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Río de Janeiro. La justicia brasileña ordenó este miércoles allanar el Ministerio de Medio Ambiente e investigar al ministro Ricardo Salles, una de las figuras más polémicas del gobierno de Jair Bolsonaro, por su presunta implicación en un esquema de exportación ilegal de madera.
La Policía Federal hizo allanamientos en Brasilia, Sao Paulo y en el estado de Pará (norte), tras identificar un “grave esquema criminal de carácter trasnacional” en el cual estarían “implicadas autoridades (...), entre ellas el actual ministro de Medio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, así como funcionarios públicos y personas jurídicas”, señaló el juez de la Corte Suprema que autorizó las investigaciones.
Los allanamientos ocurrieron en la sede del Ministerio en Brasilia y, según la prensa brasileña, en la residencia de Salles en Sao Paulo.
La justicia también autorizó el levantamiento de su secreto bancario y ordenó separar del cargo a 10 personas que ocupan posiciones de confianza en el Ministerio y en el órgano de regulación ambiental Ibama, entre ellos su presidente, Eduardo Bim.
Consultada por la AFP, la asesoría de Salles indicó que el ministro se encuentra en Brasilia, pero no se posicionó de inmediato sobre la investigación.
El gobierno del presidente Jair Bolsonaro es acusado por los defensores del medio ambiente de haber favorecido el repunte de la deforestación, reduciendo los recursos de los organismos de control y preconizando la apertura de la región amazónica a actividades agropecuarias y mineras.
Greenpeace Brasil celebró la destitución del presidente del Ibama y pidió que Salles “sea apartado de su cargo inmediatamente”.
“Aunque apartarlo de su cargo no sea suficiente para superar los problemas causados por la política antiambiental del propio gobierno, hay claras evidencias de que el ministro atenta contra las funciones de su propia cartera”, afirmó la ONG.
‘Legalización retroactiva’
Según la PF, el esquema de “facilitación al contrabando de productos forestales” atiende “intereses privados de madereros y exportadores”.
Gracias a él, se legalizó “de forma retroactiva miles de cargamentos de productos forestales exportados, en desacuerdo con las normas ambientales vigentes entre los años 2019 y 2020”, hacia Estados Unidos y Europa.
“También ha creado serios obstáculos a la acción de control del poder público en cuestiones ambientales, con innegables perjuicios a toda la sociedad”, agregó la Policía, que inició las investigaciones en enero tras ser informada por autoridades extranjeras sobre los posibles desvíos.
Salles, de 45 años, es cuestionado por indígenas, académicos y organizaciones ambientalistas y también es visto con malos ojos por sectores del agronegocio, por considerar que su política ambiental daña la imagen internacional de Brasil, una potencia agropexportadora.
En abril del año pasado, el ministro fue filmado diciendo en una reunión del gabinete con Bolsonaro que el gobierno debía aprovechar la atención mundial centrada en la pandemia para legalizar actividades agropecuarias y extractivas en áreas protegidas.
“Tenemos la posibilidad de aprovechar este momento en que la atención de la prensa está volcada casi exclusivamente en la covid–19 (...) para ir modificando todo el reglamento y simplificando normas” en ese campo, dijo Salles, causando indignación.
“Salles montó una verdadera oficina de delitos ambientales en el Ministerio de Medio Ambiente y un día tendría que responder por ello”, afirmó este miércoles Marcio Astrini, secretario ejecutivo de la ONG Observatorio do Clima.
Información actualizada a las 9:58 a. m. con más datos.
