El Fondo de Pensiones del Poder Judicial dispondrá de más de ¢6.000 millones adicionales al año, con el aumento del 2% en el aporte obligatorio que todos los asalariados y jubilados deben desembolsar, mensualmente.
Esa contribución pasó de un 11% a un 13% y es una de las reformas al sistema de retiro de la Corte que aprobaron los diputados en abril pasado, en busca de recursos frescos para cerrar el hueco de ¢5,3 billones proyectado para este año.
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Solo en junio, el incremento significó ingresos adicionales por ¢502 millones. La rebaja a los servidores activos generó ¢386 millones, mientras que a los pensionados ¢116 millones. Al año, la suma de esos dos rubros asciende a ¢6.024 millones.
En total, son 12.650 asalariados y 3.940 pensionados, es decir, 16.590 personas, quienes mensualmente giran ese aporte al Fondo de Pensiones del Poder Judicial.
Con el 11%, los ingresos anuales hubiesen sido de ¢33.000 millones, pero ahora con el alza al 13% serán poco más de ¢39.000 millones, según estimaciones de La Nación, con datos del Departamento Financiero Contable del Poder Judicial.
En junio, también se comenzaron a aplicar otra serie de reformas.
Por ejemplo, a los 132 pensionados del Fondo, que reciben más de ¢4,1 millones al mes, se les rebajaron ¢69 millones por concepto de contribución solidaria, cifra que al año rondaría los ¢827 millones.
La contribución solidaria se le cobra solo a quienes reciben más de ¢4,1 millones por mes de pensión y oscila entre un 35% y un 55% del monto que excede ese tope.
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También se aumentó la edad de jubilación a 65 años (antes era de 60 años); se empezó a otorgar como pensión el 83% del salario promedio de los últimos 240 sueldos (antes se giraba el 100% de los últimos 24 meses) y se impuso un tope de ¢4 millones como pensión máxima (antes de la reforma algunas pensiones superaban los ¢9 millones).
Estas reformas fueron impugnadas ante la Sala Constitucional por 12 exjueces, siete altos exjerarcas del Poder Judicial y una viuda, quienes presentaron recursos de amparo entre el 1.° y el 4 de junio. Los recursos se encuentran en estudio de admisibilidad.
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La queja de los pensionados es contra el Consejo Superior del Poder Judicial, como órgano administrador del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, por emitir el acuerdo que ordena aplicar los rebajos.
Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial: 'Vamos a permanecer con un superávit importante'
– ¿Cuán importantes son estos nuevos ingresos para el Fondo?
– El impacto se ve de manera inmediata en la liquidez del Fondo, el ingreso es muy significativo y viene a atender la situación de liquidez que en el corto plazo era lo que se había señalado, en su momento, que existía el riesgo de que las obligaciones llegaran a ser mayores que los ingresos por aportes, pero con estas medidas eso se atiende de inmediato y vamos a permanecer con un superávit importante en favor de ir incrementando el patrimonio.
– ¿Cómo les fue con la implementación de las reformas?
– La institución desde que se promulgó la ley constituyó un equipo de trabajo previendo todas las demandas operativas y de decisión que iba a conllevar la implementación, entonces ahí se definieron las diferentes acciones para ajustar lo que correspondía a sistemas informáticos y tomar otras medidas en cuanto al cronograma de aplicación y lo que corresponde a los nuevos pagos de jubilados y pensionados y también de funcionarios activos. Todo eso se planificó de manera tal que, cuando salió el visto bueno de la ley ya estaban definidas las acciones que íbamos a tomar para implementar lo que dispone.
– ¿Cómo reaccionaron los funcionarios a los cambios?
– El Consejo Superior envió un comunicado dirigido tanto a las personas activas como a los pensionados y jubilados con respecto a los rebajos adicionales que correspondía aplicar y cuándo se iban a aplicar, por supuesto que hay reacciones adversas, hemos recibido en el Consejo Superior una serie de gestiones de los diferentes gremios alegando la no procedencia de los rebajos. Sin embargo, pues el Consejo ha actuado apegado a la ley y ha procedido conforme a lo que dispone.
– ¿Y en el caso de los jubilados?
– Quejas de ellos no hemos recibido, pero sí nos hemos enterado, por medio de la prensa, de otro tipo de acciones que han tomado, como los recursos de amparo (ante la Sala Constitucional).
– A largo plazo, ¿qué otras reformas considera necesarias para asegurar la continuidad del Fondo?
Definitivamente más allá de estas reformas no es posible, se llevan prácticamente al tope las condiciones del esquema de beneficios en cuanto a la edad y a la forma de cálculo.