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Aunque por ley, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) debe tener una comisión científica que asesore sus decisiones, actualmente esta no funciona.
Eso hace que Incopesca sea ineficiente en el establecimiento de las vedas y en regular las tallas mínimas que deben tener las especies al ser capturadas, lo cual deriva en la sobreexplotación del recurso marino.
Así lo determinó una auditoría realizada por la Contraloría General de la República.
“La Comisión de Coordinación Científico Técnica, dispuesta por la Ley N° 7384, no está operando, por lo que la junta directiva en el momento de tomar decisiones, tanto en lo que corresponde a las tallas mínimas como a la declaratoria de vedas, carece del dictamen que ese órgano debe dar en aquellos asuntos que requieran del pronunciamiento científico”, indica el informe de auditoría.
La Contraloría también advirtió de la ausencia de un sistema de información que integre las estadísticas históricas de las pesquerías, insumo básico para la toma de decisiones.
“Las estadísticas actuales se encuentran atrasadas en cuatro años”, se lee en el informe.
Para Gustavo Meneses, presidente de Incopesca, lo señalado por Contraloría no toma por sorpresa a la institución.
En el análisis interno, que forma parte del proceso de reforma institucional, se habla de la importancia de reactivar esta comisión, así como de emprender acciones para fortalecer su Departamento de Investigación y así este tenga un mayor alcance.
“Lo vemos como un informe de carácter propositivo, en el sentido de reafirmar las carencias que ya habíamos detectado y en las que ya venimos trabajando”, declaró Meneses.
El informe, según Meneses, será analizado hoy con más detalle en la sesión de Junta Directiva.
Disponibilidad de información. Para Rándall Arauz y Javier Rodríguez, miembros del colectivo de organizaciones llamado Frente por Nuestros Mares , la inoperancia de esa comisión tampoco puede ser una excusa.
Aparte de la información técnica provista por su Departamento de Investigación, Incopesca tiene a disposición estudios elaborados por universidades estatales y organizaciones no gubernamentales, así como por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
“En el país existe información técnica de sobra para dar recomendaciones”, destacó Arauz.
“Aunque esta comisión funcionara, la Junta Directiva de Incopesca pudiera no acatar sus recomendaciones”, dijo Rodríguez y agregó: “No es falta de capacidad técnica, es falta de interés”.
Según Arauz, el manejo de las pesquerías implica decir cómo se debe pescar y eso conlleva restricciones, las cuales pudieran atentar contra intereses económicos de particulares.
Meneses, por su parte, manifestó que el conocimiento tradicional del pescador también debe considerarse como información técnica y este es un aspecto que se tendrá en cuenta en el proceso de reforma institucional.
Vedas y tallas mínimas. Según el informe de Contraloría, el establecimiento de las vedas debe sustentarse en criterios técnicos que permitan la protección del recurso marino para garantizar su sostenibilidad a futuro.
“La declaración de vedas sin asidero científico incide en la reducción paulatina de la biomasa de pesca disponible al mediano y largo plazo”, manifestó Contraloría en su reporte de auditoría.
Para Arauz, aparte del criterio técnico, las vedas requieren de un esfuerzo de control y vigilancia por parte del Estado.
“Las vedas, como estrategia de conservación, funcionan en la medida en que se respeten”, dijo Arauz y agregó: “Pero hay una tolerancia estatal ante la pesca ilegal en el golfo de Nicoya. Entonces, ¿para qué una veda si no se respeta?”.
“¿De qué sirve recuperar las poblaciones si, una vez que se levanta la veda, no hay restricciones? Aunque se cumpliera la veda, la recuperación se pierde en poco tiempo porque no se utilizan métodos sostenibles de pesca”, añadió Rodríguez.
Contraloría se refirió a este tema al advertir la necesidad de “fortalecer los mecanismos de control interno respecto a la vigilancia sobre el uso de artes de pesca no permitidas y en las actividades de extracción pesquera en áreas donde existe prohibición”.
La determinación de tallas mínimas de primera madurez sexual (TPMS) toma en cuenta el tamaño en que las especies empiezan a reproducirse y así aportan nuevos individuos a la población. La idea es no capturar juveniles.
En el caso de Incopesca, este no ha identificado TPMS para todas las especies de interés comercial. “Situación que ha posibilitado la captura de espécimenes juveniles en la última década, por lo que se ha venido generando el agotamiento paulatino de estos recursos”, señaló Contraloría.
En el 2013, Incopesca hizo un esfuerzo en este sentido y estableció tallas mínimas para algunas especies de interés comercial.
“Sin embargo, posteriormente en ese mismo año la junta directiva decidió dejar sin efecto esta regulación para algunas especies por un plazo de hasta dos años, al considerar que la información provista por los técnicos del instituto debía ser corroborada con estudios adicionales; criterio que no fue compartido por el Departamento de Desarrollo e Investigación, unidad especializada del instituto en temas de investigación biológica”, se lee en el informe de auditoría.
Es más, la captura de juveniles va en detrimento de la economía del mismo pescador.
En el corto plazo, este recibe menos dinero a la hora de vender un animal de talla pequeña, porque este va a pesar menos. “Ellos mismos se han visto afectados por la reducción de sus ingresos por el aumento de la pesca de especímenes de menor calidad y peso”, señaló Contraloría.En el largo plazo, y al agotarse el recurso marino, ya no van a tener qué pescar y esto impactará la economía de las comunidades pesqueras, las cuales ya se ven sumidas en la pobreza.
