El nombre de Boris Marchegiani, ciudadano costarricense de origen venezolano-estadounidense, ha estado ligado a la política nacional al menos desde el 2010.
En los últimos 16 años, financió a tres partidos políticos e intentó ser alcalde en dos ocasiones. Además, pagó unas vallas publicitarias afines al movimiento del expresidente Rodrigo Chaves y, una vez, promovió un polémico proyecto de ley que habría dirigido recursos públicos hacia un plan de rescate de empresas turísticas. Luego, se enroló con el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y, recientemente, la mandataria Laura Fernández lo nombró como nuevo embajador de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Ahora, reportajes de La Nación dieron a conocer que una sociedad de Marchegiani lleva 12 años de no pagar al Banco Nacional (BN) una deuda crediticia que hoy asciende a $8,3 millones (más de ¢3.700 millones), gracias a que el hoy embajador designado consiguió un escudo judicial.
La empresa se llama Grupo Mercantil Lapis Lazuli, la misma que, en el 2010, invirtió ¢20 millones en bonos del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE). Hizo esta inversión un año antes de que la empresa solicitara al BN readecuarle la deuda que había adquirido en el 2006 para adquirir el hotel Gaia, ubicado en Manuel Antonio, Quepos. El banco accedió a hacerle, en el 2011, una reunificación de créditos por más de $3,5 millones que incluyó el pago de ¢26,7 millones de la tarjeta de crédito de Marchegiani.
El impago y el aviso del BN sobre ejecución de garantía
Tres años después, el 26 de mayo del 2014, debido al impago del crédito, el Banco Nacional avisó a la sociedad que procedería a ejecutar el fideicomiso de garantía, en donde el hotel Gaia figura como el principal bien. Sin embargo, tres días después, la empresa presentó una solicitud de convenio preventivo de acreedores ante el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Aguirre y Parrita, alegando cláusulas abusivas y afectación por la crisis global del 2008. Desde entonces, la protección judicial libra a la firma de pagar el crédito, en parte por el congestionamiento de este tipo de procesos.
Los convenios preventivos impiden que los acreedores embarguen o rematen los activos de una persona o empresa que tiene problemas de solvencia, con el objetivo de que se encuentre un plan de salvamento. Sin embargo, este caso lleva 12 años sin resolución.
El polémico proyecto de ley sobre rescates
Tan solo un año después de que se entabló el proceso judicial, el nombre de Marchegiani resonó de nuevo en la política nacional, esta vez en la Asamblea Legislativa.
En el 2015, cuando era presidente de una organización llamada Asociación para la Protección del Turismo, promovió un proyecto de ley (expediente 19.650) para que se destinaran $15 millones del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) a la readecuación de deudas de empresas turísticas afectadas por la crisis del 2008.
No obstante, el gobierno de turno y los diputados terminaron por desechar el proyecto debido a que tenían dudas sobre quiénes serían los beneficiarios de la iniciativa. El texto no especificaba los montos máximos para readecuar deudas ni la lista de beneficiarios.
La retractación sobre donaciones en especie, candidatura y aporte al PUSC
En esa misma época, Marchegiani afirmó que había hecho donaciones en especie, para la campaña del 2014, a los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC) y Movimiento Libertario (ML). No obstante, luego se retractó mencionando que lo había dicho de forma impulsiva y con ligereza. En aquella época, aún no tenía la nacionalidad costarricense y las donaciones de extranjeros están prohibidas.
Seis años después, el empresario resurgió en la política como candidato a alcalde de Quepos con el partido Justicia Social Quepos, con el que quedó en tercer lugar con el 12% de los votos; y para la campaña presidencial del 2022, reapareció con donaciones a la Unidad Social Cristiana (PUSC).
La propuesta de terminar de pagar al BN en el 2052
En ese mismo año, el 2022, la sociedad de Marchegiani propuso un plan de salvamento, en el proceso judicial, con el que terminaría de pagar la deuda con el BN en el 2052, es decir, 41 años después de la readecuación. Este plan no ha sido avalado.
Nueva candidatura a alcalde, vallas y donación al PPSO
Poco después, en el 2024, Marchegiani intentó de nuevo ser alcalde de Quepos, esta vez con Pueblo Soberano, pero hubo problemas con la inscripción de la candidatura.
Aún así, obtuvo el cargo de secretario general suplente del PPSO y, a principios del 2025, financió las vallas publicitarias contra los jerarcas de varias instituciones, rótulos que aparecieron en las vías públicas. Además, le donó casi ¢14,5 millones a Pueblo Soberano.
Luego, tuvo una participación activa en la campaña electoral del PPSO del 2026 y, tras el triunfo, la mandataria Laura Fernández lo nombró en la ONU. Tras las revelaciones sobre la deuda con el BN, ni ella ni la Cancillería se han pronunciado sobre la deuda del embajador con el BN.
El diputado jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, sí alegó que la deuda y el escudo judicial no constituyen un impedimento para ejercer un cargo diplomático, pero diputados de oposición sostienen que el nombramiento es inadecuado.
El liberacionista Salvador Padilla, quien pidió investigar el caso, sostuvo que el país podría estar ante un “tico con corona”, mientras que su compañero Álvaro Ramírez calificó de vergonzosa la representación en la ONU.
El gobierno de Laura Fernández no hizo mención alguna al caso en su conferencia del miércoles 24 de junio. El Poder Ejecutivo pareciera estar apostando que se cumpla el dicho de que, en Costa Rica, no hay escándalo que dure tres días, a fin de mantener el nombramiento.