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Los encargados de la seguridad del país son los funcionarios que reciben los peores salarios del Estado.
Se trata de los policías de la Fuerza Pública, de la Policía Penitenciaria y de la Policía de Tránsito.
Mientras en algunas instituciones públicas el sueldo promedio es de ¢1,7 millones mensuales, como en el ICT, los salarios de los oficiales oscilan entre ¢600.000 y ¢740.000.
Así se desprende de un análisis de La Nación sobre los salarios brutos de casi 230.000 funcionarios del Estado de 37 entidades distintas, en julio del 2018.
Este medio revisó las remuneraciones de todas las instituciones que integran los tres poderes de la República, así como del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de cuatro universidades públicas: UCR, TEC, UNA y UNED.
Además, el análisis incluyó a cuatro entidades autónomas: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Al comparar los salarios de estas 37 instituciones, este medio encontró que los salarios más bajos están en los ministerios de Seguridad, Justicia y Transportes, los cuales albergan a los tres cuerpos policiales del Poder Ejecutivo.
A su vez, los sueldos son aún más bajos si solo se consideran las remuneraciones de los oficiales de seguridad.
Enormes diferencias
En la Fuerza Pública, cada uno de los 13.000 agentes I y II percibe, en promedio, ¢593.000 al mes. Para los 3.700 policías penitenciarios la remuneración es de ¢659.000 y, para los 830 oficiales de Tránsito, de ¢738.000 mensuales.
Por ejemplo, la planilla del Ministerio de Seguridad la integran casi 16.500 personas, de las cuales el 80% son policías y el 20% realiza algún otro tipo de labor u ocupa una jefatura.
Esa quinta parte del personal tiene un salario promedio de ¢891.000, un 33% superior al de los policías.
A su vez, un funcionario promedio de la Defensoría de los Habitantes gana 2,8 veces lo que recibe un oficial de la Fuerza Pública.
La situación es peor para unos 1.200 policías rasos que ganan ¢451.000 al mes, incluyendo el salario base (¢315.500), más un 18% por riesgo policial y un 25% por disponibilidad.
La posibilidad que tienen esos funcionarios para elevar sus ingresos es acumular años de labor para poder sumar anualidades –las cuales eventualmente se reconocen por cada año servido–, y quinquenios.
También, podrían completar entrenamientos para que se les reconozca carrera policial, rubro que podría alcanzar un 35% del sueldo base (¢110.000) y un plus salarial por concepto de alto riesgo.
Pares fuera del Ejecutivo
La brecha salarial de los policías del Ejecutivo también se refleja con sus pares del Poder Judicial.
Mientras un efectivo de la Fuerza Pública gana ¢593.000 al mes, los auxiliares de seguridad, custodios de detenidos y agentes de protección 1 y 2 de la Corte reciben, en promedio, ¢849.000 mensuales, o sea, un 30% más.
La diferencia también se mantiene, pero en menor proporción, con los policías penitenciarios (¢659.000) y los oficiales de Tránsito (¢738.000).
Esa misma dinámica se refleja con funcionarios de otras instituciones fuera del Poder Ejecutivo, que también realizan labores de seguridad, sin ser propiamente policías.
En la Asamblea Legislativa, el personal de seguridad recibe una remuneración media de ¢1 millón al mes, o bien, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en donde el sueldo promedio de sus oficiales es de ¢1,2 millones y ¢1,1 millones, respectivamente.
Uno de los pocos casos atípicos es Recope, donde hay 194 guardas quienes, en términos generales, tienen un sueldo de ¢632.000. La cifra es superior a lo que gana un agente raso de la Fuerza Pública y menor de lo que devenga un policía penitenciario o un oficial de Tránsito.
Cruzados de manos
Según la viceministra de Seguridad, Fiorella Salazar, desde hace años son conscientes de la necesidad de mejorar los salarios y, por ello, se creó un manual de puestos de escalas policiales, en el 2013.
Sin embargo, asegura que están atados de manos por las medidas de contención de gasto decretadas por el gobierno.
“Desde la parte más poética, pues uno obviamente quisiera pagarles a los policías muchísimo. La labor que desempeñan es una labor muy arriesgada y de mucha importancia para la sociedad y, bueno, las situaciones son las que son, y no serán tan malas desde que tenemos un cuerpo policial tan robusto en el país”.
“Estamos ahora un poquito varados porque no tenemos permiso por las directrices presidenciales, de continuar el análisis de los puestos y la resignación”, declaró Salazar.
Los casos de Justicia y Tránsito
En el caso de Justicia, en la planilla de julio se incluyeron a 5.200 personas, quienes recibieron una remuneración media de ¢765.000 mensuales. No obstante, si solo se saca un promedio de los sueldos de quienes ejercer labores de seguridad (3.700), esa cifra cae un 14% a ¢659.000.
Por el contrario, si solo se calcula la media del personal administrativo el monto crece a ¢1 millón, es decir, un 33% más.
En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ocurre algo similar, aunque la diferencia salarial entre administrativos, operarios y oficiales, es mínima.
Allí trabajan casi 3.200 personas con salarios de ¢755.000, en promedio; los oficiales de Tránsito ganan un 2% menos que ese monto (¢738.000) y el resto del personal un 0,8% más (¢760.000).
Sindicato alerta sobre posible afectación salarial
Mainor Anchía, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)- Fuerza Pública, teme que las medidas de contención del gasto incluidas en la reforma fiscal afecten aún más las remuneraciones de los policías, especialmente a los de primer ingreso.
En su criterio, no se tomaron en cuenta las discrepancias salariales entre los efectivos de seguridad y el resto de personal del Poder Ejecutivo, a la hora de fijar los recortes en el pago del incentivos.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas estable, en su artículo 40, que “no procede la creación, el incremento, ni el pago de remuneración por concepto de ‘discrecionalidad y confidencialidad’, ni el pago o reconocimiento por concepto de bienios, quinquenios o ninguna otra remuneración por acumulación de años de servicio distintos de las anualidades”.
Bajo ese entendido, pluses como la anualidad quedaron congelados a montos fijos y no concatenados a porcentajes del salario, como ocurría anteriormente. Al tiempo que otros, como el quinquenio, que suma un 5% del salario base por cada años servidos, no se le reconocerá a los nuevos funcionarios.
Esas medidas, según Anchía, dejan vulnerables a los policías por sus bajos salarios.
“No es justo que se le quiten incentivos a funcionarios que trabajan en cuerpos policiales con salarios que no son tan atractivos, con incentivos salariales que apenas es que hacen que su salario sea digno”, manifestó el líder sindical.
Y agregó: “Se habla de que hay que ordenar el empleo público, pero nadie levanta la bandera para decir, ‘un momento, aquí estamos haciendo una injusticia, no estamos considerando a nuestros policías’”.
