Con solo recortar las pensiones de lujo de 132 exfuncionarios judiciales, la Corte se ahorrará ¢1.000 millones al año.
Ese es el número de jubilados que reciben más de ¢4,1 millones mensuales y que desde junio están obligados a pagar una contribución solidaria sobre el monto que excede ese tope.
En promedio, a cada uno se le redujeron ¢631.000 al mes, es decir, unos ¢7,5 millones anuales. La contribución oscila entre un 35% y un 55% y, entre más alto sea el excedente, más alto es el porcentaje que deben destinar al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.
En el caso de varios exmagistrados, el recorte fue hasta de ¢2,7 millones mensuales; unos ¢32,4 millones al año.
Algunos de ellos forman parte de un reducido grupo de jubilados que antes de la reforma tenían pensiones que superaban los ¢9 millones.
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El ahorro de ¢1.000 millones es el resultado de la reciente entrada en vigencia de la reforma que los diputados hicieron al Fondo de retiro de la Corte, con el objetivo de revertir el déficit de ¢5,3 billones proyectado en ese sistema jubilatorio.
Los nuevos ingresos contemplan la contribución solidaria y el aumento de un 2% en el aporte obligatorio, que tanto funcionarios judiciales como pensionados deben girar al régimen, mes a mes.
Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, asegura que con estas medidas el Fondo de Pensiones tendrá un "superávit importante" y no corre el riesgo de incumplir con el pago de obligaciones.
"El impacto se ve de manera inmediata en la liquidez del Fondo, el ingreso es muy significativo y viene a atender la situación de liquidez que en el corto plazo era lo que se había señalado, en su momento, que existía el riesgo de que las obligaciones llegaran a ser mayores que los ingresos por aportes, pero con estas medidas eso se atiende de inmediato", expresó Romero.
Desglose del ahorro
El mayor recorte a las pensiones de lujo es por concepto de la contribución solidaria. En conjunto, a los 132 jubilados —más de ¢4,1 millones al mes—, se les rebajó ¢69 millones, durante el mes de junio, cifra que al año rondará los ¢827 millones, según cálculos de La Nación, con base en datos de la Dirección de Gestión Humana y el Departamento Financiero Contable del Poder Judicial.
Con respecto el incremento del 2% en el aporte obligatorio, a los jubilados de lujo se les rebajaron ¢14,5 millones más en junio, es decir, unos ¢174 millones al año. El aporte obligatorio pasó del 11% al 13% del salario o la pensión.
Con esos ¢1.000 millones por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podría financiar 3.512 jubilaciones mensuales del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), tomando en cuenta que allí la pensión promedio es de poco más de ¢285.000.
El 3% de la población jubilada
Los 132 jubilados de lujo corresponden al 3% de los 3.940 pensiones que tiene actualmente el régimen del Poder Judicial.
De ese grupo, el recorte hecho a 19 exmagistrados representa casi el 40% de los ¢1.000 millones. La rebaja para ese grupo fue de ¢395 millones anuales.
En promedio, a cada uno de esos exaltos jueces se les redujo la jubilación en ¢1,7 millones al mes, es decir, unos ¢20,8 millones anuales; casi tres veces por encima de la media de los todos los pensionados de lujo, quienes sufrieron una reducción de ¢631.000 al mes, o sea, unos ¢7,5 millones anuales.
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Según el Informe de Coyuntura y Supervisión del Sector Pensiones de la Superintendencia de Pensiones (Supén), el Poder Judicial tiene los jubilados con las pensiones más altas de Costa Rica.
Este fondo de retiro cuenta con un grupo de 1.114 retirados quienes, en promedio, reciben al mes ¢3 millones de pensión.
En contra de los cambios
La decisión del Consejo Superior del Poder Judicial, de iniciar con el cobro de la contribución solidaria a la pensiones de lujo, fue impugnada ante la Sala Constitucional por 12 exjueces, siete altos exjerarcas del Poder Judicial y una viuda, quienes presentaron recursos de amparo entre el 1.° y el 4 de junio.
Los recursos se encuentran en estudio de admisibilidad, de acuerdo con la oficina de prensa de la Sala IV.
La queja de los pensionados es contra la cúpula administrativa de la Corte, como órgano administrador del Fondo de Pensiones, por emitir a finales de mayo el acuerdo que ordena aplicar los rebajos.
La reforma fue aprobada por los diputados en abril pasado, luego de que la Sala IV avalara el contenido, tras no encontrar ningún vicio de inconstitucionalidad.
Antes de que la Asamblea Legislativa aplicara estos recortes y otras medidas como elevar la edad de jubilación; en el seno del Congreso se planteó la posibilidad de que todos los costarricenses aportaran ¢1,3 billones, por medio del Gobierno, a lo largo de varios años, para contrarrestar la crisis financiera que afronta actualmente el régimen de la Corte. Esa opción fue descartada.
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Los exmagistrados que acudieron a la Sala IV son Eduardo Sancho González, Magda Lorena Pereira Villalobos, Álvaro Fernández Silva, Luis Fernando Solano Carrera, Rodrigo Montenegro Trejos, Alfonso Chaves Ramírez, Anabelle León Feoli, Ana Virginia Calzada Miranda, Eva Camacho Vargas, Mario Alberto Houed Vega, Rolando Vega Robert y Adrián Vargas Benavides.
También lo hicieron los exdirectores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Francisco Segura Montero y Jorge Rojas Vargas, así como el exdirector ejecutivo del Poder Judicial Alfredo Jones León.
La lista la completan Alejandro López McAdam, exjuez y exmiembro del Consejo Superior de la Corte; Milena Conejo Aguilar, también exintegrante del Consejo Superior; Lupita Chaves Cervantes, exmagistrada suplente; Rafael Sanabria Rojas, exjuez, y Rosa Iris Gamboa Monge, viuda del exmagistrado Édgar Cervantes Villalta.
