El plan para reactivar la pesca de arrastre, aprobado en noviembre del 2017 por el Gobierno, naufraga en la polémica, pues las universidades Nacional y de Costa Rica desmienten haber sido parte de su elaboración.
Hace tres semanas, Gustavo Meneses, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) –entidad que impulsa el proyecto– dijo a La Nación que dicha propuesta había pasado por la asesoría legal de la UNA y la UCR.
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Sin embargo, tras la publicación, ambas casas de enseñanza negaron haber sido parte de esta iniciativa, afirmación que el jerarca del ente pesquero cataloga como “desconcertante”.
De la que sí participaron –expresaron las instituciones educativas– fue de la Mesa de Diálogo para el Aprovechamiento Sostenible de Camarón, Generación de Empleo y Combate a la Pobreza, fundamento del proyecto de Ley para el Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Camarón en Costa Rica, que ingresó a la corriente legislativa hace más de un año, pero se encuentra varado en la Comisión de Ambiente.
Se trata de una iniciativa con varios objetivos. Dos ellos, establecer una política sostenible para el aprovechamiento del recurso camarón, así como atender las necesidades de los pescadores que, en el 2013, cuando la Sala IV prohibió la pesca de arrastre en Costa Rica, quedaron desempleados.
Sobre la Mesa de Diálogo
“Dos representantes de la UCR, la doctora Helena Molina y mi persona, participamos en las reuniones de la Mesa de Diálogo, especialmente en el grupo de investigación. No participamos en la elaboración de la propuesta de nuevas licencias de Incopesca. No teníamos conocimiento de que Incopesca estuviera trabajando en eso”, afirmó Ingo Wehrtmann, director del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar).
Asimismo, el funcionario agregó que desde que se llevan a cabo esas reuniones, nunca se habían enterado de que se trabajaba en un plan para renovar las licencias para la pesca de arrastre.
“Nunca se mencionó en las reuniones del grupo de investigación donde yo participé que se estaba trabajando para abrir nuevas licencias. Fue algo nuevo para mí. Y lo que hace la junta directiva de Incopesca es otra cosa que las reuniones del grupo de investigación de la Mesa de Diálogo... En resumen, la UCR no ha participado en el proceso de Incopesca para la elaboración del documento para las nuevas licencias”, aseveró Wehrtmann.
En el caso de la UNA, mediante un correo electrónico enviado a este medio, la Escuela de Biología de esta entidad dijo desconocer el proyecto.
“El señor presidente ejecutivo de Incopesca confunde a la opinión pública haciendo esta temeraria afirmación…. Nuestros investigadores en materia de recursos pesqueros reafirman no conocer nada al respecto de esta investigación, incluyendo aspectos básicos como el método científico aplicado, las técnicas de muestreo empleadas, la aplicación de modelos para el análisis de muestras, ni los resultados y conclusiones obtenidas”, dictó el mensaje.
Se basaron en 'estudios ya hechos'
Por su parte, Gustavo Meneses, presidente ejecutivo de Incopesca, dijo que lo que hizo la entidad que él representa fue utilizar información recopilada por profesionales de la UNA y de la UCR, como una forma de sustentar la propuesta para reactivar la pesca de arrastre.
Esto, afirmó el jerarca, porque, como institución, tenían la potestad para hacer uso de esos datos.
El material utilizado es una serie de mapas de zonificación elaborados por ambas universidades, los cuales determinan cuáles son las áreas marinas de conservación, es decir, las zonas que quedan excluidas de la pesca de camarón, ya sea porque son parques nacionales o porque son sitios vulnerables.
“Se les pidió ayuda a las universidades, se determinó que lo lideraría el Cimar. Ellos desarrollaron encuentros donde se invitó a los sectores y se planteó el desarrollo de la investigación… La prueba de que ellos participaron en el proceso es que ahí están los mapas”, justificó Meneses.
Asimismo, reiteró el funcionario, lo que hizo Incopesca fue aprovechar los estudios de carácter técnico ya existentes, como se habría hecho en cualquier otra ocasión.
“Nosotros estamos generando un instrumento fruto de aquellos que han investigado sobre lo mismo, porque eso es potestad de la institución. Los utilizamos (los mapas) para fundamentar el acuerdo de junta directiva”, enfatizó.
El líder de Incopesca aseguró sentirse “desconcertado” con la reacción de los miembros de la academia.
“Esos mapas no se los sacó Incopesca de la manga. Tenemos un producto finalizado, las actas de los proyectos de investigación. Cuando yo hago alusión a que participó la academia, es porque tengo nombramientos oficiales (personas que participaron). Por eso, las valoraciones que hacen me dejan desconcertado. No estamos cometiendo ninguna arbitrariedad”, concluyó Meneses.
Un tema de profundidad
En el 2013, la Sala IV prohibió la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica por considerarla agresiva para el ambiente, debido a que las redes empleadas para esta actividad sacrificaban a otras especies y dañaban el subsuelo marino.
Sin embargo, en noviembre del 2017, el Gobierno decidió reactivar las licencias para esta práctica, luego de un acuerdo tomado por la junta directiva de Incopesca.
De dicho acuerdo surgió el plan del cual, hoy, tanto la UNA como la UCR, dicen no tener ningún conocimiento.
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La pesca de arrastre es una actividad que divide a varios sectores. En un bando están los camaroneros y demás personas quienes, antes de la prohibición de la Sala IV, veían en esta actividad su única fuente de empleo. En el otro, los ambientalistas, que fustigan esta labor porque la consideran nociva para el ecosistema marino.
De hecho, la actual propuesta de Incopesca para revivir esta actividad ya cuenta con cuatro recursos de amparo en su contra, interpuestos por líderes del área ambiental.
Hasta que el ente constitucional no resuelva estas apelaciones, la aprobación de las licencias queda sin efecto.