Porcicultores se adhieren a clamor contra importaciones

Lo hicieron durante una manifestación en los alrededores de la Casa Presidencial, en Zapote, en la cual se congregaron unas 2.000 personas, de acuerdo con cálculos de los dirigentes.

En la protesta contaron con el apoyo de cuatro organizaciones que forman la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA).

Se trata de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA); la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Upanacional); el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) y la Unión de Pequeños Productores Independientes de Actividades Varias (Upiav).

Los grupos tuvieron una reunión con representantes del Gobierno, la cual se extendió de las 10:40 a. m. a cerca de las 3:30 p. m., en la que plantearon sus demandas.

Renato Alvarado, presidente de la Cámara Nacional de Porcicultores, adujo que al país entra carne de cerdo de varios países, como Chile, mientras que las otras naciones no permiten la llegada del producto nacional y aplican medidas sanitarias.

Después de casi cinco horas de deliberaciones, las dos partes salieron con un acuerdo, en el cual el Ejecutivo se compromete a entregarles una propuesta de ayuda en 24 horas. El plazo vence hoy miércoles en la tarde.

Uno más. Las quejas de los porcicultores se unen a las de otros productores que han reclamado medidas al Gobierno. Un ejemplo fue la instauración, en enero, de una salvaguardia o alza de los aranceles al arroz de Suramérica. El impuesto pasó del 35% al 62%.

En otros casos relacionados con el comercio internacional de bienes agrícolas, a mediados de abril, la industria de papa denunció un faltante de materia prima por el cierre a importaciones de Estados Unidos y de Canadá.

El 5 de mayo, las autoridades locales bloquearon el ingreso de aguacate de México para evitar la llegada de la enfermedad de la mancha del sol.

Además, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) cerró al ingreso de productos de origen animal de 14 plantas de Chile, a partir del 25 de mayo. Luego, revirtió la decisión y dio tiempo para que las industrias actualicen los permisos.