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Madrid. El gobierno español aprobó este martes los indultos a los nueve líderes separatistas catalanes encarcelados por el intento de secesión del 2017, una muy controvertida decisión con la que busca abrir “una nueva etapa” para acabar con el “enfrentamiento” en Cataluña.
Con esta medida de gracia, “queremos abrir una nueva etapa de diálogo, de reencuentro, y cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento”, expresó el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en una declaración luego del Consejo de Ministros que dio luz verde a los indultos.
Esta decisión “es la mejor para Cataluña, es la mejor para España”, señaló Sánchez que, aunque auguró “dificultades en el camino” hacia un entendimiento, cree “que merece mucho la pena intentarlo”.
Los nueve indultados, entre ellos varios ex miembros del gobierno regional catalán de Carles Puigdemont, la expresidenta del Parlamento regional y líderes de asociaciones separatistas, fueron condenados en octubre del 2019 a penas de cárcel de entre 9 y 13 años por su participación en el fracasado intento de independizar a Cataluña de España.
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La decisión debe cumplir todavía unos pasos administrativos, pero debería hacerse efectiva rápidamente.
Afirmando que no se espera que los independentistas renuncien a sus ideas, Sánchez explicó que los indultos serán parciales, ya que se conmuta la pena pero no la inhabilitación para ejercer cargos públicos, y están condicionados a que los beneficiados no cometan delitos graves en un tiempo determinado.
Sánchez había anunciado los indultos el lunes, con una cuidada puesta en escena en el Teatro del Liceo de Barcelona, la capital de esta región nororiental española, donde justificó la medida, criticada tanto por la derecha como por los independentistas.
Los nueve beneficiarios del indulto son los ex miembros del gobierno regional catalán Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Raúl Romeva, la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, y los líderes asociativos Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Grave crisis
El intento de secesión del 2017 constituyó la peor crisis política en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco a fines de los años 1970, y todavía condiciona la política nacional.
Pese a la prohibición de la justicia, el gobierno catalán, presidido entonces por el independentista Carles Puigdemont, organizó el 1.° de octubre del 2017 un referendo de autodeterminación, marcado por escenas de violencia policial.
El 27 de ese mes, el Parlamento catalán declaró unilateralmente la independencia, a lo que el gobierno español conservador de entonces respondió destituyendo al ejecutivo catalán y poniendo bajo tutela a la región.
Perseguidos por la justicia, los dirigentes secesionistas huyeron de España, como Puigdemont, o fueron detenidos, como el entonces vicepresidente catalán y líder de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, hoy indultado.
Estos perdones están lejos de satisfacer a los independentistas, en el poder en Cataluña, quienes exigen una amnistía, un extremo que implicaría borrar los delitos cometidos, así como la celebración de un referéndum de autodeterminación, posibilidades descartadas por Madrid.
La derecha, que sacó en Madrid el 13 de junio a decenas de miles de personas contra los indultos, acusa a Sánchez de buscar mantenerse en el poder, ya que su gobierno minoritario precisa del apoyo de parte de los independentistas en el Congreso.
La medida es rechazada por el 53% de la ciudadanía española, según un sondeo reciente, que por el contrario mostró que un 68% de los catalanes la aprueba.
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‘Lejos aún’ de un acuerdo
Con su decisión, el gobierno de Sánchez busca pasar página de la convulsión de 2017 y propiciar una salida a la prolongada crisis en Cataluña, al mismo tiempo que intenta estabilizar su frágil coalición parlamentaria.
En un contexto en que España respira por la caída de los contagios al avanzar la vacunación anticovid y con la próxima cita electoral nacional en dos años, el gobierno de Sánchez pretende retomar en breve la mesa de diálogo con el ejecutivo catalán, paralizada en febrero del 2020 por la pandemia.
Las posiciones de ambas partes siguen estando en las antípodas.
Más moderado que sus dos predecesores, el nuevo presidente regional catalán, Pere Aragonès, de ERC, mantiene la exigencia de un referendo de autodeterminación, esta vez pactado con Madrid, parecido al realizado en Escocia en el 2014.
Una posibilidad negada de plano por el gobierno central, abierto a una votación en Cataluña, pero solo para decidir mayor autonomía de la región, que ya disfruta de amplias competencias en sanidad, educación y seguridad.
Los indultos “permiten una mesa de negociación más fluida”, pero un acuerdo “queda muy lejos aún”, estimó a la AFP Lluis Orriols, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid.
