Un total de 130 países llegaron, este jueves 1.° de julio, a un histórico acuerdo de reforma fiscal para las multinacionales, que incluye un impuesto mínimo sobre los beneficios de al menos el 15%.

"Tras años de trabajo y negociaciones intensas, este paquete de medidas históricas garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de impuestos en todo el mundo", declaró Mathias Cormann, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), citado en un comunicado.

Un pequeño grupo de países, entre los que se encuentran Irlanda y Hungría, muy reacios a la propuesta, en particular sobre una tasa mínima del 15%, no firmaron la declaración concluida el jueves, según la lista facilitada por la organización.

Sin embargo, el gobierno irlandés, a través de su ministro de Finanzas, Paschal Donohoe, dijo que "apoya globalmente" el acuerdo y afirmó que su "objetivo es encontrar una salida que Irlanda pueda seguir apoyando".

China, cuya posición era muy esperada, y los países generalmente considerados como paraísos fiscales sí se sumaron al acuerdo.

Todos los países firmantes representan el 90% del PIB mundial.

"Las multinacionales ya no podrán enfrentar a un país contra otro en un esfuerzo por reducir los impuestos y proteger sus beneficios a expensas de los ingresos públicos", reaccionó el presidente estadounidense Joe Biden en un comunicado.

Estas empresas "ya no podrán evitar el pago de su parte justa ocultando los beneficios generados en Estados Unidos, o en cualquier otro país, en jurisdicciones de menor imposición", añadió.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, celebró un "día histórico para la diplomacia económica".

El ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, lo calificó de "paso colosal hacia una mayor justicia fiscal" y su homólogo francés, Bruno Le Maire, habló del "acuerdo fiscal internacional más importante alcanzado en un siglo".

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Aunque el acuerdo ejerce presión sobre el modelo de los paraísos fiscales más agresivos, debería beneficiar principalmente a los países ricos, según la oenegé Oxfam.

"Los países ricos están obligando a los países en desarrollo a elegir entre un acuerdo desventajoso o ningún acuerdo", dijo la organización en un comunicado, denunciando una "nueva forma de colonialismo económico".

Repartir beneficios

La declaración conjunta, que se basa en el acuerdo alcanzado en el G7 a principios de junio, prevé también un reparto "más justo" de los beneficios entre los países donde las empresas tienen su sede y aquellos en los que realmente desarrollan sus actividades, incluso sin presencia física. Esta parte está dirigida en particular a los gigantes digitales.

Sin embargo, las industrias extractivas, como la minería, y los servicios financieros regulados quedarán excluidos de esta medida, pero no del impuesto mínimo, dice el texto.

La federación comercial de industrias digitales (CCIA), que incluye a Amazon y Facebook, dijo que estaba "deseando participar en los detalles del plan de aplicación e insta a los países a eliminar los impuestos existentes sobre los servicios digitales y a abandonar" otros proyectos similares que se están estudiando, según su presidente Matt Schruers.

El plan propuesto será "de gran ayuda para los Estados" que han gastado mucho durante la pandemia y necesitan financiar la recuperación, dijo la OCDE en su declaración.

"Este paquete de medidas no acaba con la competencia fiscal, ni lo pretende, sino que busca limitarla según las normas acordadas multilateralmente", insistió Cormann.

Los participantes en las negociaciones se dieron plazo hasta octubre para "finalizar los trabajos técnicos" y preparar "un plan para su aplicación efectiva en 2023".

Hasta entonces, los países que no se hayan adherido al acuerdo pueden hacerlo.

Se espera que los ministros de Economía del G20, que se reunirán la próxima semana en Venecia, aprueben el avance técnico y político alcanzado el jueves.

Un primer acuerdo en el G7 a principios de junio en Londres había dado un nuevo impulso a la negociación, que se había estancado durante la presidencia de Donald Trump y que se reactivó con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

La crisis sanitaria, que ha hecho que los Estados gasten masivamente para hacer frente a la pandemia y apoyar sus economías, también reforzó la voluntad política de alcanzar un acuerdo para aumentar ingresos fiscales.

Según la OCDE, con una tasa de al menos 15%, el impuesto mínimo mundial generaría unos $150.000 millones de ingresos fiscales adicionales al año en todo el mundo.