Chile busca un Estado con derechos sociales en un proceso que empezó en la calle

Santiago. Chile empezará a repensar su modelo social con la instalación de la Convención Constitucional el 4 de julio. Tanto el electorado como los 155 constituyentes defienden que el Estado tenga un papel protagónico como garante de los derechos sociales que la ciudadanía reclamó en las calles.

Frases que advierten el fin del modelo neoliberal que hizo de Chile el alumno ejemplar de América Latina son mencionadas por líderes políticos de izquierda y derecha, y de partidos tradicionales que han sufrido una gran derrota en las urnas. Las votaciones han arrojado señales coherentes con lo que expresó con ira la ola de manifestaciones que sacudieron el país en el 2019.

Algunos sectores temen que Chile gire hacia un proceso constituyente como los de Venezuela en 1999, de Bolivia en el 2006 o de Ecuador en el 2007, que termine distorsionando el objetivo principal de cambiar la Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), señalada como la base de un país desigual que opera como “una gran empresa privada”, según sus detractores.

“Creo que una de las grandes diferencias de este proceso es que no está siendo empujado desde arriba hacia abajo, por un movimiento político o un líder político que tenga un programa, o que tenga una vocación de poder para transformar el país”, indicó Marcela Ríos, representante asistente del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile.

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“Aquí no hay un líder, no hay un partido (...) no es algo que venga desde el gobierno, no hay una mayoría clara como si lo había en Ecuador y Venezuela, de un movimiento político que tuvo amplia mayoría en la constituyente”.

El 4 de julio, como anunció el presidente Sebastián Piñera, 155 ciudadanos elegidos en mayo sesionarán por primera vez y en el plazo de un año tendrán la “gran oportunidad para lograr acuerdos amplios y sólidos, que permitan dar origen a una Constitución que sea reconocida y respetada por todos”, dijo.

Aunque la participación electoral chilena en democracia ha ido a la baja desde 1990, el 25 de octubre del 2020, el 50,1% del electorado de casi 14 millones de personas aprobó la redacción de una nueva Constitución en un plebiscito que multitudes festejaron como el principio del fin de “la transición”, en referencia al proceso democrático que puso fin al régimen militar.

Inclusión

El actual proceso chileno se enmarca en los grandes temas que sacuden al mundo: hartazgo hacia las élites políticas y económicas, desconfianza en las instituciones y la necesidad de mayor amparo en temas sociales, que desnudó aún más la pandemia de coronavirus.

El debate es transversal entre clases sociales y se ven como un faro los modelos de Nueva Zelanda, Suecia y recientemente varios citan incluso a Uruguay.

Una gran cantidad de los 155 constituyentes electos son independientes -en su mayoría de izquierda y centro-, los representantes de derecha cuentan con 37 escaños y 27 son de la Lista del Pueblo, percibida como el ala izquierdista más radical. Además se eligió con paridad de género -77 mujeres y 78 hombres- y se incluyen 17 representantes de pueblos indígenas.

Comparada con otras constituyentes en América Latina, incluso la de 1991 en Colombia -la más similar a Chile en su origen-, “este es un proceso mucho más fragmentado, donde además los partidos políticos no lideran”, señaló a la AFP María Jaraquemada, Oficial de Programa de Chile y Cono Sur en IDEA Internacional.

El gran desafío de esta Convención será “llegar efectivamente a acuerdos y consensos” ya que ninguna fuerza obtuvo el número necesario para bloquear o impulsar su agenda propia. “Se requiere un quórum de dos tercios para aprobar”, y de no llegar a acuerdos terminarán con una Constitución probablemente que se quedará corta ante a las expectativas ciudadanas, advirtió Jaraquemada.

Un nuevo pacto y sin trincheras

A medida que se conoce más sobre los constituyentes, sus prioridades van en sintonía con aquellos temas que clamó la calle en el 2019. Puntos relacionados con avanzar hacia una democracia más participativa o trastocar la raíz del libre mercado figuran en un segundo plano.

“Como han dicho las encuestas, la ciudadanía está muy acorde en avanzar a un seguro único de salud o fortalecer la salud pública, sin eliminar la privada pero sí fortalecer mucho más la pública, avanzar en esas desigualdades que hoy en día tenemos”, manifestó Jaraquemada destacando que la defensa medioambiental también es relevante para mayorías.

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Entre los 155 constituyentes, 71 son abogados o con estudios en leyes, le siguen profesores, sociólogos y una representación importante de activistas ambientales y dirigentes sociales en zonas con problemas históricos de contaminación del aire, tierra o agua debido a la explotación indiscriminada de materias primas.

Fernando Atria, abogado de 52 años elegido por una lista de centroizquierda, afirma que dado que ningún sector tendrá poder de veto, ni la derecha ni la izquierda más radical podrán atrincherarse.

“Vamos a aprender a tener una conversación política como la que siempre deberíamos haber tenido y eso, por cierto, puede crear fricciones porque se trata de sectores sociales que han sufrido esa exclusión. Uno no puede pretender que lleguen a participar de la convención como si vinieran a un seminario de filosofía”, anticipó en una entrevista en el diario La Tercera.