En el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) hay 369 funcionarios, casi la mitad de la planilla, que reciben un salario superior al que percibe el ministro, Renato Alvarado.
La cifra es aún mayor en Justicia, donde 456 trabajadores ganan más que la jerarca de esa cartera, Marcia González.
Esa misma historia se repite, con menor magnitud, en otros tres ministerios, donde al menos 113 colaboradores reportaron un sueldo superior al del ministro. Específicamente, eso también ocurre en Hacienda, Salud y Cultura.
Así se desprende de un análisis que realizó La Nación de las planillas con los salarios brutos de 23 ministerios (o entidades cuyo jerarca tiene rango de ministro) y de la Presidencia de la República, de julio pasado.
Del total de instituciones estudiadas, solo en cuatro el ministro es quien percibe el mayor salario. Tales son los casos de Epsy Campbell, en la Cancillería –excluyendo el Servicio Exterior–; Juan Carlos Mendoza, en Comunicación; Hernán Solano, en Deportes; y Victoria Hernández, en Economía.
Mientras, en la planilla de Casa Presidencial tampoco se reportó que alguien gane más que el mandatario Carlos Alvarado, cuyo salario es de poco más de ¢5 millones.
En los 14 ministerios restantes, desde un funcionario y hasta 49, ganan más que el jerarca. En promedio, el salario de un ministro ronda los ¢2,5 millones.
Por ejemplo, en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) hay 49 colaboradores que tienen un sueldo superior a la presidenta ejecutiva, María Amalia Revelo (¢2,7 millones), quien tiene rango de ministra.
Y en el Ministerio de Educación Pública (MEP), son 28 trabajadores quienes perciben una remuneración mayor que Edgar Mora, cuyo salario es de ¢2,5 millones.
Por lo general, los médicos son quienes aparecen ganando más que los jerarcas, brecha que es impulsada por las anualidades y el denominado “enganche salarial”.
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¿Por qué ganan más que el ministro? El efecto de los incentivos
Si bien, en la mayoría de los casos, los jerarcas son quienes tienen los salarios base más altos, sus subalternos engrosan sus ingresos a base de incentivos, y es allí donde nace la disparidad entre la responsabilidad del cargo y la paga recibida.
Especialmente, el disparador salarial es la anualidad, un plus al cual los funcionarios pueden acceder cada año, si reciben una evaluación satisfactoria de su desempeño, y se va acumulando con el paso de años trabajados para el Estado. El 99% de los trabajadores públicos recibe ese beneficio, casi de manera automática.
Otros incentivos que también inciden, con fuerza, en la remuneración de los empleados públicos son la carrera profesional, que se da según los títulos universitarios, y la dedicación exclusiva o prohibición, que es una compensación por no ejercer la profesión fuera del Gobierno.
Además, los médicos, odontólogos, psicólogos y veterinarios reciben beneficios adicionales, al estar cubiertos por la Ley de Incentivos Médicos, la cual les da anualidades y ajustes salariales por encima del resto de funcionarios del régimen del Servicio Civil.
Actualmente, el Estado gasta más en pluses que en salarios. Por cada ¢100 desembolsados en sueldos base, se giran ¢103 por incentivos este año, según consignó Hacienda en el proyecto de Ley del Presupuesto Nacional para el 2019.
En el MAG, por ejemplo, el 51% de los ¢1.063 millones que se gastaron en remuneraciones durante julio se destinó para el pago de incentivos, ¢15,6 millones más que en salarios. Mientras que el 43% de la partida de pluses salariales se fue solo en anualidades.
Un casi simular ocurre en el Ministerio de Hacienda, donde la proporción de la inversión también es de 51%-49%. Allí, los beneficios superan los salarios en unos ¢113 millones mensuales.
Los cinco casos, uno por uno
Justicia es el ministerio donde se registró el mayor número de funcionarios con salarios superiores al del jerarca. En total, 456 personas ganan más que Marcia González, es decir, el 9% de la planilla del mes de julio (5.232).
La diferencia, en gran medida, se da porque ella renunció al cobro de incentivos y solo recibe un sueldo de ¢1,3 millones mensuales, es decir, la mitad del salario promedio de un ministro.
Además, el factor anualidad hizo que los nueve mejores sueldos brutos sean de médicos y odontólogos, quienes devengan entre ¢3,8 millones y hasta ¢4,5 millones. Todos ellos reciben más dinero por ese incentivo, que por concepto de salario base.
