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Activistas LGTB+ en el Reino Unido luchan por prohibir las terapias de conversión

"Las terapias de conversión arruinan vidas", denuncian asociaciones y exvíctimas que luchan en el Reino Unido para prohibir esta práctica que pretende cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona LGBT+, a veces a costa de un sufrimiento atroz.

Un proyecto de ley, objeto de una consulta pública que se prolongará varias semanas, busca prohibirlas en el caso de los menores y los adultos que no consientan.

Estas terapias abarcan "un amplio abanico de abusos verbales, psicológicos, físicos y sexuales" contra los homosexuales y personas transgénero, dice a la AFP Leni Morris, responsable de la oenegé Galop.

La gente suele pensar en los "campamentos antigays" estadounidenses, pero "este tipo de abusos se producen más a menudo a puerta cerrada en el Reino Unido, en los hogares de las personas o en el seno de las comunidades", afirma.

"Su forma más común en Occidente es en entornos religiosos", añade Jayne Ozanne, lesbiana y figura de la Iglesia Anglicana, que desde 2015 milita contra las "horribles torturas" a las que se enfrentó durante dos décadas.

En un primer momento trató con líderes religiosos que "rezaban" para que se librara de su homosexualidad y con "psicólogos cristianos que indagaron en su pasado, sus experiencias sexuales, las relaciones con sus padres", explica.

"Ejercen presión sobre las víctimas, les deja una sensación de vergüenza y odio a sí mismas muy alta", dice a la AFP.

Como esto no bastaba, esta evangelista cristiana recurrió a "personas con un don especial" que supuestamente debían "liberarla del demonio de la homosexualidad" con "exorcismos".

En otros casos, la situación es peor ya que algunos son "golpeados violentamente" o sometidos a "violaciones correctivas" para "enderezarlos", afirma.

Según cifras del gobierno, al 5% de las personas LGTB+ se les ha ofrecido una terapia de conversión en el Reino Unido, y el 2% se ha sometido a ella. Estas cifras "no son representativas", según Morris, ya que muchas de las personas LGTB+ entrevistadas piensan solo en los "campamentos antigays" y "no se identifican con esta experiencia".

Defiende la urgencia de prohibir estos "abusos", ya que "los supervivientes sufren graves traumas psicológicos, emocionales y a veces físicos" que repercuten "durante años" en sus relaciones amorosas y su vida sexual.

A través de su trabajo con el Consejo de Arzobispos, Ozanne ha presionado a la Iglesia de Inglaterra para que prohíba oficialmente esta práctica desde 2017. Las principales asociaciones de psiquiatras y psicólogos también se pronunciaron contra ellas en 2015, considerándolas "poco éticas y peligrosas".

Pero las terapias de conversión se siguen practicando.

El proyecto de ley, que el gobierno presentó a finales de octubre, castigaría estas prácticas en menores con hasta cinco años de prisión. Pero en el caso de los adultos, sólo se aplicará si no han dado su consentimiento libremente.

El texto fue acogido como "un paso adelante" por Galop y otras asociaciones LGTB+, pero su última cláusula es muy criticada, ya que según Morris no puede haber "consentimiento informado" en las terapias de conversión.

Estas "tienen casi siempre lugar dentro de una dinámica de poder desequilibrada, de padre/hijo, líder religioso/fiel", explica. "Las personas que 'consienten' suelen ser dependientes económica y emocionalmente" y "un rechazo puede llevarlas al ostracismo social", subraya.

Ozanne confirma que se vio empujada a ello por su entorno y su educación. "Como cristiana evangélica, realmente pensaba que la persona que era -una mujer atraída por las mujeres- era un pecado e algo inaceptable", reconoce.

"Pasé por ello voluntariamente. Lo consentí, pero casi me mata", añade esta creyente convencida, todavía conmocionada años después, al recordar sus dos estancias en el hospital en estado grave, antes de decidir hacer pública su homosexualidad y "aceptar quién es".

"Por eso no debe haber ninguna puerta de salida" en el texto, insiste.

Este se reelaborará a la luz de la consulta, y se examinará en el Parlamento en la primavera de 2022.

"La prohibición es sólo el primer paso", añade Ozanne. "Erradicar el fenómeno por completo requerirá educación", subraya.

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