Son las 10:45 a. m. de cualquier día entre semana. Los 26 niños de la sección 5-4 de la Escuela Finca La Caja, en La Carpio, San José, salen del edificio principal, donde almorzaron.
Se dirigen a otro de los tres inmuebles donde funciona el centro educativo. Van en fila por calles estrechas, en las que esquivan camiones de basura, buses, vagonetas y carros para llegar a unas oficinas prestadas (por la empresa que administra el relleno sanitario) y convertidas en cuatro aulas, donde reciben las lecciones. Su maestra hace de tráfico para pasar de una calle a otra.
La falta de infraestructura hace que estos niños solo reciban cinco lecciones, en vez de siete, como en las demás escuelas públicas.
Esas condiciones explican en parte por qué la Escuela Finca La Caja perdió un 25% de su matrícula entre el 2009 y el 2014. La población pasó de 1.910 a 1.430 estudiantes.
Esta primaria de La Uruca es parte del 72% de los centros educativos (2.860) que bajaron la población en ese periodo, y se destaca, junto con la Joaquín García Monge, en Desamparados, por estar en el grupo de escuelas públicas más grandes y con mayor caída de alumnos.
Lo anterior según un análisis de La Nación que comparó datos de matrícula de 3.982 escuelas.
Circunstancias. La baja natalidad es la causa principal de la contracción de la matrícula escolar, pero cada primaria añade razones propias.
Para el director de la Escuela Finca La Caja, Miguel Aguilar, la falta de un edificio adecuado acelera la pérdida de matrícula.
Los padres buscan opciones educativas con más lecciones y en un ambiente más seguro. “Los niños, cuando no vienen aquí, van a las escuelas Otto Hübbe, en La Uruca, y Juan Rafael Mora, en paseo Colón”, dijo.
Personal de los dos centros confirmó el traslado. En la Juan Rafael Mora aportan casi un 30% de la matrícula. “Lo que hacen (los padres) es enviar a los niños acá para sacarlos del ambiente”, explicó Bryan Cordero Navarro, asistente de dirección en la Otto Hübbe y maestro en La Carpio.
La construcción de una escuela en La Carpio es una vieja historia. Desde el 2012, la Sala IV ordenó solventar los problemas de infraestructura, pero trámites burocráticos (como la titulación de tierras en la zona) han frenado el proyecto. Aguilar contó que el actual gobierno prometió cumplir su promesa en el 2018.
No obstante, el director tiene la esperanza de que, en el corto plazo, las clases de Inglés que se imparten desde abril traigan de vuelta a los niños. Los padres querían que aprendieran ese idioma para mejorar sus oportunidades en el mercado laboral.
Fotografías de Mayela López.
