EscucharLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró este viernes una audiencia por la muerte del mexicano Anastasio Hernández Rojas en 2010 a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
En la sesión, realizada de manera virtual, la CIDH, con sede en Washington, escuchó los argumentos de la viuda y las abogadas del migrante, quien vivió varios años sin papeles en San Diego, y de representantes del gobierno estadounidense.
La familia de Anastasio reclama que se reabra la investigación, se sancione a los agentes, que Estados Unidos ofrezca disculpas y que se modifiquen los protocolos de actuación de los guardias fronterizos.
"¿Cómo esos oficiales no tuvieron piedad por ese ser humano tirado bocabajo, esposado, gritando por ayuda?", cuestionó María Puga, viuda de Hernández Rojas.
Este mexicano de 41 años y padre de cinco hijos había vivido desde su adolescencia en Estados Unidos sin papeles. El 28 de mayo de 2010 fue detenido cuando cruzaba clandestinamente a México.
Cuando era llevado a la frontera, los agentes lo golpearon y le aplicaron choques eléctricos mientras estaba tirado en el suelo, según testigos y dos videos difundidos en medios.
En los hechos estuvieron involucrados 17 agentes, ocho de los cuales reconocieron haber hecho uso de la fuerza contra Hernández Rojas con el argumento de que representaba una "amenaza", según las abogadas de su familia.
En su defensa, funcionarios estadounidenses, encabezados por Thomas Hastings, representante de Washington ante la OEA, argumentaron que este caso se resolvió por la vía civil tras el pago de un millón de dólares y que la familia renunció a fincar responsabilidades.
También argumentaron que se han modificado los protocolos de los agentes fronterizos para hacerlos más acordes a los estándares internacionales en derechos humanos.
Miembros de la CIDH interrogaron al gobierno estadounidense sobre si la compensación económica implicaba un reconocimiento de responsabilidad por la muerte de Hernández Rojas y si en el acuerdo se había dejado claro que la familia renunciaba a recurrir a instancias internacionales.
Estados Unidos decidió responder por escrito, por lo que la CIDH dio un plazo de 30 días.
Tras la audiencia, la cancillería mexicana saludó en un comunicado a la CIDH por abrir este caso que "es considerado emblemático porque ilustra el uso excesivo de la fuerza y la carencia de mecanismos para fincar responsabilidades".
Este es el primer expediente que abre la CIDH contra Estados Unidos por una ejecución extrajudicial. Este organismo de la OEA emite recomendaciones a los Estados miembros para fomentar el respeto a los derechos humanos.
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