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El diputado Salvador Padilla Villanueva, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó este miércoles, ante la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, una moción con la que propone abrir una investigación sobre el nombramiento de Boris Marchegiani como embajador de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El legislador presentó dicha propuesta de investigación luego de que La Nación dio a conocer, este miércoles, que una sociedad anónima de Marchegiani lleva 12 años sin pagar un crédito de $8,3 millones que tiene con el Banco Nacional, amparado en un escudo judicial.
Se trata del grupo mercantil Lapis Lazuli S. A., donde Marchegiani Carrero figura como presidente y apoderado generalísimo.
El liberacionista Salvador Padilla cuestionó que el único mérito que parece tener Marchegiani para ser nombrado como embajador es ser un ferviente colaborador del Partido Pueblo Soberano.
El diputado también recordó que fue Marchegiani quien pagó las grandes vallas colocadas en varios lugares del país, donde se exigía la renuncia de varios jerarcas judiciales y del Congreso, además de ser donante de la campaña electoral del PPSO.
Tanto Padilla como Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, calificaron el nombramiento de Boris Marchegiani como uno más de la protección a los “ticos con corona”, pues las entidades bancarias suelen ser muy rigurosas a la hora de cobrar.
“Estamos presentando una moción ante la Comisión de Gasto Público para investigar esta situación, porque el BN debe ser parejo con todos sus deudores y podríamos estar ante un caso de un tico con corona, a quien por estar cerca del poder no se le trata igual”, dijo Padilla.
‘Es una vergüenza un embajador con ese perfil’
Álvaro Ramírez agregó que es una vergüenza que una persona con ese perfil esté representando a Costa Rica ante la ONU.
“No me parece que tenga la capacidad, experiencia ni perfil para ser un embajador ante la ONU. Esto confirma que hay ticos con corona, a los que premian con puestos que no corresponden con sus competencias”, dijo el vocero liberacionista.
Ramírez también cuestionó que este tipo de nombramientos se esté convirtiendo en la norma para pagar favores políticos, y adujo que es inaceptable y contradictorio con el discurso del gobierno sobre limpiar el Estado.
El diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio, aseguró que tanto el embajador como el gobierno deben rendir cuentas ante la ciudadanía, y replantearse la representación de Costa Rica ante el mundo, con una persona que le debe $8,3 millones a un banco estatal.
Por su parte, la congresista Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), criticó que Marchegiani tuviera dinero para las vallas, pero no para pagar su deuda.
“Esto se suma a los cuestionamientos y que evidencia que no es una persona idónea para representarnos ante la ONU”, puntualizó la diputada.
Además, Dobles enfatizó que, mientras Marchegiani se escuda en una herramienta para no pagar sus deudas, la mayoría de costarricenses tienen que ver cómo le hacen frente a sus obligaciones financieras.
La deuda de Boris Marchegiani
El préstamo fue suscrito inicialmente por Marchegiani para la construcción del hotel Gaia, en Manuel Antonio, en Quepos, por un monto de $2,6 millones en enero del 2006. Luego, en agosto del 2011, se hizo una readecuación con unificación de deudas por más de $3,5 millones, según el expediente 14-100021-0425-CI.
La deuda también incluye un saldo de $142.277 correspondiente a un crédito otorgado a Inversiones Helénicas Aphrodite Doscientos Uno Limitada, sociedad vinculada al proyecto hotelero como accionista.
Tres años después de la reestructuración, el 26 de mayo del 2014, el BN avisó a la sociedad deudora sobre la ejecución del fideicomiso de garantía por impagos. El bien que respalda la deuda es, precisamente, el hotel.
El siguiente 29 de mayo, la empresa presentó un convenio preventivo de acreedores cuyo proceso fue admitido en la vía judicial cinco días después, el 3 de junio del 2014, lo cual brindó una protección judicial a la compañía hotelera, según el expediente del caso.
Dicho trámite evita que los acreedores de cualquier deudor embarguen o rematen los activos de la empresa con problemas de solvencia al tratarse de un escudo judicial. Además, permite la continuidad de las operaciones de una compañía sin hacer frente a sus pagos.
Al 16 de junio del 2026, la deuda ascendía a $8.345.997, incluyendo principal, intereses y gastos, de acuerdo con información del BN.
