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Madrid. El Parlamento español debe aprobar finalmente este jueves una ley que legalizará la eutanasia en el país, uno de los pocos en el mundo que permitirá ayudar a morir a un paciente incurable para evitar su sufrimiento.
La legislación, que entrará en vigor en junio tras una moratoria de tres meses, responde a una creciente demanda social, que tuvo casos emblemáticos como el de Ramón Sampedro, encarnado por Javier Bardem en la oscarizada película Mar adentro.
Es una victoria “para la gente que puede beneficiarse de ello” y también “para Ramón”, se congratuló en entrevista con la AFP Ramona Maneiro, la amiga que ayudó a morir a Sampedro. Detenida por ello, no fue juzgada por falta de pruebas.
España será solo el cuarto país europeo que despenaliza la muerte asistida, junto a la pionera Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Portugal la validó en enero, pero la Corte Constitucional pidió revisar la ley antes de promulgarla.
En América Latina, solo Colombia permite la eutanasia.
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La norma española, una prioridad para el gobierno de izquierda de Pedro Sánchez, autoriza la eutanasia (personal médico administra la sustancia mortal) y el suicidio asistido (la persona se encarga de tomar la dosis prescrita).
Varios otros países toleran esta última opción, así como la llamada eutanasia pasiva (la interrupción de tratamientos médicos para mantener la vida).
Estrictas condiciones
La norma en España, que debe ser aprobada el jueves por el Congreso de los Diputados con el apoyo de la izquierda y el centro, permitirá a toda persona con “enfermedad grave e incurable” o padecimiento “crónico e imposibilitante” solicitar ayuda para morir y así evitarse “un sufrimiento intolerable”.
De todas maneras, se imponen estrictas condiciones, como que la persona, de nacionalidad española o residente legal, sea “capaz y consciente” al hacer la petición. Esta debe formularse por escrito “sin presión externa” y ser repetida quince días más tarde.
El médico siempre podrá rechazarla si considera que no se cumplen los requisitos. Además, debe ser aprobada por otro médico y recibir luz verde de una Comisión de Evaluación.
Y cualquier profesional de la salud puede alegar “objeción de conciencia” para negarse a participar en el procedimiento, costeado por la sanidad pública.
Esta regulación ha sido recibida con júbilo por organizaciones que defienden el derecho a morir dignamente y pacientes que agradecen tener la opción disponible.
“No tiene ningún sentido que la gente (...) tenga que optar por una vida indigna”, afirmó en Barcelona Sofía Malagón, una colombiana de 60 años enferma de párkinson. “No quiero que me tengan allí como una planta” llegado el momento, afirmó.
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‘Una forma de homicidio’
Del lado contrario, este paso es rechazado por la Iglesia católica y partidos de derecha, y su aplicación genera interrogantes en algunos sectores médicos.
La eutanasia “es siempre una forma de homicidio, pues implica que un hombre da muerte a otro”, indicó en una campaña en redes sociales la Conferencia Episcopal Española (CEE). El Estado pasa “de defender la vida a ser responsable de la muerte infligida”, estimó.
En un primer voto en la Cámara Baja en diciembre, los conservadores del Partido Popular y la extrema derecha de Vox se opusieron al considerar que la eutanasia es “un fracaso” del país al no garantizar alternativas, como los cuidados paliativos.
“Un médico no quiere que se le muera nadie. Es el ADN del médico”, dijo Manuel García Romero, vicepresidente de la federación Organización Médica Colegial, al expresar dudas sobre la implementación de la ley.
Desde mediados de los ochenta, cuando la eutanasia saltó al debate público, España ha sido testigo de varios sonados casos.
El más emblemático, el de Ramón Sampedro, un gallego tetrapléjico que pasó 29 años reclamando el derecho a un suicidio asistido, que finalmente tuvo gracias a la colaboración de su amiga Ramona.
La película sobre su historia, Mar adentro, dirigida por el hispanochileno Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem, ganó un Óscar en el 2005.
Otro caso fue el de Luis Montes, un médico anestesista acusado de provocar la muerte de 73 pacientes terminales en un hospital en Madrid. Fue finalmente sobreseído por un tribunal en el 2007.
Y más recientemente, en el 2019, Ángel Hernández fue detenido y espera juicio por ayudar a morir a su mujer, inmovilizada por la esclerosis múltiple.
