EscucharLos gigantes de las redes sociales dieron un paso inédito cuando clausuraron las cuentas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de muchos de sus simpatizantes. Ahora se enfrentan al dilema de esforzarse en permanecer políticamente neutrales pero promoviendo, al mismo tiempo, la democracia y la libertad de expresión.
Después de la violencia sin precedentes en la sede del Congreso, plataformas como Facebook, Twitter, YouTube y Snapchat, propiedad de Google, le pusieron un bozal a Trump al suspender sus cuentas para evitar que incitara a los alborotadores.
La red social alternativa Parler, entonces refugio de la ultraderecha, fue obligada a desconectarse cuando Amazon le retiró el servicio de "hosting".
Estas prohibiciones, que por un lado abrieron nuevos caminos para las empresas de Internet, por el otro hicieron añicos la noción de que estas son simplemente plataformas neutrales abiertas a que todos expresen cualquier clase de opinión.
"Prohibir a Donald Trump fue para las redes sociales como cruzar el Rubicón, y ahora no pueden volver atrás", dijo Samuel Woolley, profesor e investigador del Centro para la Participación de los Medios de la Universidad de Texas.
"Hasta ahora, su mayor objetivo era promover la libertad de expresión, pero los acontecimientos recientes han demostrado que ya no pueden hacer esto".
El jefe de Twitter, Jack Dorsey, defendió la semana pasada la prohibición de Trump, pero reconoció que fue producto de su "fracaso en promover una conversación saludable".
Además, "sienta un precedente que considero peligroso: el poder que tiene un individuo o una corporación sobre parte de la conversación pública global", dijo.
Javier Pallero, director de políticas de la organización de derechos digitales Access Now, dijo que la prohibición de Trump podría marcar el inicio de una nueva forma en que las firmas de redes sociales lidiarán con contenido peligroso, incluso el proveniente de líderes políticos.
"Las empresas reaccionaron frente a los llamados a la violencia del presidente de Estados Unidos y esa fue una buena decisión. Pero fracasaron en otras regiones como Birmania", donde las redes sociales se han utilizado para llevar a cabo persecuciones, dijo Pallero.
En algunas regiones del mundo, las plataformas sociales están viéndose forzadas a elegir entre seguir las leyes nacionales, o darles prioridad a los principios de los derechos humanos, señaló Pallero.
"Les pedimos a las plataformas que pongan los derechos humanos en primer lugar. A veces lo hacen, pero las decisiones sobre la gobernanza del contenido son siempre frustrantes de alguna forma", dijo.
En regímenes autoritarios con leyes restrictivas sobre redes sociales, las plataformas "deberían quedarse y proporcionarle una voz a los activistas por la democracia... Sin embargo, si se ven forzadas a identificar a los disidentes o a censurarlos, entonces probablemente deberían irse. Pero no sin dar la pelea", añadió Pallero.
Woolley dijo que es probable que las redes sociales que prohibieron a Trump, ahora se vean presionadas a tomar medidas contra líderes de estilo similar que abusan de las plataformas.
"No pueden simplemente prohibir a un político en Estados Unidos sin tomar medidas similares en todo el mundo", dijo. "Sería visto como priorizar a Estados Unidos de una manera que sería considerada injusta".
Hasta hace poco, las plataformas les habían dado a los líderes mundiales un margen de maniobra, puesto que sus comentarios podían ser considerados de interés público aunque fueran incendiarios.
Y quitarle las plataformas a Trump subrayó el inmenso poder de un puñado de redes sociales respecto del flujo de la información, destacó Bret Schafer, investigador de la organización sin fines de lucro Alliance for Securing Democracy.
"Una de las cosas que los obligó a actuar fue que vimos que la retórica del presidente se manifestaba en violencia en el mundo real", dijo Schafer. "Eso puede ser el límite donde se traza la línea".
Pero destacó las inconsistencias en la aplicación de estas políticas en otras partes del mundo, incluso en regímenes autoritarios.
"Discutir que los líderes de algunos de estos países puedan tener una cuenta cuando sus ciudadanos no pueden participar en la discusión es un argumento legítimo", dijo Schafer.
Es probable que las empresas de internet se enfrenten a mayores exigencias de regulación tras los recientes disturbios.
Karen Kornbluh, quien dirige la iniciativa de innovación digital y democracia del German Marshall Fund, dijo que cualquier posible ajuste regulatorio debería ser modesto, para evitar que sea el gobierno el que acabe regulando el discurso en línea.
Añadió que las plataformas deberían tener un "código de conducta" transparente que limite la desinformación y las incitaciones a la violencia, y que deberían rendir cuentas si no cumplen esos términos.
Las plataformas podrían usar alguna clase de "interruptores de circuito" para evitar que el contenido incendiario se viralice, de la misma forma como actúa Wall Street cuando hay cambios extremos.
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