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Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó este martes a un latino muy crítico de las políticas de su predecesor Donald Trump como director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una propuesta que debe pasar por el Senado.
De ser confirmado en el cargo, Ed Gonzalez estaría bajo las órdenes del secretario de Departamento de Seguridad Interior (DHS), Alejandro Mayorkas, cuyo nombramiento marcó un hito por tratarse del primer latino e inmigrante en dirigir esta cartera.
Gonzalez —que ejerce como sheriff del condado de Harris, en Texas— fue muy crítico con el exmandatario republicano por sus duras políticas para combatir la inmigración irregular y se negó a colaborar con el servicio que ahora puede llegar a dirigir.
En el 2019, se declaró en Twitter en contra de las redadas organizadas por el ICE afirmando que “amenazan con deportar a millones de inmigrantes indocumentados, la gran mayoría de los cuales no representan una amenaza para Estados Unidos”.
Biden dio un giro con respecto a la política de Trump y ha limitado las deportaciones a personas detenidas en la frontera, individuos que supongan un riesgo a la seguridad nacional e inmigrantes con condenas penales.
El presidente impulsa asimismo una reforma legislativa para dar una vía a la legalización de millones de personas, con un destino incierto en el Congreso.
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"El sheriff Ed Gonzalez es una elección sólida para ser director del ICE", dijo Mayorkas en un comunicado. "Espero que el Senado lo confirme rápidamente para este puesto que es crítico", agregó.
Como parte de este cambio de estrategia en materia de inmigración, Mayorkas ordenó este martes al ICE que limitara sus acciones cerca de los tribunales o al interior de las cortes, una práctica que limitaba el acceso a la justicia de muchos migrantes.
El secretario del DHS afirmó que la expansión de los arrestos migratorios en los tribunales durante el anterior gobierno "tuvo un escalofriante efecto en la disposición de las personas de presentarse ante las cortes o de trabajar de forma cooperativa con las fuerzas del orden".
Para Mayorkas, esta directiva es el último paso en una serie de esfuerzos para orientar los recursos para aplicar las leyes migratorias hacia "amenazas a la seguridad nacional".
La directiva estableció las siguientes excepciones: asuntos que afecten a la seguridad nacional, cuando haya un riesgo inminente de muerte o de violencia contra cualquier persona o cuando se trate de un individuo que represente un riesgo a la seguridad pública.
Además, estipularon que los agentes pueden acercarse en el caso de que haya un riesgo inminente de destrucción de evidencia en un caso penal.
