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Alrededor de 300 funcionarios del Banco Popular (BP) solicitaron acogerse al programa de movilidad laboral voluntaria que la entidad implementó este año como parte de su proceso de transformación institucional. La iniciativa, que solo aplica para quienes tengan más de 10 años de laborar en la entidad financiera, incluye una indemnización económica compuesta por lo siguiente:
- Una indemnización complementaria equivalente a 10 salarios mensuales ordinarios cuando la persona se encuentre a más de 60 meses de la jubilación.
- En el caso de quienes estén a menos de 60 meses para pensionarse, la indemnización será proporcional: irá de uno a nueva salarios. Si al trabajador le restan menos de tres meses para jubilarse, no se reconocerá ese monto complementario.
- El pago del auxilio de cesantía.
- Salario escolar.
- Aguinaldo.
- Vacaciones.
- Otros extremos laborales.
Quienes se acojan al programa no podrán reingresar posteriormente al Banco Popular. El plan busca generar eficiencias permanentes estimadas en ¢6.000 millones anuales. La Oficina de Prensa del BP precisó a La Nación que a la fecha se han aprobado más de 200 de dichas solicitudes.
En junio pasado, el Banco Popular contaba con 4.186 empleados, según datos disponibles en el sitio web de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). La Oficina de Prensa del BP no precisó la cantidad de colaboradores que se estiman una vez que concluya el proceso.
“El Banco procura atender favorablemente las solicitudes presentadas, siempre que cumplan las condiciones establecidas y que su aprobación no comprometa la continuidad de la operación ni la atención de los clientes”, agregó la entidad este 9 de julio.
Según lo informado, la VI Convención Colectiva del banco, homologada en marzo de 2026 tras un proceso de negociación de tres años, habilitó el esquema para que los trabajadores que cumplían determinadas condiciones —como tener al menos 10 años de laborar en la institución— pudieran concluir voluntariamente su relación laboral con el BP.
La iniciativa comenzó en marzo, tuvo una vigencia de tres meses y actualmente se encuentra en la etapa final de ejecución.
Solicitudes bajo análisis, incluye indemnización
La participación en el programa respondió exclusivamente a la decisión de cada trabajador. Sin embargo, la presentación de una solicitud no implicaba su aprobación automática, pues cada una debía someterse a un análisis técnico que valoraba el cumplimiento de los requisitos y el impacto sobre la continuidad del servicio.
El programa permitió que personas de los distintos niveles y áreas de la institución pudieran presentar voluntariamente su solicitud. Según la Oficina de Prensa del Banco Popular, las solicitudes continúan siendo analizadas conforme a los criterios técnicos definidos por la institución, considerando el cumplimiento de requisitos, la continuidad operativa y la adecuada prestación del servicio a los clientes.
Los beneficios por la salida están contemplados en la VI Convención Colectiva de Trabajo del banco, disponible en el sitio web del Ministerio de Trabajo.
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El documento agrega que el BP comunicará a los trabajadores incluidos en el programa la fecha en que se hará efectiva la cesación de la relación laboral, a cuyo efecto les concederá el disfrute del preaviso.
Sobre la prohibición de reingreso, la Oficina de Prensa de la entidad expuso que esa disposición responde a la naturaleza de la iniciativa, orientada a generar eficiencias permanentes y sostenibles dentro de la estrategia institucional de transformación.
Respuesta a proceso de transformación institucional
Desde el Banco Popular se indicó que el programa constituye una herramienta de gestión del talento humano alineada con el proceso de transformación institucional que desarrolla el Banco Popular, orientada a fortalecer la sostenibilidad financiera, optimizar el uso de los recursos y adecuar la estructura organizacional a las necesidades actuales y futuras del negocio.
Como resultado, la entidad estima generar eficiencias permanentes cercanas a los ¢6.000 millones al año.
De acuerdo con la entidad, esos recursos permanecerán dentro de la institución y serán reinvertidos en innovación, transformación tecnológica, ciberseguridad, modernización de los canales de atención y mejora continua de los servicios.
“La industria bancaria atraviesa una de las transformaciones más profundas de su historia, impulsada por la digitalización, la innovación tecnológica y la evolución de las preferencias de los clientes, quienes hoy demandan servicios cada vez más ágiles, seguros y disponibles a través de múltiples canales”, explicó.
En ese contexto, el Banco Popular revisa “permanentemente” su estructura organizacional, sus procesos y su modelo de atención para responder a la nueva realidad, fortalecer su competitividad y asegurar su sostenibilidad en el largo plazo.
Programas similares en otros bancos
Los programas de movilidad laboral voluntaria ya han sido utilizados por los otros bancos públicos.
En octubre de 2015, el Banco de Costa Rica (BCR) informó de que concluyó un programa de movilidad laboral voluntaria al cual se acogieron 280 empleados y que le iba a permitir generar ahorros anuales por ¢11.200 millones.
En tanto, en 2018, el Banco Nacional (BN) aprobó el uso de una partida de ¢1.800 millones para iniciar la ejecución de un proceso de movilidad laboral. El objetivo era reducir el costo de la planilla mediante salidas voluntarias, adelanto de cesantía y la reclasificación de plazas ocupadas en jefaturas.
La Nación consultó este 9 de julio al Banco Nacional sobre los resultados que tuvo ese programa de movilidad laboral, sin embargo, al cierre de edición la consulta seguía en trámite.
Programa es independiente de la revisión de oficinas
El Banco Popular aseguró, a través de su Oficina de Prensa, que el programa de movilidad laboral voluntaria es independiente del proceso de revisión de su red comercial.
La entidad aseveró que mantiene una evaluación permanente de su modelo de atención para responder a la evolución de las necesidades de los clientes, quienes combinan cada vez más la atención presencial con el uso de canales digitales y remotos.
De acuerdo con cifras suministradas a La Nación, entre el 2025 y el 2026 la visitación a las oficinas del BP disminuyó un 8,12%. Además, cerca del 92% de la transaccionalidad ya se realizan mediante canales digitales y otros medios no presenciales.
“Por ello, el Banco evalúa continuamente su red de oficinas y sus distintos canales de atención, procurando mantener un servicio cercano, oportuno y accesible para todas las comunidades. Cualquier ajuste que eventualmente se adopte responderá a criterios técnicos y buscará fortalecer la atención integral que el Banco brinda a sus clientes”, indicó la Oficina de Prensa.
Actualmente, el Banco Popular cuenta con una red de 92 oficinas distribuidas en todo el territorio nacional.
