La justicia española tomaba declaración este martes al líder de los independentistas saharauis, objeto de dos querellas por "torturas" y "genocidio" y causante de una crisis entre Rabat y Madrid desde que fue ingresado en un hospital español.
Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, se encuentra hospitalizado desde abril en Logroño, en el norte de España, por complicaciones derivadas del covid-19.
Desde ese hospital está siendo interrogado por videoconferencia por un juez de la Audiencia Nacional, alto tribunal madrileño, en una sesión cerrada al público y que comenzó a las 10H15 (08H15 GMT), según una fuente judicial.
El líder del Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD, autoproclamada en 1976) no ha sido formalmente inculpado en ninguno de estos dos casos. Al término de la instrucción, el juez podrá optar por encausarlo o bien por un sobreseimiento.
La audiencia ha suscitado gran interés en España y Marruecos, después de más de un mes de tensión al más alto nivel política y diplomático, que tuvo su cúlmen cuando, a mitad de mayo, entraron en el enclave norteafricano español de Ceuta unos 10.000 migrantes desde territorio marroquí.
La declaración de Ghali este martes obedece a una querella por detención ilegal, torturas y crímenes de lesa humanidad presentada en 2020 por Fadel Breika, disidente del Polisario y naturalizado español.
Breika afirma haber padecido "torturas" en el campo de refugiados saharuis de Tinduf, en Argelia. La querella fue inicialmente archivada, pero a inicios de año se reabrió.
La otra causa por la que será interrogado Ghali se remonta a 2007, y fue reabierta debido a la presencia en España del líder del Frente Polisario.
La denuncia fue presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) por presuntos delitos de "genocidio", "asesinato", "terrorismo", "torturas" y "desapariciones", cometidos presuntamente en los campos de Tinduf.
Considerando no tener "indicios claros" de la participación de Brahim Ghali en los delitos descritos en esa segunda querella, el juez se negó a tomar medidas cautelares, como la confiscación de sus documentos a fin de impedirle salir de España.
El lunes, el ministerio marroquí de Exteriores advirtió que la crisis no se resolverá sólo con la declaración del líder separatista saharaui ante la justicia, y reclamó una investigación "transparente" sobre las condiciones de su llegada a España. Marruecos lo acusa de haber viajado "con un pasaporte falsificado".
En un nuevo cruce de acusaciones, Rabat destacó que la crisis es "un examen para la fiabilidad" de la relación bilateral.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, replicó diciendo que le parece "inaceptable" que Marruecos haya podido permitir un "asalto" a las fronteras españolas -la llegada de 10.000 migrantes a Ceuta- en respuesta a unas "discrepancias en política exterior".
"En peligro de muerte", el líder del Polisario llegó a España rodeado del mayor secreto el 18 de abril, a bordo de un avión medicalizado de la presidencia argelina y con un "pasaporte diplomático" en mano, según el diario El País.
Luego fue ingresado en un hospital de Logroño bajo un nombre falso, "por razones de seguridad", lo que obligó al juez de la Audiencia Nacional a enviar a unos policías para verificar su identidad y notificarle que estaba llamado a declarar.
En represalia a la acogida de quien Rabat considera un "criminal de guerra", las fuerzas marroquíes dejaron abierta la frontera con Ceuta hace dos semanas, lo que provocó un volumen inédito de llegadas de inmigrantes irregulares.
El Sáhara Occidental, ex colonia española, es un gran territorio desértico situado al norte de Mauritania y considerado por la ONU como "territorio no autónomo", ya que su estatus no ha sido fijado de forma definitiva.
Apoyado por Argelia, el Frente Polisario exige que se celebre un referendo de autodeterminación contemplado por la ONU.
Marruecos, que controla la mayor parte del territorio, se niega a ceder soberanía y propone a lo sumo un régimen de autonomía.
mig/avl/du/mis