EscucharEl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que pidió al Poder Judicial investigar a un juez que ordenó suspender la aplicación de una polémica reforma a la ley de la industria eléctrica nacional.
El cambio legislativo, que busca fortalecer el papel de la compañía eléctrica estatal CFE, pero cuyos detractores acusan de hacerlo a costa de producir energía más cara y contaminante, ha enfrentado al gobierno del izquierdista López Obrador con el sector privado.
El mandatario informó que envió una carta a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, sobre la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió un amparo a varias empresas eléctricas privadas para frenar la reforma.
"Solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio", dijo López Obrador leyendo la carta.
"Alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos tenían como modus operandi la corrupción y el 'influyentismo", agregó.
Zaldívar respondió horas después a López Obrador en otra carta en la que afirmó que, "de existir elementos para ello", la judicatura abriría una investigación.
"Es presupuesto de la democracia y del Estado de Derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia. Corresponde al Consejo de la Judicatura Federal velar porque puedan hacerlo con libertad", destacó el magistrado en la misiva.
López Obrador citó a la empresa española Iberdrola como una de las implicadas en la acción legal contra la reforma eléctrica.
Aseguró además que respeta la autonomía del Poder Judicial y el derecho al amparo y rechazó que busque intimidar a los jueces que fallen en contra de la implementación de la reforma.
La nueva ley eléctrica, promovida por el presidente y aprobada a inicios de marzo por el Congreso, da prioridad a la CFE en la generación de energía en sus plantas sin importar el costo ni la tecnología.
La anterior legislación privilegiaba las energías limpias como la eólica y la solar -más baratas, según analistas privados- y obligaba a la CFE a comprarla mediante subastas.
La compañía estatal tiene el monopolio de la distribución de energía eléctrica, pero una reforma de la década de 1990, ampliada en 2013, abrió el mercado de generación a la inversión privada.
Desde que asumió el poder, en diciembre de 2018, López Obrador busca reflotar a la industria energética mexicana, cuyo otro gran actor es la endeudada petrolera estatal Pemex.
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