Hazel Feigenblatt. 14 septiembre

Cada vez es más común que la gente consulte a los chequeadores de datos antes de compartir información, o use sus publicaciones para corregir publicaciones en redes sociales, o denuncie información dudosa con ellos.

Desde esa perspectiva, estos servicios son un éxito y cumplen una labor de interés público enorme. Sin embargo, aunque los chequeos de datos se han convertido en un elemento tan común como las noticias y los videos en redes sociales, surge la pregunta de si realmente están funcionando.

Esto a su vez lleva a la pregunta de qué criterio usar para determinar si están funcionando.

Dadas las condiciones de anonimidad permitidas por las redes sociales y los incentivos económicos y políticos sistémicos que existen para diseminar noticias falsas y datos manipulados por parte de gobiernos, partidos políticos y otros, no es realista usar la desaparición de dicha información como medida de éxito. Ningún actor puede, por sí mismo, acabar con este problema.

Tampoco se puede esperar que todos los ciudadanos y votantes vayan a dejar de creer en información falsa, para empezar porque siempre habrá algunos segmentos que por motivos religiosos, políticos, psicológicos, educativos y de otras índoles se aferrarán a sus creencias aún si estas no tienen contenido fáctico.

Por otra parte, aunque los chequeadores de datos han ganado en popularidad en sus respectivos países e incluso internacionalmente, no tienen el mismo alcance que campañas de desinformación, las cuales usan las emociones de la audiencia, o de campañas políticas con presupuestos millonarios.

Hasta ahora, más bien se ha considerado que los chequeadores son exitosos cuando alcanzan una audiencia significativa, sus chequeos son usados por audiencias influyentes (como la prensa y funcionarios en altos puestos públicos), y logran generar presión para que muchos actores eviten dar información errónea o la corrijan si ya la publicaron.

Sin embargo, muchos chequeadores de datos creen que no es suficiente con solo publicar las correcciones. Por el contrario, creen que deben tomar un rol más agresivo en el que pueden usar la evidencia de sus chequeos para plantear denuncias (cuando existen entes reguladores apropriados), exigir correcciones, y hacer presión pública más directa.

A mediados de este año, chequeadores de varios países se reunieron para discutir estos y otros temas y una de las cosas que sobresalió es la idea de operar con intervenciones diseñadas con el objetivo de crear un cambio a nivel del sistema.

“Los chequeadores se han concentrado en la educación por mucho tiempo. En el futuro será nuestro trabajo agitar a nuestros lectores habituales y organizar para desafiar a aquellas personas y organizaciones poderosas que proveen y promueven la desinformación sin tomar ningún tipo de responsabilidad,” de acuerdo con un escrito que surgió de dicha reunión.

Citaron, por ejemplo, la plataforma “Full Fact” del Reino Unido que ha colaborado con el gobierno en mejorar las estadísticas oficiales y definir mejores políticas públicas contra la desinformación. Por su parte, “Africa Check” ha instado a partidos políticos en Sudáfrica a cambiar su forma de hacer campaña y reunir a funcionarios del Ministerio de Salud de Nigeria con organizaciones comunales para discutir la desinformación que circula sobre salud.

No es claro exactamente hasta qué punto es realista financiar ese tipo de intervenciones más complejas o cómo los lidiar con retos que podrían surgir al trabajar directamente con algunos actores en términos de daño reputacional, conflictos de interés o condicionamientos indebidos.

Sin embargo, el planteamiento pone el dedo en la llaga en un tema fundamental y es que, aún si es necesario en el corto plazo, resulta muy poco estratégico atacar el problema de la desinformación de noticia falsa en noticia falsa en lugar de ir al grano: El sistema que permite y hasta incentiva la creación y difusión de información falsa.

La mayoría de las campañas le cargan la responsabilidad de evitar la desinformación a los lectores, quienes ciertamente tienen responsabilidad, pero en realidad son quienes menos poder tienen para organizarse y cambiar el sistema. Las empresas de tecnología y los grupos políticos que se benefician del tráfico de contenido falso son quienes más poder tienen para actuar, pero pocas acciones se enfocan en exigirles actuar de forma acorde con su responsabilidad.

El señalar públicamente, pedir cuentas y tomar acciones legales – cuando resulte procedente – contra quienes mantienen este sistema y se benefician de él es indispensable. De lo contrario, esperar que chequear de noticia falsa en noticia falsa inhabilite el sistema de fondo tiene tanto sentido como esperar que advertir a las personas sobre mal clima ayude a desacelerar el cambio climático.