EscucharEl juicio contra la empresa de temporeros agrícolas española, Terra Fecundis, acusada de traer a Francia a miles de trabajadores de forma irregular y de haber defraudado cotizaciones sociales, se abrió este lunes en un tribunal de Marsella (sureste).
Sólo uno de los tres fundadores de esta empresa, Juan José López Pacheco, un español de 45 años, compareció ante el tribunal por este caso de fraude masivo considerado como el más grave cometido contra la seguridad social francesa.
Su hermano Francisco López Pacheco y Celedenio Perea Coll, que crearon la compañía en 2001, estaban representados por sus abogados.
El presidente del tribunal, Pierre Jeanjean, recordó en la apertura del juicio que este caso estaba "cargado de problemas financieros, de orden público y de reputación".
Terra Fecundis, oficialmente con sede en Murcia (sureste de España), envía cada año a miles de trabajadores temporales, en su mayoría sudamericanos, a Francia.
De acuerdo a la legislación, los trabajadores de las empresas temporales reciben el salario mínimo francés, pero pagan sus cotizaciones sociales en España, considerablemente más bajas (hasta un -40%), lo que significa un ahorro sustancial para los patronos franceses.
La fiscalía especializada en delitos fiscales y financieros que investigó el caso en el sureste de Francia considera que Terra Fecundis debió registrarse en Francia y cumplir con la legislación laboral en dicho país.
En lugar de ello, los tres dirigentes españoles de la empresa, se valieron de la legislación europea sobre el trabajo extraterritorial, que permite a empresas enviar a su personal a otro país europeo para misiones temporales.
Para poder hacerlo, la empresa en cuestión debe tener su sede y actividad principal en su país de origen, en este caso España.
Sin embargo, Terra Fecundis obtenía el 80% de su volumen de contratación en Francia.
Terra Fecundis tenía incluso una filial de autobuses, "Terra Bus Mediterráneo", para trasladar a los obreros temporales, en su gran mayoría ecuatorianos.
La investigación permitió también descubrir las duras condiciones de trabajo de los temporeros, que denunciaron semanas de trabajo de siete días, jornadas extenuantes y estafas salariales.
Las autoridades francesas reclaman a la empresa española más de 80 millones de euros (unos 97 millones de dólares) por cotizaciones sociales defraudadas, así como 30 millones de euros (unos 36 millones de dólares) por retrasos.
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