Una maniobra matemática, hecha a finales de 2008 por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), perjudica, desde entonces, a los consumidores de diésel y gasolina, quienes compran más caro su combustible para que las asfalteras y los usuarios del gas ahorren millones con precios más bajos.
Entre 2009 y setiembre de este año, los clientes de diésel pagaron hasta ¢73.500 millones de más, mientras los de gas LPG se ahorraron unos ¢33.270 millones.
Los otros ganadores son los clientes del asfalto, quienes se economizaron ¢11.600 millones en detrimento de los consumidores de gasolina regular y súper, quienes desembolsaron ¢29.500 millones de más.
Una investigación de La Nación halló que ese subsidio para abaratar el gas y el asfalto (y subir el diésel y la gasolina), está oculto en la fórmula de precios creada por la Aresep en 2008.
En esa fecha, bajo el mando del entonces regulador Fernando Herrero, la entidad modificó la forma de cargar al precio final los costos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), conocidos como factor K, y necesarios para distribuir los 15 productos que esa empresa vende.
Un subsidio cruzado se da cuando se asigna a un producto un costo superior al real, con el fin de reducir el precio de otro.
Eso ocurrió con la fórmula de cálculo, porque aunque Recope tiene definidos los costos de distribuir cada producto (incluye: seguro, flete, cargos portuarios e inventario, entre otros), la Aresep los recalcula, basándose en su precio de importación.
En los últimos seis años, a Recope le costó ¢45 en promedio poner en sus planteles cada litro de diésel, pero el resultado de la operación financiera de la Aresep elevó ese monto a ¢57. Los consumidores pagaron, en promedio, ¢12 más por litro. La media del precio final del diésel (entre 2009 y setiembre anterior), debió ser ¢568 y no de ¢580.
Por el contrario, los usuarios de gas (en su mayoría industrias, comercios, hoteles y restaurantes) pagaron, en promedio, ¢27 por litro; ¢24 menos respecto del costo real estimado: ¢51. De no existir el subsidio, el litro de gas LPG habría costado ¢258, pero se vendió en ¢234.
En el caso de la gasolina, cada litro de regular significó para la Refinadora ¢50 y la súper, ¢51. No obstante, la Aresep subió el K de la regular a ¢54 y el de la súper a ¢56. Una diferencia de ¢4 y ¢5 en contra del consumidor, respectivamente. Los usuarios pagaron por litro de regular ¢641 y ¢666 por el de súper.
Al asfalto, la fórmula más bien lo favoreció. El factor K de ese producto fue de ¢40 y no los ¢70 requeridos. Eso permitió a los empresarios comprar el litro en ¢333 y no en los ¢363 que costaba.
Para llegar a estas conclusiones, La Nación creó una base con datos extraídos de 59 resoluciones emitidas por la Aresep, entre junio de 2009 y setiembre de este año. El impacto económico sobre los consumidores se estimó al multiplicar las ventas de cada carburante por los costos que les asigna la Aresep y también por los costos reales de Recope. Al resultado de la primera multiplicación se le restó el de la segunda.
Este es el primero de seis reportajes donde este medio muestra por qué los ticos pagan los carburantes más caros del Istmo.
Descargo. La Aresep justificó que con el cambio bajaría el costo de los contratos de construcción y mantenimiento vial. También porque se favorecería al gas para cocinar, utilizado como sustituto de la electricidad y la leña.
Consultado al respecto, el exregulador Herrero argumentó, en un correo electrónico, que el cambio de fórmula procuraba dejar explícito que los precios de los combustibles se originan en dos fuentes: sus costos de importación y los de la Refinadora.
“Creo que no se puede hablar de un subsidio cruzado, porque al usar un factor (K) en porcentaje igual para todos los productos, lo que se hace es distribuir los costos de operación en forma proporcional a los costos de importación”, sostuvo Herrero.
Sin embargo, Xiomara Garita, analista tarifaria de Aresep, afirmó que siempre se supo que la metodología creaba un subsidio en contra del diésel y gasolina.
“Fueron decisiones superiores. El regulador fue plenamente consciente de eso”, agregó Garita, quien formó parte del grupo redactor del informe que sustentó la nueva fórmula. La funcionaria alegó que actuaron a petición de Fernando Herrero y sus asesores. “Se da la orden al equipo técnico y este la aplica”, recalcó.
El subsidio se dió pese a que la ley obliga a la Aresep a velar por la no discriminación de un sector o consumidor.
En cuanto a Recope, el cambio en el cálculo de sus costos no la afecta; siempre recibe los recursos necesarios para funcionar. “La fórmula sí impacta a los consumidores”, reconoció Luis Carlos Solera, jefe de Estudios Económicos de la refinería. La entidad apeló la resolución del órgano regulador, pero no tuvo éxito.
Hasta hoy, la Aresep mantiene el mismo esquema para fijar los precios de los combustibles. Ingrid Araya, coordinadora de Tarifas de hidrocarburos, dijo el miércoles anterior que analizan una nueva fórmula.
Así nació el subsidio. Antes de noviembre de 2008, la Aresep sumaba al precio del litro de los carburantes un monto único (¢58 ese año) para cubrir los costos de Recope. Ese método también incorporaba un subsidio, pues cada producto tiene un costo distinto.
A finales de ese mes, la Aresep convirtió ese monto fijo en uno porcentual. Para estimarlo multiplica el precio de importación del litro de cada combustible por la proyección de sus ventas anuales. La sumatoria de esas operaciones se divide entre los ingresos autorizados a Recope (¢188.000 millones para este año).
El porcentaje obtenido se aplica al precio internacional de cada producto y el resultado se carga al precio final del litro. Ese monto difiere de los costos reales de distribución, generando el subsidio.
Herrero permitió esa distorsión al avalar, en agosto de 2008, el informe técnico para la nueva fórmula. Esto, pese a que desde su llegada a Aresep en 2006, les declaró la guerra a los subsidios.
En el reporte técnico, la Aresep reconoció que la fórmula abarata los combustibles de menor demanda y precio internacional “eso sí, a costa de ajustar, en mayor medida, los precios de los más caros (gasolinas y diésel)”.
En abril de 2008, siete meses antes de que la fórmula rigiera, la Cámara de Industrias se quejó por los precios del búnker y el gas, usados por sus afiliados.
Otro beneficio. En cuanto al asfalto, este ya había gozado a inicios de 2007 de otra rebaja: ¢128 menos por litro. Lo anterior ocurrió cuando Herrero eliminó los subsidios que favorecían el diésel. En aquel momento, la medida tuvo el beneplácito de la Constructora MECO, una de las principales contratistas del Estado para conservación vial, que vaticinó una rebaja de 18% en el costo del arreglo de las calles. Empero, ocho años después, el Consejo Nacional de Vialidad desconoce si dichas promesas se cumplieron.