Esteban Ramírez. 8 noviembre

(Quito). Tratar de cuantificar cuánto le cuesta la corrupción a la sociedad es una tarea de gran complejidad, acechada por altos niveles de incertidumbre y cuyos resultados finales suelen diferir de los obtenidos por otros estudios que, de igual manera, trataron de ponerle números a la cuestión.

Una reciente publicación del Fondo Monetario Internacional (FMI), de setiembre del 2019, denominada The Cost of Corruption (El costo de la corrupción), calculó que solo en recaudación de tributos este modus operandi podría llegar a significar $1 billón (1,25% de la producción mundial), mientras que otra estimación en el 2016, también divulgada por el Fondo, arrojó que la cifra rondaba entre $1,5 billones y $2 billones (2% de la producción mundial).

Como sea, donde existe más consenso es en que la merma en la recaudación de impuestos es solo una fracción de la factura que pagamos con sociedad a raíz de la corrupción. Los verdaderos costos aparecen con el deterioro en el bienestar de la población, la ampliación de desigualdades sociales, la pérdida de productividad de las empresas y el aumento de la desconfianza en las instituciones y el sistema político.

Lo anterior es uno de los principales planteamientos recogidos en el reporte Integridad en las Política Públicas: Claves para Prevenir la Corrupción, presentado este 7 de noviembre en la Conferencia Anual del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), celebrada en Quito (Ecuador), y cuyo tema, en esta ocasión, fue Gobernanza, Integridad y Transparencia para el Desarrollo.

07/11/2019. Quito (Ecuador). Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento de CAF, explicó que el reporte Integridad en las Políticas Púbklicas, presentado este jueves, propone cuatro ámbitos desde los cuales la institucionalidad puede ayudar a influir en la corrupción.
07/11/2019. Quito (Ecuador). Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento de CAF, explicó que el reporte Integridad en las Políticas Púbklicas, presentado este jueves, propone cuatro ámbitos desde los cuales la institucionalidad puede ayudar a influir en la corrupción.

Según este informe, existen varios canales por medio de los cuales el flagelo de la corrupción causa pérdidas de bienestar. Solo por citar uno, el desvío de recursos disminuye la cantidad y la calidad de bienes y servicios públicos que recibe la población, incluyendo educación, salud e infraestructura.

En desarrollo de infraestructura, por ejemplo, el sobreprecio y faltas en la fiscalización de las obras se podrían traducir en obras de menor calidad, o en el peor de los casos, que no se adaptan o responden a las necesidades más urgentes de la población. O imaginemos los costos finales de desviar recursos de un programa social, como los sobreprecios en medicamentos, que no solo representan un costo económico más elevado para el Estado, sino que limitan la capacidad de brindar la cantidad y calidad adecuada de medicinas que la población requiere, con eventuales efectos sobre la salud.

Lo anterior contribuye a profundizar las desigualdades socioeconómicas, pues perjudica de manera especial a la población más pobre; no hay que olvidar que en Costa Rica, por ejemplo, las transferencias públicas alcanzan a tener un peso relevante en el ingreso total de los hogares pobres (en el 2016, fueron el 17% y tuvieron una efecto importante en la reducción de la pobreza, ese año).

Esta mayor dependencia de la población vulnerable a los subsidios y transferencias, confiere a la corrupción un impacto regresivo.

“También se dan efectos negativos sobre la productividad y el crecimiento económico, porque se distorsionan tanto las decisiones al interior de las empresas como la asignación de recursos entre empresas. El clientelismo y la falta de integridad en los negocios provocan caídas en el nivel agregado de inversión, especialmente en proyectos de larga duración”, resaltó el informe.

Sin embargo, las consecuencias potencialmente más nocivas están asociadas a la pérdida de confianza en las instituciones públicas y el sistema democrático. El deterioro de la legitimidad de las instituciones de gobierno abre las puertas de la inestabilidad política y social, concluye la investigación.

