EscucharEl Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este martes a España por unos polémicos "informes policiales", que se filtraron a la prensa, con información de varios jueces que en 2014 se mostraron partidarios de un referéndum de independencia en Cataluña.
"La mera existencia" de esos informes no tiene "ninguna base legal", estima el tribunal paneuropeo, que señala que la investigación sobre la filtración fue "insuficiente", ya que no se interrogó al jefe de policía de Barcelona, una "persona clave".
En febrero de 2014, 33 jueces de esta región publicaron un manifiesto en el que aseguraban que en virtud de la Constitución española y el derecho internacional, la población catalana tenía el "derecho a decidir" sobre la independencia de Cataluña de España.
Semanas más tarde, el diario español La Razón publicó un artículo titulado "La conspiración de los 33 jueces soberanistas", que incluía "informaciones personales y fotos" de los magistrados, procedentes de la base de datos de la policía, explica el TEDH.
Los jueces denunciaron los hechos, pero la justicia española lo desestimó. También llevaron sin éxito las filtraciones ante la Agencia de Protección de Datos, y la Audiencia Nacional abrió una investigación, "que parece seguir pendiente", subraya la corte de Estrasburgo.
Veinte de los 33 jueces llevaron el caso ante el TEDH en abril de 2017, al estimar que la policía los fichó de manera "injustificada" e utilizó las fotos en su poder, que a continuación acabaron en la prensa.
Los magistrados también denunciaron los expedientes disciplinarios abiertos en su contra y la "insuficiente" investigación realizada sobre sus acusaciones.
España deberá abonar unos 8.200 euros (8.600 dólares) a cada uno de los denunciantes en concepto de daños morales y costas, por violar el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre la protección de la vida privada.
En 2014, Cataluña celebró una consulta simbólica sobre su secesión de España, casi tres años antes del referéndum del 1 de octubre de 2017, prohibido por la justicia española y que sumió al país en una crisis política.
La mayoría de miembros del entonces gobierno regional fueron detenidos, juzgados, condenados a hasta 13 años de prisión y luego indultados por estos hechos, salvo aquellos que huyeron a Bélgica, entre ellos su líder y actual eurodiputado Carles Puigdemont.
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