El objetivo del plan de seguro de depósitos es crear un fondo para garantizar los depósitos de los ahorrantes en las entidades financieras, en caso de que estas afronten dificultades.

Actualmente, los ahorrantes de los dos bancos estatales (Nacional y de Costa Rica) tienen la garantía estatal, pero los del Banco Popular (de derecho público) y los privados no tienen un fondo de garantía.

Esta idea se ha tratado de implementar antes, pero no ha fructificado.

En el 2010 se discutió otro proyecto de ley bajo el expediente 17.766 llamado Ley del Sistema de Garantía de Depósitos y Resolución Bancaria, el cual creaba el Sistema de Garantía de Depósitos que se alimentaba de un fondo en el cual contribuían los bancos privados, el Banco Popular, las empresas financieras no bancarias y las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Ese proyecto planteaba, además, un mecanismo de resolución bancaria, que es el proceso mediante el cual se liquida una entidad en crisis.

Cubero explicó que en el proyecto que presentarán se fortalece el mecanismo de resolución bancaria con el fin de que el proceso sea más ágil y también dota de mayores instrumentos al organismo resolutor, o a quien esté llevando adelante la resolución, para que pueda tratar de rescatar el valor de los activos financieros.

“En un proceso de resolución bancaria, se pierde mucho el valor de los activos que tienen los bancos, la idea de dotar de más instrumentos al resolutor es, precisamente, tratar de preservar el valor de los activos de los bancos que se están resolviendo, con el fin último de poder asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los bancos y en particular con el público depositante”, detalló Cubero.

Sobre el proyecto en consulta, la Cámara de Bancos enfatizó la necesidad del país de contar con este proyecto; no obstante, realizó algunas observaciones sobre el fondo que respaldaría los depósitos.

Por ejemplo, la Cámara consideró que las contribuciones de las entidades al fondo deben sustentarse en estudios financieros o actuariales y, además, se deben definir el tratamiento fiscal que tendrán estas contribuciones para evitar conflictos de interpretación.

“Otro tema importante es que el anteproyecto contemplaba un fondo fraccionado dividido en varios compartimentos separados. Sobre este punto, la Cámara es del criterio que debe ser un fondo conjunto, no separado. Lo anterior a efecto de que sea más grande y robusto para los fines que se persiguen”, explicó la directora ejecutiva de la Cámara, Anabelle Ortega.

“La Asociación comparte el interés de constituir un seguro de depósitos cuidando los aspectos que lo hagan viable y efectivo. Fundamentalmente se evidenciaron aspectos de costos y gradualidad”, indicó la directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense, María Isabel Cortés.

Protección al consumidor financiero

Respecto al proyecto de ley de protección al consumidor financiero, Cubero explicó que se atiende el tema de conducta de mercado por parte de las entidades financieras, por ejemplo, si le han dado suficiente información a sus clientes y cómo le han dado esa información.

Incluye, además, la posibilidad de que un cliente se retracte después de contratar un crédito.

“Por ejemplo, yo contraigo una hipoteca y compro una casa, y si dentro de un plazo de unos pocos días cambio de opinión se me da la oportunidad de hacerlo, eso es algo que tienen otras legislaciones”, explicó Cubero.

Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, informó de que no le consultaron el proyecto directamente, pero por medio de la Asociación Bancaria Costarricense realizó varias observaciones.

Montero manifestó que está de acuerdo con el objetivo del proyecto, de crear mecanismos que realmente aporten protección a los derechos del consumidor y que el consumidor realmente tenga oportunidades de hacer valer sus derechos.

Sin embargo, señaló que de la versión que leyó era confuso el proceso con el cual esperan que el consumidor haga valer sus derechos, a veces no queda claro si tiene primero que agotar la vía ante la entidad, si debe acudir a una superintendencia, al Ministerio de Economía o alguna de esas instancias de autorregulación que el mismo proyecto permite.

En la versión que pasó por sus manos, afirmó Montero, la perspectiva estaba muy enfocada desde el supervisor cuando la experiencia demuestra que la perspectiva debiera ser desde el consumidor. Añadió que no conocía la última versión del plan.