Buenos aires. Este jueves se llevaron a cabo operativos de allanamiento en 18 bancos argentinos en todo el país sudamericano, debido a presuntas actividades de fuga de capitales por un total de $400 millones a través de maniobras de importación.
Este incidente se produce en un momento delicado, ya que el gobierno enfrenta una nueva crisis cambiaria justo días antes de las elecciones presidenciales programadas para el 22 de octubre.
Unas 157 empresas denunciadas por las autoridades “simularon operaciones de importación, nunca importaron nada y giraron al exterior por $400 millones”, dijo el director de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, en un allanamiento en el centro de Buenos Aires.
Las maniobras bajo investigación se llevaron a cabo entre 2020 y 2022 e involucraron “acciones ilegales destinadas a sacar dólares del sistema financiero local y transferirlos a Estados Unidos”, explicó el funcionario.
Los allanamientos, que involucraron a bancos, estudios contables y sociedades financieras, fueron realizados por la Aduana y la División Lavado de Dinero de la Policía Federal argentina en varias ciudades, incluyendo Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca.
Es importante destacar que las autoridades argentinas llevan a cabo regularmente operativos en las denominadas “cuevas” o casas de cambio ilegales en el centro de Buenos Aires, donde se comercia con el dólar informal, conocido como “dólar blue”. Este mercado suele tener una cotización mucho más alta que la oficial, con una brecha que supera el 130%.
A medida que se acerca la primera vuelta de las elecciones presidenciales, las cotizaciones de los dólares financieros utilizados por las empresas para obtener divisas continúan en aumento.
En agosto, después de las elecciones internas, el gobierno devaluó el peso argentino a un valor de 365 por dólar. En esos comicios, el candidato opositor liberal Javier Milei obtuvo el mayor porcentaje de votos, con un 29,8% del total.
El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, implementó una serie de compensaciones salariales e impositivas para pequeñas empresas, asalariados, pensionados y beneficiarios de asistencia social después de la devaluación, pero estas medidas han sido criticadas por la oposición, que considera que perjudican la situación fiscal del país.
En un contexto de controles de cambio prolongados y una marcada escasez de reservas en el Banco Central, que lleva al gobierno a establecer tipos de cambio superiores al oficial para ciertos sectores productivos como una forma de adquirir dólares a través de impuestos, algunos economistas vinculan esta nueva caída de la moneda con una excesiva inyección de pesos en el mercado.