2015 de la Sala Constitucional); y luego una segunda (ley No. 9428 de marzo 2017), que contiene básicamente los mismos errores que la primera en cuanto a los conceptos jurídicos de disolución, liquidación y desinscripción de las sociedades mercantiles.

Ambas leyes incluyeron igual sanción para las empresas que no cancelaron el impuesto a las personas jurídicas por tres años consecutivos, pues el Registro las disolvió y por mandato legal canceló su inscripción registral. Esas sociedades quedaron sin representación legal y con serios problemas para recuperar sus bienes muebles, inmuebles e incluso dineros en cuentas bancarias. Urgía entonces brindar una salida legal que permitiese la recuperación de activos e incluso la reactivación de las empresas disueltas.

Así, en el año 2017 se aprobó una normativa de vigencia transitoria que popularmente fue conocida como “Ley Lázaro”, que permitía el “retorno a la vida jurídica” de esas sociedades disueltas, pagando los impuestos que habían quedado pendientes de cancelación. El plazo para acogerse a dicho beneficio terminó en diciembre del 2017, quedando muchas sociedades sin reactivarse; y además, luego de cinco años de vigencia de la segunda Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, miles de sociedades han sido disueltas en los últimos años. De nuevo surgió la necesidad de buscar una solución, mejor estructurada y que no fuese temporal, para el problema de las sociedades disueltas.

Por increíble que parezca, en los días finales de su gestión, las diputadas y diputados de la legislatura anterior aprobaron no una, sino dos leyes sobre el particular. Una es la ley No. 10.220 publicada el 24 de mayo, y la otra es la ley No. 10.255 publicada el 31 de mayo, ambas fechas del año en curso.

Mucha eficiencia, pero poca coordinación, pues sendas normativas contienen errores, contradicciones y lagunas que dificultan su comprensión y aplicación. Realizaremos la comparación en la próxima columna.

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