Autolavado

Hablar de corrupción en la región no es un tema menor. América Latina aparece con altos niveles en la percepción de corrupción según el índice que a propósito elabora Transparencia Internacional (2018). Mientras que América del Norte (sin México) está en niveles cercanos a los 75 puntos (de 100), América Latina se sitúa por los 40 puntos. Mayores valores indican menor percepción de corrupción.

Índice elaborado por Transparencia Internacional (2018). Entre mayor puntaje, menor es la percepción de los habitantes del país en relación con la corrupción. Tomadodel Reporte Economía y Desarrollo (CAF, 2019)
Índice elaborado por Transparencia Internacional (2018). Entre mayor puntaje, menor es la percepción de los habitantes del país en relación con la corrupción. Tomadodel Reporte Economía y Desarrollo (CAF, 2019)

Es difícil encontrar un mejor ejemplo de cómo operan las redes de corrupción en América Latina que el sonado caso de Lava Jato (autolavado, en español), en Brasil, en el cual se vio envuelta la empresa constructora Odebrecht. Según el informe de CAF, citando a fuentes judiciales de los Estados Unidos, esta compañía reconoció haber pagado $788 millones en sobornos a funcionarios y políticos de 12 países, entre el 2001 y el 2016: un soborno transnacional.

Luego de más de cinco años de investigaciones, los hallazgos de Lava Jato han puesto a políticos, funcionarios y empresarios en la carcel por igual. Quizás un hecho de especial preocupación es cómo la red de sobornos se filtró hasta en el financiamiento de campañas electorales en países de América Latina (caso de Perú), lo cual pone de manfiesto su capacidad de penetrar en las columnas mismas del sistema democrático de los países.

Además de la profundidad del problema, quedó a la vista su alcance en el sector público y privado. Si en principio, “la corrupción es el abuso de atribuciones de la función pública para obtener beneficios privados”, indica el reporte, esto no implica que los actos de corrupción sean exclusividad de la casa de los funcionarios. “Al contrario, en muchas ocasiones estos actúan en connivencia con particulares (individuos o empresas)", destaca el informe.

¿Qué pueden hacer lo países para enfrentar la corrupción? Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento de CAF, explicó que el reporte presentado este jueves propone cuatro ámbitos desde los cuales la institucionalidad pude ayudar a influir positivamente en la reducción de la corrupción.

¿Dónde trabajar?
Reglas y control en la función pública La discrecionalidad de los funcionarios para tomar decisiones (compra de bienes, repartición de recursos etc.) puede ser valiosa, pero si es excesiva, existen riesgos de corrupción. Para contrarrestarlos se pueden crear reglas ex ante (que limiten las atribuciones), ex post (donde se fiscalicen las acciones después de realizadas).
Elegir a los mejores Hay que crear mecanismos de entrada a la burocracia, como profesionalizar el servicio civil, y a la política, como fomentar sistemas electorales competitivos y transparentes.
Ciudadanía vigilante La ciudadanía es otra línea de defensa. Debe tener acceso a información de calidad sobre el proceder del Gobierno, fomentar actitudes y aptitudes (entender sobre corrupción), y usar los mecanismos de reclamo (el voto, es el primero de ellos).
Mantener los interese privados a raya Los particulares (personas y empresas) se benefician de tener acceso preferencial e influir sobre decisiones de política pública. Para combatirlo, es necesario fortalecer la institucionalidad contra los pagos y ofrecimientos, regular las actividades de cabildeo y los conflictos de interés de los funcionarios.
FUENTE: Estudio sobre Integridad en las Políticas Públicas (CAF) y exposición de Pablo Sanguinetti.

Sembrar y abonar en estos cuatro categorías pueden ayudar a elevar los niveles de transparencia, a disuadir la corrupción, y mitigar los impactos económicos y sociales de ella derivados.

Como una de las reflexiones finales de la Conferencia, salta una paradoja: este accionar promueve la revelación de actos indebidos e ilícitos en la función pública, una cosecha que pude tener nuevos impactos negativos en la percepción de corrupción de la ciudadanía.