En Agricultura, ocurre de forma similar que en Justicia, hay 369 trabajadores que reciben una remuneración mayor que el jerarca Renato Alvarado.
Ese número representa el 42% de la planilla del MAG. Incluso, hay tres funcionarios que solo en anualidades reciben más que el salario total de Alvarado.
Él recibe ¢1,3 millones de pago al mes, pues al ser su primera experiencia en el sector público, no acumula anualidad y, además, no cumple con los requisitos para cobrar el incentivo por prohibición, el cual equivale hasta el 65% del salario base y fue creado para impedir que los jerarcas del Estado ejerzan sus profesiones liberales.
Ese plus solo se paga a quienes ejercen profesiones liberales, como el derecho, y no a quien posee un título en filosofía, como es el caso del jerarca del MAG.
En Hacienda hay 179 funcionarios que ganan más que la ministra Rocio Aguilar, cuyo salario es de ¢2,2 millones, o sea, el 6% de la planilla de 2.888 funcionarios.
En el caso de Aguilar, su salario podría ser mayor en el corto plazo, ya que aún no certifica el tiempo servido en otras instituciones del Estado, con lo cual podría cobrar anualidades. Ella fue secretaria Técnica del Consejo Nacional de Concesiones y Contralora General de la República.
En Salud, el cálculo se hizo con el salario que percibió Giselle Amador, quien renunció al cargo de ministra el pasado 23 de noviembre.
Ella recibía una remuneración de ¢3,4 millones, con todos los incentivos de ley: anualidades, prohibición y carrera profesional. Sin embargo, por encima suyo había 118 funcionarios que ganaban más. Es decir, el 5% de la planilla del ministerio (2.333 colaboradores).
Amador había decidido renunciar temporalmente a su pensión, porque el salario como jerarca es superior.
Finalmente, está el Ministerio de Cultura y Juventud, donde el 18% de los 621 empleados, es decir, 113, tienen un salario mayor que la jerarca Sylvie Durán, quien solo recibe incentivo por anualidad.
Durán no califica para cobrar prohibición (65% de su salario base), pues no ejerce ninguna carrera liberal. Ella tiene un título en artes dramáticas y una maestría en gestión, políticas culturales y desarrollo. Y además, no solicitó el pago por carrera profesional y dedicación exclusiva. En total, su remuneración es de casi ¢1,5 millones.
Otra causa: Salarios congelados
Para el director del Servicio Civil, Alfredo Hasbum, un factor determinante para explicar las superioridades de algunos funcionarios, radica en que los sueldos de los ministros están congelados desde hace siete años y el presidente Carlos Alvarado se comprometió a no incrementarlos hasta el 2020.
"Debería de respetarse el principio de que, a más responsabilidad, mejor salario, y definitivamente en el caso del Gobierno central, eso no se cumple. Hay una brecha ahí y esa brecha, mientras no se corrija, cada vez será peor, porque estamos utilizando salarios del 2011”, dijo Hasbum.
No obstante, él insiste en que “la gran mayoría de los funcionarios del sector público gana un millón y resto (de colones)”, salarios que considera “bastante bajos”. Al tiempo que aseguró que, solo en casos “aislados” los funcionarios llegan a tener un salario alto, en comparación con las funciones que realizan.
‘Se nos salió de las manos’
En reiteradas ocasiones, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, ha hablado sobre la necesidad de reformar el empleo público, para migrar hacia una escala salarial más acorde con las necesidades del Estado y no a base de incentivos que generen disparidades.
“No podemos cerrar los ojos y pensar que esos incentivos han nacido por accidente, en algunos casos han nacido porque no hay una estructura salarial que permita atraer a los funcionarios”, explicó la ministra cuando presentó medidas de contención de gasto ante el Congreso en mayo.
A la espera de una reforma al empleo público, mediante cuatro decretos y cinco directrices, Aguilar y el presidente Carlos Alvarado iniciaron con una ‘primera fase’ de medidas para frenar el crecimiento del gasto, entre otras cosas, reduciendo algunos pluses.
Por ejemplo, el monto que se paga por anualidades ya no estará sujeto a un porcentaje del salario base, sino que pasó a ser un monto fijo, lo que detiene el crecimiento exponencial.
Además, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, anunció que el Gobierno pretende presentar la reforma al empleo público, a más tardar en marzo de 2019, una vez que termine la consulta del texto borrador con diferentes sectores.