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La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) respaldó el proyecto de ley sobre estafas informáticas contra clientes bancarios, aprobado en primer debate por la Comisión Plena III del Congreso, porque consideró que constituye un paso relevante hacia un marco normativo más equilibrado en Costa Rica.
Rodrigo Cubero, asesor económico de la organización, señaló que el texto avalado, expediente 23.908, permite avanzar hacia un principio de responsabilidad balanceada y justa, pues establece reglas claras para las instituciones financieras y sus clientes.
“El texto aprobado en primer debate representa un avance hacia un principio de responsabilidad balanceada y justa, que protege a las personas usuarias sin trasladar de forma automática la totalidad del riesgo a las entidades financieras”, consideró Cubero.
La iniciativa avalada en primer debate establece la responsabilidad de las entidades financieras por los daños y perjuicios que cause el robo del dinero o patrimonio de las cuentas de los clientes del banco, aunque esa sustracción sea responsabilidad de un tercero ilegítimo no autorizado para entrar en la cuenta del consumidor.
Además, la legislación propuesta puntualiza en cuáles casos la entidad financiera no será responsable por la estafa de la que sea víctima su cliente.
Reglas claras
De acuerdo con la ABC, la iniciativa fija un principio de responsabilidad para las entidades financieras en la custodia de los recursos de sus clientes. Sin embargo, introduce salvaguardias que buscan preservar el debido equilibrio entre los derechos y deberes de los bancos y de las personas.
Entre los elementos destacados del plan, Cubero comentó que reconoce las causas en las cuales no habría responsabilidad de la banca, como en casos de dolo —por ejemplo, el llamado autofraude— u otras eximentes contempladas en el ordenamiento jurídico nacional.
Para la ABC, estas precisiones responden a observaciones técnicas planteadas durante el proceso legislativo y contribuyen a generar mayor claridad y certeza jurídica. Además, consideran que ayudan a evitar el riesgo de incentivar conductas que podrían favorecer el fraude.
Procedimiento para reclamaciones
El texto aprobado también incorpora un procedimiento específico para tramitar las quejas y reclamaciones que presenten los usuarios en caso de haber sido víctimas de una estafa.
Según la ABC, este mecanismo aporta reglas claras para ventilar disputas y delimitar responsabilidades, lo cual fortalece la seguridad jurídica tanto para clientes como para entidades financieras.
Cubero subrayó la importancia de combinar la prevención, la educación financiera y la cooperación entre autoridades, entidades financieras y ciudadanía para reducir la incidencia de este tipo de delitos.
Para la ABC, el texto aprobado en primer debate representa un avance significativo, al proteger a las personas usuarias sin trasladar de forma automática la totalidad del riesgo a las entidades financieras.
