EscucharLa exlíder birmana Aung San Suu Kyi, ya procesada por violar oscuras normas comerciales y sanitarias, fue acusada el lunes de otros dos delitos, mientras el país sigue bajo tensión tras la jornada de represión más mortífera desde el golpe de Estado.
La Premio Nobel de la Paz está ahora procesada por violar una ley de telecomunicaciones y por "incitación al desorden público", dijo a la AFP el abogado Nay Tu, miembro de su equipo de defensa, tras la audiencia, a la que Aung San Suu Kyi asistió por videoconferencia.
Ya había sido acusada de importar ilegalmente walkie-talkies y de incumplir las restricciones por el coronavirus, unos motivos considerados extravagantes por los observadores internacionales.
Incomunicada desde su detención, estaba "al parecer en buen estado de salud", dijo su abogado principal, Khin Maung Zaw, que vio a su cliente por videoconferencia por primera vez y aún no se le ha permitido reunirse con ella. El 15 de marzo está prevista una nueva vista.
Las nuevas acusaciones se producen al día siguiente de una jornada de represión particularmente sangrienta.
Al menos 18 personas murieron el domingo, según la ONU, basándose en "información creíble".
La televisión estatal MRTV anunció que se efectuaron 1.330 arrestos y once personas perdieron la vida, e informó que se ordenó a las fuerzas de seguridad no utilizar balas reales contra los manifestantes.
A pesar del temor a las represalias, los manifestantes volvieron a salir a la calle el lunes.
Cerca de la tristemente célebre prisión de Insein, en Rangún, las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes que protestaban por las detenciones del día anterior, según una transmisión en directo en las redes sociales.
Por el momento no fue posible determinar si los disparos se realizaron con munición real o con balas de goma. "Estamos unidos", coreaban los manifestantes.
En otras partes de la capital económica, algunos manifestantes levantaron barricadas improvisadas con maderas, sofás o palos de bambú para protegerse.
La policía disparó balas de goma en un intento de dispersar a algunos de ellos, según medios locales, que señalan que hubo varios heridos.
Tras casi un mes de movilización prodemocrática con manifestaciones diarias y una campaña de desobediencia civil, la respuesta de las autoridades fue especialmente mortífera el domingo.
Tres manifestantes murieron en Dawei, en el sur del país, tras haber sido blanco de "munición real", según un socorrista.
Los residentes salieron a las calles de la ciudad costera el lunes por la mañana para depositar flores rojas y encender velas frente a los retratos de las víctimas.
Diputados depuestos de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi, declararon que la junta era "un grupo terrorista".
"A raíz de las atrocidades y actos de terrorismo de los militares, las calles y las comunidades en toda Birmania se han convertido en campos de batalla", dijo el comité de diputados.
El ejército no respondió a las peticiones de la AFP pero los medios estatales advirtieron el domingo que "inevitablemente se tomarán medidas severas" contra las "multitudes anárquicas".
Desde el golpe de Estado del 1 de febrero, murieron unos 30 manifestantes, según AAPP, una oenegé que asiste a los presos políticos. El ejército afirma que un policía fue asesinado cuando intentaba disolver una manifestación.
El uso de armas letales por parte de la policía y el ejército contra manifestaciones mayoritariamente pacíficas ha provocado una nueva ola de protestas internacionales.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, condenó en Twitter la "abominable violencia de las fuerzas de seguridad birmanas".
"El uso de la fuerza letal (...) y las detenciones arbitrarias son inaceptables", dijo por su parte el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Por su parte, el jefe de la diplomacia británica, Dominic Raab, ensalzó la valentía del pueblo birmano ante "esta brutalidad".
Y el ministerio de Relaciones Exteriores alemán convocó el lunes al embajador de Birmania en Berlín.
Las numerosas protestas internacionales y el anuncio de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea no consiguieron hasta ahora influir en los militares.
"El mundo debe intensificar su respuesta. Las palabras de condena son bienvenidas, pero no son suficientes", dijo el relator especial de la ONU, Tom Andrews, y explicó que el lunes publicaría una lista de opciones que propondría al Consejo de Seguridad.
Las últimas revueltas populares en el país, en 1988 y 2007, fueron reprimidas con sangre por el ejército, que ya llevaba casi 50 años en el poder desde la independencia del país en 1948.
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