Los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declararon confidencial la resolución en la que ordenan revisar la totalidad de las más de 1.200 facturas, que el Partido Restauración Nacional (PRN) presentó como gastos de la campaña presidencial de Fabricio Alvarado.

Esta es la primera vez que un documento de ese tipo –y su respectivo expediente–, es blindado por la cúpula electoral. En al menos otras cinco ocasiones, la decisión se tomó mediante un acuerdo de carácter público y no hubo necesidad de emitir un fallo.

En esta oportunidad, el Tribunal optó por declarar confidencial la revisión total porque la resolución y su legajo contienen “datos de carácter sensible” referentes “a situaciones específicas derivadas de la investigación preliminar en curso”.

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En los casos anteriores, no se hizo mención “a información que ameritara estar protegida bajo el instituto de la confidencialidad”.

Así lo explicó el jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, Rónald Chacón, quien agregó que las pesquisas se dirigen a esclarecer si hubo una aparente estructura paralela que financió la pasada campaña del PRN, fuera de los márgenes de supervisión del órgano electoral y del Comité Ejecutivo del PRN.

“Se han identificado diferencias entre la información financiera reportada por el Partido Restauración Nacional y aquella obtenida de otras fuentes –proveedores, entidades financieras, entre otras–, situación que obliga a profundizar respecto del origen y la aplicación de sus recursos durante el pasado proceso electoral presidencial”, dijo Chacón.

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Ante esas inconsistencias fue que ese departamento pidió a los magistrados el aval para revisar la totalidad de las facturas y documentos de respaldo que presentó Restauración para justificar la liquidación de gastos, la cual asciende a poco más de ¢2.143 millones. El partido pretende que ese monto sea reintegrado con fondos públicos.

Usualmente, el TSE solo realiza una revisión aleatoria; sin embargo, desde el 2010 –cuando comenzó a regir el actual Código Electoral–, comenzó a realizar revisiones totales. Esta es la sexta ocasión en que deciden analizar la totalidad de la documentación presentada por un partido, y la primera del pasado proceso electoral que está bajo una revisión más minuciosa.

Hace ocho años, lo hicieron con las liquidaciones de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Movimiento Libertario y Renovación Costarricense; y en el 2014, ocurrió con la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).

Los magistrados declararon confidencial la resolución N°. 6285-E10-2018, del 20 de setiembre de 2018 y el expediente que sirvió de base para tomar la decisión de revisar la totalidad de la liquidación.

También son privados los hallazgos que vayan surgiendo de la investigación y, eventualmente, solo se compartirían con el Ministerio Público si se encuentra una aparente violación a los códigos Electoral o Penal.

Las facturas y la documentos de respaldo que el PRN presentó para justificar los gastos sí son de acceso público.

Hechos bajo la lupa

Entre otros hechos, el Tribunal investiga una serie de donaciones en especie que Restauración reportó haber recibido durante la pasada campaña electoral.

Por ejemplo, indaga el pago del alquiler de la sede de campaña que Fabricio Alvarado instaló, en Sabana Norte, de cara a la segunda ronda del 1.° de abril.

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El partido reportó que ese desembolso de $3.800 lo había realizado el jefe de campaña de Alvarado, Juan Carlos Campos; sin embargo, quien realmente suscribió el contrato fue una empresa de Campos, de nombre One Sports Costa Rica.

El Código Electoral prohíbe la donación, tanto en efectivo como en especie, de personas jurídicas y extranjeros a partidos políticos. Incluso, establece multas económicas y penas de prisión, que van desde los dos hasta los cuatro años, para quienes lo hagan y para el tesorero de la agrupación.

Otra donación que está bajo la lupa del TSE, y por la cual incluso ya remitió un informe al Ministerio Público, son dos vuelos en helicóptero, los cuales fueron facilitados para que Fabricio Alvarado y parte de su equipo de campaña viajaran ida y vuelta del aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas; a Costa de Pájaros, isla Chira y Jicaral, en Puntarenas.

Si bien Restauración consignó que esos viajes fueron facilitados por el “empresario ganadero” Paulo Rodríguez Herrera, las autoridades del Tribunal presumen que él más bien fue un “testaferro”, pues de los $3.770 que costaron los trayectos, $2.130 fueron desembolsados por dos sociedades anónimas, lo cual está prohibido por el Código Electoral y penado con cárcel.

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Además, el TSE indaga una serie de donaciones, también en especie, que se realizaron de alquiler de salones y habitaciones en varios hoteles de San José, las cuales fueron utilizadas para actividades proselitistas de los restaurados.